La entidad que representa en Puerto Rico a la Asociación Nacional del Rifle (NRA) criticó las intenciones de eliminar el requisito de distancia entre las armerías y las escuelas.

La Fortaleza pidió a la Legislatura que le permitiera devolver el proyecto que enmienda la Ley de Armas después de que varios representantes de armerías, portadores de armas y del deporte del tiro le pidieran al Gobernador que no lo aprobara por entender que está lleno de fallas y contradicciones, incluyendo el permitir el eliminar el requisito de distancia entre una armería y una escuela y el que se le dan facultades a la Policía que interpretan como restricciones indebidas a su derecho a poseer armas.

El proyecto sustitutivo de los proyectos de la Cámara 575 y 382 fue aprobado en la Cámara de Representantes y el Senado por empuje de Ariel Torres Meléndez, presidente de Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, Inc. (CODEPOLA), a quien la eliminación del requisito de distancia entre las armerías y las escuelas le permitiría volver a operar una armería en el casco urbano de Trujillo Alto.

La aprobación de la medida ocurrió con la oposición del Departamento de Educación y de los mismos armeros y representantes de dueños de armas que volvieron a oponerse ante el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia. Este pidió a la Legislatura que le permitieran devolver el proyecto, lo que ya ocurrió, y ahora el futuro del mismo no está claro.

En una vista pública sobre el proyecto, Torres Meléndez no abordó el tema de la restricción de distancias y planteó que “aquí no estamos hablando de enmiendas complicadas, son meramente pequeños ajustes para el beneficio de los ciudadanos”.

Pero la Gun Rights and Safety Association of Puerto Rico (GRSA), la representante estatal de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), dijo en una carta del 15 de septiembre al Gobernador que “[e]ste proyecto claramente atenta contra la seguridad de nuestros niños y jóvenes en las escuelas”.

“La curiosidad de nuestros niños y jóvenes no tiene límites; el exponerlos a eso (armerías cerca de las escuelas) es inducir a que traten de averiguar más detalles sobre las armas. Ya tenemos bastante exposición y glamorización en los medios y es conocido que la mayor parte de las situaciones con armas están en nuestra juventud”, añadió Rafael Torres, presidente de la GRSA.

“Este señor de CODEPOLA, Ariel Torres Meléndez, ha sido un comprador de conciencias muy activo y solo quiere lucrarse a cambio de la seguridad de nuestra juventud, de nuestro futuro humano”, añadió al pedir que la distancia entre escuelas y armerías y polígonos se de al menos un kilómetro, “como lo es en la mayor parte de la Nación Americana”.

Por su parte, la Federación de Tiro de Armas Cortas y Rifles de Puerto Rico (FTACR) se unió a la petición de mantener restricciones de distancia entre planteles y armerías y recordó que hay una disposición federal que prohíbe la posesión de armas de fuego dentro de 1,000 pies (304.8 metros) a la redonda de una escuela, con ciertas excepciones. El presidente de la Federación, Gilberto Hernández Curt, enfocó también en que las enmiendas siguen sin atender la inacción del gobierno, que se supone desde hace tres años tuvieran el reglamento que viabilizaría pasar a las federaciones deportivas de tiro el recaudo de $2.50 por cada licencia de arma o visita a un club de tiro para alquilar un arma o tomar un curso de uso y manejo. Estimó que las federaciones han dejado de recibir $250,000 por esta inacción.

Además, la Asociación de Armeros de Puerto Rico escribió al Gobernador para consignar que “lo correcto” es que la distancia entre un club de tiro cerrado y una escuela sea de 300 metros a vuelta redonda y no solo a 300 metros de la parte posterior del club, como lo indican las enmiendas. Su presidente, Víctor González García, recordó que es deber de la Junta de Planificación, al evaluar la ubicación de armerías o clubes de tiro, ejercer su reglamento que dice que los mismos no pueden “colindar” con distritos residenciales. En otro aspecto, criticó que las enmiendas siguen creando “clases privilegiadas” de personas que no tendrán que pagar por su licencia de armas o que las podrán tener procesadas de manera expedita, en contravención al derecho de portar armas que aplica a todo ciudadano.

González García dijo que es miembro del Comité Interagencial para Combatir el Tráfico Ilegal de Armas y Municiones y consignó que el gobierno no reúne al mismo desde 2015.

El Gobernador recibió también un análisis detallado del licenciado Roberto Otero Ortega, especializado en el derecho sobre posesión de armas.

“Destacamos que la redacción de esta medida no es clara sino todo lo contrario es ambigua, confusa y poco específica, denota claramente la falta de conocimiento de la materia. Confunde y mezcla términos, como por ejemplo lo que es una armería con lo que es un club de tiro. Esto indudablemente causara un sin número de problemas cuando los tribunales, agencias administrativas y la ciudadanía tengan que interpretar la misma”, resumió Otero Ortega sobre el proyecto que pastorearon en la Cámara el representante popular Luis “Narmito” Ortiz Lugo y en el Senado el senador Thomas Rivera Schatz.

Vea:

En contra de Educación, y a insistencia de “Tatito”, armerías podrán estar junto a planteles

Armero que cabildeó por enmiendas a Ley de Armas no pagó renta a Trujillo Alto