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Legislatura

Otro intento para prohibir participación de funcionarios en actividades políticas

Un proyecto que buscaba básicamente el mismo fin fue derrotado en el Senado en junio.

Desde la izquierda y en la convención del Partido Nuevo Progresista, las titulares de Corrección y Rehabilitación (Ana Escobar), Transportación y Obras Públicas (Eileen Vélez Vega), Administración y Transformación de los Recursos Humanos (Zahira Maldonado), Secretaría de la Gobernación (Noelia García), Recursos Naturales y Ambientales (Anaís Rodríguez) y Familia (Ciení Rodríguez Troche).
Foto: Juan R. Costa

El senador popular Ramón Ruiz Nieves ha radicado otro proyecto de ley dirigido a prohibir la participación de secretarios y subsecretarios de agencia en actividades políticas.

Un proyecto similar, el Proyecto de la Cámara 669, fue derrotado 11-12 tan reciente como en el mes de junio en el Senado. Luego de la votación, se solicitó que fuera reconsiderada y finalmente fue devuelta a comisión. Aquella pieza legislativa prohibía la participación de cualquier Secretario, Subsecretario, Comisionado o Comisionado Asociado en actividades políticas y tipificaba dicha conducta como un delito menos grave castigable con una multa de $5,000.

El estado de derecho, a través de la Ley 178-2001, prohíbe la participación de los secretarios de Hacienda, Educación, Justicia y el jefe de la Policía. El estatuto es específico en cuanto a cuáles actividades estos funcionarios no pueden acudir, pero también le permite al Gobernador o Gobernadora autorizar dicha participación tras realizar una consulta al Director de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

El Proyecto del Senado 1322, de Ruiz Nieves, extiende la prohibición a “todos los miembros del gabinete del Gobernador de Puerto Rico, subsecretarios y a todos los funcionarios designados por éste que requieran del consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico”, lee la medida.

La pieza legislativa está referida a la Comisión de Gobierno, que es presidida por Ruiz Nieves. El legislador indicó que solicitará memoriales a varias dependencias como la Comisión de Derechos Civiles, el Colegio de Abogados y Abogados y el Departamento de Justicia para finalmente rendir un informe y llevarlo a votación.

La OEG ha favorecido esta iniciativa en el pasado.

“Se está abriendo a todo el gabinete”, dijo Ruiz Nieves. “En las agencias de Gobierno hay movimientos políticos y, al jefe de la agencia abanderizarse… lo que se quiere coartar es que un jefe de agencia participe en una actividad política como ha ocurrido como las secretarias de Obras Públicas y Recursos Naturales y otros componentes del gobierno como la secretaria de Corrección”, dijo Ruiz Nieves.

“Esto abre la puerta para enviar un mensaje a los afiliados del partido que si necesitas algo de mi voy a responder políticamente y no por los méritos”, argumentó Ruiz Nieves.

En efecto, estas tres figuras fueron vistas en la convención del Partido Nuevo Progresista, al igual que las titulares de Familia y Administración y Transformación de los Recursos Humanos.

También se dieron vuelta por la convención del PNP el secretario de Salud, Carlos Mellado; el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró y el director de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez, quien va a aspirar a un puesto en el Senado.

“La presencia de la figura de un administrador o un jefe de agencia en una actividad político partidista envía un mensaje político y también envía el mensaje de que si yo te envío una taquilla (para una actividad política) me la tienes que comprar porque si quieres ascender puedo discriminar contigo”, sostuvo.

Esas peticiones de venta de taquillas para actividades políticas son las que empleados de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción le han rechazado a su administrador, el exsenador y exalcalde Carlos Rodríguez Mateo.

Ea fue la conducta que precisamente se le imputó a la expresidenta del Negociado de Telecomunicaciones, Sandra Torres, quien supuestamente obligó a empleados de la dependencia a vender taquillas para actividades políticas.

El caso está en etapa de juicio.

Durante la discusión sobre el derrotado Proyecto de la Cámara 669, el Departamento de Justicia no quiso expresarse al argumentar que el titular de la agencia se vería afectado ya que, entre otras cosas, se tipificaba como delito grave la conducta que se busca prohibir.

Preguntado cómo se superarían posibles objeciones al proyecto como que busca coartar el derecho a la libre expresión de un funcionario, Ruiz Nieves rechazó que ese sea el caso.

“No tengo problemas con la afiliación política o que pertenezcas a un partido, pero no les puedes enviar un mensaje a los empleados de que para servirte, tienes que ser de mi partido político”, dijo.

Ruiz Nieves dijo que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia debería firmar el proyecto, si llega a su escritorio, “si quiere erradicar la política partidista de las agencias, tiene que erradicar la política de las sillas del gabinete”.