Legislatura aprueba enmiendas a la Ley de Armas que no pidieron el gobierno ni los comerciantes de armas en la isla, excepto un armero al que las enmiendas le salvan un negocio.

El armero Ariel Torres Meléndez tuvo más capacidad de persuasión que el exsecretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, y ahora está listo para la firma del Gobernador un proyecto que permite la ubicación de armerías justo al lado de planteles escolares, como lo quiere hacer el armero en el pueblo de Trujillo Alto.

Si el Proyecto Sustitutivo (PS) al 575 y 382 de la Cámara de Representantes se convierte en ley, la milla de distancia que hay que guardar ahora entre un plantel y una armería se elimina completamente. Durante el proceso de discusión legislativa, la distancia se había reducido a 300 metros, pero en la versión final que aprobaron los cuerpos legislativo, la distancia desapareció.

La reducción a 300 metros de un plantel se mantuvo para armerías que tengan clubes de tiro cerrados, pero “las armerías que no tengan campo de tiro no tendrán que cumplir con las disposiciones de distancias, pero sí con la disposición de doble puerta”, dice la versión final aprobada.

En una ponencia en febrero pasado, cuando lo que estaba sobre la mesa eran restricciones de distancia con relación a armerías con campos de tiro, Ramos Parés planteó al Senado que “entendemos que las restricciones de la ley actual (una milla de distancia) deben mantenerse”. “Esta no es una posición irrazonable… Nuestra sociedad ha priorizado, históricamente, el bienestar de los menores sobre otros derechos constitucionales por la condición vulnerable de nuestra niñez”, añadió. “Nuestra cultura no es una que idealice armar a la ciudadanía, esta siempre ha favorecido la educación, prevención y rehabilitación para combatir la violencia y la criminalidad”, dijo también.

Tras esto es que surge el lenguaje aprobado que hace dos cosas: aplica la restricción de distancia solo a los campos de tiro, o las armerías con campos de tiro, y elimina toda restricción de distancia de planteles para las armerías que no tengan campos de tiro. Durante una vista en el Senado en la que compareció como presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, Inc. (CODEPOLA), Torres Meléndez ni mencionó esta parte del proyecto. Se concentró en criticar la forma en que la Policía aplica la Ley de Armas y comentó que “aquí no estamos hablando de enmiendas complicadas, son meramente pequeños ajustes para el beneficio de los ciudadanos”.

Con el lenguaje de 300 metros para armería con club de tiro cerrado, no estaba claro que Torres Meléndez pudiera justificar la licencia para Shooters Sports Armory, su negocio en Trujillo Alto que colinda con áreas residenciales y tiene al menos cinco planteles públicos y privados en el radio de una milla. Pero, con el nuevo lenguaje, puede operar allí si se limita a armería y no club de tiro. El armero también busca desarrollar un club de tiro abierto en el área de Salinas, pero la propuesta está impugnada en tribunales por el grupo comunitario Acción Social y Protección Ambiental Inc. (ASPA) en un proceso que preside el juez Josian Rivera Torres, quien fue asesor del representante Luis “Narmito” Ortiz Lugo.

Ortiz Lugo ha sido la punta de lanza de Torres Meléndez para este proyecto de enmiendas a la nueva Ley de Armas, que apenas fue aprobada en 2020. Ortiz Lugo es también lugarteniente en la delegación popular del presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, quien, supo NotiCel, personalmente se interpuso para evitar una enmienda del vicepresidente del cuerpo, José “Conny” Varela Fernández, que se discutió en caucus y que hubiera restablecido el parámetro de una milla de distancia de la ley actual. El presidente del cuerpo también presionó a legisladores para la aprobación de la medida.

A preguntas de NotiCel, Hernández Montañez dijo que la legislación sobre armas es una de las que implican “razones religiosas” que “levantan las defensas de los más conservadores o los más liberales” y por eso permite a los miembros de la delegación “votar libremente sin regla de caucus”. Añadió que las votaciones para aprobar el PS, y para concurrir con las enmiendas que le hizo el Senado, fueron “similar”. Las votaciones en la Cámara fueron con un bloque mayoritario de legisladores de los partidos Popular Democrático y Nuevo Progresista.

