Pero la medida no es favorecida por el Departamento de la Familia.

El proyecto de ley con el que se busca declarar un Estado de Emergencia por la Violencia Infantil ha sido incluido en el calendario de Órdenes Especiales a ser atendido en la sesión de la Cámara de Representantes en el día de hoy.

El Proyecto de la Cámara 1333, de Denis Márquez y Jesús Manuel Ortiz, fue aprobado a principios de año en las comisiones de Gobierno y lo Jurídico, pero no es hasta ahora que pasa al hemiciclo y luego de transcurrido un mes de agosto en que el país se estremeció con múltiples casos de violencia contra menores.

El Departamento de la Familia no favorece la medida y así se reconocer en el informe positivo de la pieza. Se indica que la agencia favorecía un proyecto de administración que finalmente se convirtió en el estatuto que prepara al departamento para cumplir con la ley Family First.

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Al reclamar que la medida fuera aprobada en la Cámara, Márquez sostuvo en una conferencia de prensa el 3 de agosto: “Lo dije anteriormente y lo reitero, es imperativo que la Legislatura actúe ante esta emergencia nacional por violencia infantil. Hay que actuar inmediatamente y buscar soluciones para proteger y salvaguardar la seguridad física y emocional de nuestra niñez”.

Según se indica en la Exposición de Motivos de la medida, para octubre del 2020 la Administración de familias y Niños (ADFAN) tenía 8,454 referidos por maltrato, pero en el 2021, también para octubre, esa cifra se había disparado a 12,110 casos.

La pieza legislativa declara política pública que existe una emergencia estatal por la violencia contra la niñez, se reconoce que en los últimos años ha habido un aumento en los incidentes de maltrato infantil y que diferentes situaciones, como los huracanes, los terremotos y la pandemia han provocado tanto un aumento como una invisibilización de este atroz patrón.

La declaración de emergencia tendría una duración de tres años y ordena al Departamento de la Familia a aumentar la plantilla de trabajadores sociales, se establecerán unas escalas salariales competitivas para facilitar el reclutamiento y se garantizarán condiciones laborales dignas tomando en cuenta, entre otras cosas, la carga de trabajo.

El proyecto de ley ordena crear un Comité Asesor Interagencial que tendrá la encomienda de uniformar protocolos y guías de distintas agencias de gobierno. El grupo será presidido por la Secretaria de la Familia y la medida establecer la composición específica del grupo, que incluirá el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, la Asociación de Psicología, la Coalición Paz para la Niñez y la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas.

La legislación ordena a la ADFAN establecer un equipo de trabajo para iniciar de manera inmediata la evaluación y adjudicación de más de 10,000 referidos de maltrato sin atender desde el 2016, atender con primacía los casos de tortura, de desaparecidos o evadidos bajo la custodia del departamento y realizar una campaña educativa que promueva la erradicación de la violencia infantil.

El proyecto ordena al Departamento de Justicia someter a la Legislatura un informe cada 90 días con información como el número de querellas que la agencia ha trabajado por maltrato, agresión sexual, negligencia, negligencia institucional y trata humana y revelar la cifra de casos en que se ha validado alguna tipología de maltrato.

De convertirse en ley el proyecto, el Departamento de Seguridad Pública tendría que crear unos protocolos para atender reportes de maltrato. También se ordena la creación de un protocolo para atender la violencia infantil en escuelas públicas y privadas.

En un memorial explicativo firmado de la AAFAF se indicó que la medida tendría un impacto sobre el presupuesto el Departamento de la Familia.

“La AAFAF tiene reservas con alguna de las cláusulas, por entender que algunas secciones tendrían el potencial de afectar el presupuesto del Departamento de la Familia. Ello obliga al Legislador a ceñirse al texto de la Ley PROMESA”, lee el informe positivo.