En el escrito, firmado por la Secretaria Anaís Rodríguez Vega, se explica que el DRNA ahora cuenta con una nueva estructura organizacional que incorpora a la Secretaría Auxiliar de Parques Nacionales y la Secretaría Auxiliar de Cumplimiento Ambiental.

La efectividad y corrección del Plan de Reorganización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que en el 2018 consolidó en esa agencia la Junta de Calidad Ambiental (JCA); la Autoridad de Desperdicios Sólidos y el Programa de Parques Nacionales, es objeto de investigación en la Cámara de Representantes, que este lunes celebró audiencias públicas sobre el tema.

Las audiencias están a cargo de la Comisión de Gobierno de la Cámara y en ellas el DRNA, representado por el ayudante especial Samuel Acosta, presentó una ponencia en la que enumeran las dificultades que han enfrentado para cumplir con los objetivos de esa medida.

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Entre ellas, Acosta resaltó que la medida aprobada en el 2018 era para obtener un ahorro en el gasto público, y contrastó que en el 2013 el presupuesto asignado de fondos estatales era de $125 millones y para el 2024 será de $108 millones.

‘’Durante todos estos años no hemos recibido más presupuesto para lidiar con estas situaciones. No ha ocurrido un cambio sustancial’’, dijo Acosta.

En el escrito, firmado por la Secretaria Anaís Rodríguez Vega, se explica que el DRNA ahora cuenta con una nueva estructura organizacional que incorpora a la Secretaría Auxiliar de Parques Nacionales y la Secretaría Auxiliar de Cumplimiento Ambiental.

“Lejos de representar un problema en los servicios prestados y aumentar la burocracia, esta incorporación ha permitido que los servicios se centralicen, lo que redunda en mayor accesibilidad y menor burocracia”, indica.

Se reitera la queja de que “a pesar de la integración de una mayor cantidad de responsabilidades, el DRNA ha mantenido su presupuesto. Dicho de otra manera, el DRNA lleva a cabo mayores responsabilidades con el mismo presupuesto con el que desempeñaba sus funciones previas, En ese sentido, el DRNA ha sufrido una reducción presupuestaria”.

Agregan que la integración de estas responsabilidades conlleva unos gastos asociados significativos de los cuales el DRNA también se ha hecho cargo y presentaron como ejemplo los Parques Nacionales y el Zoológico de Mayagüez, "que debido a los diferentes desastres naturales a los que nos hemos enfrentado la agencia se ha visto en la obligación de cerrar los mismos al público".

“Esto significa que el DRNA ha tenido que contemplar en su presupuesto el gasto que conlleva responsabilizarse por unos parques que no están generando los ingresos contemplados”.

Informan que el DRNA se encuentra, actualmente, trabajando en la reconstrucción de los diferentes parques, realizando mejoras a las instalaciones recreativas y a la operación de los sistemas de tratamiento y disposición de aguas usadas para lograr su pronta reapertura.

“Esta actividad proyectaría recaudar ingresos propios adicionales para sufragar los gastos operacionales, con la expectativa de reducir el presupuesto proveniente del Fondo General, lograr el propósito para la cual la normativa fue creada y obtener resultados beneficiosos en optimizar los recursos del erario. Todo ello, mientras el pueblo disfruta nuevamente de sus Parques Nacionales”.

Mientras tanto el exdirector de la Compañía de Parques Nacionales, Samuel González González, afirmó que “esto fue una legislación en donde no se analizó cuáles serían los efectos de esa transición a casi un año de haber ocurrido los huracanes de Irma y María. El centralizar el poder en una administración, que sabía o debía reconocer que con los recursos humanos que tenían, eran incapaces de atender las necesidades de las agencia y programas que se integraban en esta legislación’’.

Dramatizó esa realidad al enumerar las funciones que ahora tiene la agencia. “Para que tengan una idea entre las responsabilidades asignadas el Departamento de Recursos Naturales: administra el l00% las áreas marinas protegidas, 31% las áreas terrestres; 19 bosques estatales; 26 reservas naturales; 5 refugios naturales; 1,200 playas aproximadamente y reglamenta el uso de embarcaciones”.

Recomendó crear un equipo de trabajo que atienda y acelere las reclamaciones a FEMA y a los seguros para que se inicie la reconstrucción de los parques. También crear una Corporación Pública de Centros Vacacionales de Puerto Rico para la operación y desarrollo de los Centros Vacacionales; y establecer unas guías de administración y manejo de nuestros balnearios para que haya un proceso diseñado para la participación de los municipios en la operación y administración de estos.

Propuso además enmendar la ley Núm. 171-2018 y devolverle la personalidad jurídica como Corporación Pública al Programa de Parques Nacionales.

Finalmente Wilkin López, representante de la Unión de Empleados de la Junta de Calidad Ambiental, afirmó que, tras la implementación de la ley y la integración de la antes Junta de Calidad Ambiental (JCA), ha resultado en un proceso burocrático y menos ágil que no ha aportado para reactivar la economía y generar más empleos y servicios. ‘’Desde un principio esta integración no debió ocurrir, ya que trajo consigo funciones incompatibles en términos del rol de cada agencia’’.

Advirtió que la JCA podría perder fondos federales si no cumple con los requisitos y estándares establecidos por las leyes y regulaciones ambientales federales.

‘’La importancia de que la JCA cuente con autonomía se hace aún más evidente cuando consideramos la complejidad de los problemas ambientales a los que nos enfrentamos. Este organismo debe contar con la capacidad de operar independientemente y sin conllevar un gasto adicional al fisco, es por esto que recomendamos la separación del DRNA’’, recalcó.

‘’Estoy muy preocupado con el rol y el funcionamiento del Departamento. Todos los días vemos públicamente señalamientos sobre este organismo y entendiendo las condiciones difíciles que enfrentan ante los escasos recursos. No obstante, lo que queremos es la mayor honestidad y transparencia ante una medida que se aprobó en el 2018 y todavía en el 2023 incrementan los problemas y dificultades’’, expresó el presidente de la Comisión, Jesús Manuel Ortiz González.