Evalúan desempeño de COR3 en los municipios
Tras seis años del paso del devastador huracán María, los municipios de Jayuya y Guaynabo no llegan aún al 50% de progreso.
Varios municipios han denunciado la dilatación con la que la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3) ha efectuado el rembolso de los fondos federales tras el paso el paso de los huracanes María (2017) y Fiona (2022).
Ante tal escenario, el senador Javier Aponte Dalmau, convocó una vista pública para investigar y analizar el desempeño de COR3 en los 78 municipios.
Los primeros deponentes fueron los alcaldes de los municipios de Jayuya y Guaynabo.
Jorge Luis González, alcalde de Jayuya desglosó el estatus de los proyectos luego del impacto de los huracanes destacando que el éxito en sus proyectos de reconstrucción se atribuyen a su administración municipal y no a COR3.
González hizo sus expresiones en una vista en que también estuvo presente su hija, la vicepresidenta del Senado, Marially González, quien es hija del alcalde de Jayuya. La legisladora no le hizo preguntas a su padre, pero sí realizó comentarios durante la audiencia.
“Empezamos confrontando problemas con COR3 y luego se resolvieron. El dinero está fluyendo, pero creo que el problema mayor es la disponibilidad de materiales y suministro de cemento. Se nos ha hecho bien difícil”, comentó González.
“Tenemos aprobados 709 sites (proyectos) de María, y de Fiona tenemos 51, para un total de 105. Quedan 10 por inspeccionar", agregó el alcalde.
En proyectos relacionados al paso del huracán María, la administración completó unos 62 de estos a un costo de $24,839,590.08. Otros 95 están en proceso y ascienden a $63,115,753.83. Entre ambos suman un total de 157 proyectos y una suma general de $87,955,343.91.
Relacionados al huracán María, Jayuya tiene 64 subastas completadas y 32 en proceso, para un total de 96.
En proyectos relacionados al huracán Fiona, hay 51 aprobados; unos 105 solicitados y quedan 10 por inspeccionar.
“Esto es equivalente a 36% de los proyectos aprobados y 48% de los fondos utilizados”, destacó el ejecutivo jayuyano.
Mientras, en Guaynabo, el escenario es el de un atraso mayor en la asistencia por los cambios de administración en el 2020.
“Esta combinación de factores atrasó de entre 3 a 4 años para alcanzar la total obligación de los fondo, habilitar dichas subvenciones para comenzar el desarrollo de proyectos. Estos cambios de personal requirieron tiempo adicional para el reconocimiento de la documentación de estas reclamaciones”, expresó Ada Bones Berríos, Directora de Planificación en el municipio de Guaynabo.
El municipio cuenta con $8,482,370 obligados de fondos de FEMA.
Guaynabo destacó varios puntos que facilitarían los procesos con COR3.
El primero fue relacionado al tema de los recursos humanos.
“El COR3 requiere de más personal capacitado para las áreas técnicas y de evaluación de documentos que sea suficiente para atender la gran cantidad de volumen de documentos generados, producto de estas asignaciones de fondos billonarias otorgados por FEMA”, sostuvo Bones Berríos en una ponencia.
También, recomendaron la reducción de documentos solicitados
“El proceso de obligación de FEMA requiere presentar un gran número de documentos con instrucciones específicas. Se necesita reducir el gran número de documentos y eliminar los que sean redundantes para agilizar la evaluación y el pago”, indicó.
“A grandes rasgos, los mayores retos para lograr la recuperación son la falta de fondos municipales para iniciar y lograr mantener el flujo de efectivo para financiar los proyectos de obra permanente. La escasez de licitadores en los procesos de subasta, los altos costos en la industria de la construcción y la necesidad de mano de obra”, concluyó.
Los municipios de Juncos y Peñuelas fueron citados, pero cancelaron su asistencia.
El COR 3 tiene tres responsabilidades principales, entre ellos: transformar el país implementando soluciones de recuperación que sean rentables revitalizando el crecimiento económico; asegurar la reconstrucción que promueva el crecimiento económico sostenible y mejorar la capacidad de recuperación de la Isla mediante la incorporación a los mecanismos de recuperación y reconstrucción.