En el Senado, las enmiendas las tramitó el expresidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz. La Cámara concurrió con las enmiendas del Senado el martes pasado.

“[E]stas enmiendas parecen dirigidas a tirarle un toallazo a dos o tres personas en problemas con la ley vigente. No hay otra explicación para la eliminación de la distancia entre escuelas y armerías, ni para pasarle la manita a una persona que no renueva su licencia o porta un arma de forma ostentosa. No estamos hablando de una industria cualquiera, sino de armas de fuego cuya falta de regulación puede tener consecuencias de vida o muerte”, dijo el representante del Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, en reacción a la aprobación del PS y al pedirle al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia que vete la medida.

“No hay explicación ni fundamento de política pública para estas enmiendas, que no sea que algunos cabilderos las impulsaron y las lograron”, añadió Márquez en palabras que encontraron eco en la opinión de Víctor González García, representante de la Asociación de Armeros y dueño de la armería A.A.A.

Márquez y González García, sin embargo, ven de manera diferente los efectos de las enmiendas que introdujo el PS, además del tema de la distancia de las escuelas.

Para el representante, quien tiene otro proyecto pendiente para limitar la cantidad de municiones que puede comprar un poseedor de licencia de armas, con las enmiendas “[s]e están debilitando los mecanismos de fiscalización y cumplimiento con la ley, en momentos en que deberíamos robustecerlos”. Además de la distancia, Márquez particularizó sobre la despenalización de la portación de armas con licencias vencidas; la reducción de sanciones para casos de portación ostentosa, y la reducción de las inspecciones de las armerías.

Mientras, González García subrayó que “la industria no pidió esto y el estado no pidió esto tampoco, es un proyecto de petición”, en referencia al mecanismo legislativo que permite que un ciudadano presente un proyecto a través de un legislador. Señaló que el PS mantiene, o añade, restricciones al uso de armas de fuego que entiende son inconstitucionales a la luz de decisiones que el Tribunal Supremo federal tomó después de la aprobación de la Ley de Armas en 2020 y que fortalecen el derecho a portar armas y limitan la capacidad de restricción del estado.

Para el armero, la única enmienda que todavía es necesaria es que se reconozca que una persona que tiene licencia de armas puede portar cualquier arma siempre y cuando la haya obtenido legalmente, en vez de solo las armas que tiene registradas con la Policía como que son de su propiedad. Lo comparó con los vehículos de motor, que el estado le da una licencia de conducir al ciudadano y con esa licencia puede guiar cualquier vehículo, siempre y cuando su posesión del mismo sea por medios legales.

Sobre eso, el proyecto solo lo liberalizó en cuanto a los matrimonios, o a aquellas parejas en una relación análoga al matrimonio. La medida dispone que, si los dos tienen licencia, pueden portar el arma de cualquiera de los dos.

González García criticó que se sigan haciendo excepciones de personas que no tienen que pagar $200 para obtener una licencia, cuando lo que debe ocurrir es que se acabe de eliminar ese cargo para todo el mundo; que la evaluación de la solicitud esté sujeta al proceso litigioso de reconsideración administrativa y revisión en los tribunales cuando actualmente la licencia se otorga permanentemente si la Policía no encuentra justificación para rechazar la solicitud en un término específico; que se le den más facultades a la Policía para ocupar armas legales sin orden judicial y que se convierta al armero en informante de la Policía porque se le obliga a someter una querella cuando la persona compra más de 20,000 balas en un año y con esa querella la Policía investigaría al comprador.

“¿Que el estado venga a casa a investigarme porque yo compro algo que es legal y no hago mal uso de él?”, cuestionó González García al señalar también que la Policía no necesita que los armeros le den esa información porque tienen acceso al registro electrónico que dice cuántas armas y cuántas municiones ha adquirido la persona que tiene licencia.

Para ver el proyecto aprobado, pulse aquí.

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