El superintendente del Capitolio, César Hernández Alfonzo, sostuvo que fueron creadas para, entre otras cosas, atender preocupaciones de entidades locales y federales de ley y orden.

El superintendente del Capitolio, César Hernández Alfonzo, firmó recientemente una orden administrativa donde plasma las nuevas reglas de acceso al Capitolio y que, según aseguró, no impedirán que ciudadanos tengan acceso al edificio para visitar a los legisladores o manifestarse ejerciendo su libertad de expresión.

La orden fue firmada el 23 de agosto y notificada en ambos cuerpos legislativos. El documento no tiene injerencia sobre la conducta en los hemiciclos, que es campo ocupado por las oficinas de los Sargentos de Armas.

“Había una serie de órdenes anteriores que no iban acorde con las nuevas tecnologías que se están utilizando. Acorde con nuestra política de ser más responsables con los visitantes, estamos atemperando las reglas a reportes que se hicieron a principios del cuatrienio sobre lo laxa que era la seguridad en este edificio. Fue señalado por las autoridades federales y estatales”, dijo Hernández Alfonzo en entrevista con NotiCel.

La Orden Administrativa 2023-04, que aplica tanto a empleados como a visitantes, establece que se aplicarán una serie de reglas según el código de seguridad que se declare y que aplicará mediante escalas que van desde la verde (riesgo bajo), la anaranjada (riesgo moderado) y rojo (riesgo alto). Ese nivel de riesgo será relevante, por ejemplo, al aplicarse una serie de medidas como el control de acceso a los anexos, que son áreas que por años han sido de fácil acceso para visitantes.

La prensa, dijo Hernández Alfonzo, no se verá afectada por la orden más allá de que se le va a requerir a los miembros de la prensa una identificación. Entrarán, como lo hacen ahora, por los laterales del edificio al igual que los empleados. Los visitantes entrarán por el lado norte, que fue abierto hace unas semanas y donde se colocó un detector de metales que en pocas semanas ha provocado que se ocupen sobre una veintena de armas blancas, dijo Hernández Alfonzo.

“Se ocupan y se devuelven cuando salen, pero casi nadie las ha reclamado”, dijo.

Dispone el documento que no se le permitirá la entrada a personas o empleados con vestimenta que contenga mensajes “insultantes, discriminatorias, ofensivos, atenten contra la moral, el orden público y las buenas costumbres”.

Hernández Alfonzo indicó que este lenguaje no impedirá que sectores con intereses particulares, como puede ser un grupo ambientalista, un sindicato o un gremio que agrupa a profesionales, pueda entrar con vestimenta alusiva a alguna causa como puede ser la aprobación o el rechazo a una medida.

“Cosas insultantes son palabras soeces. No vemos eso como un insulto”, dijo cuando se le preguntó si se le rechazaría la entrada a un ciudadano que, por ejemplo, lleve una camisa con un mensaje en contra de una medida.

Aunque el documento indica que todo visitante deberá demostrar que tiene una cita pautada con alguna oficina en particular. Hernández Alfonzo sostuvo eso no será necesario en caso de que un ciudadano llegue al recinto a simplemente admirar su interior, como los cuadros, los mosaicos o el área de la Rotonda.

Si la persona indica que tiene una cita, si se confirma, el visitante o grupo de personas podrá entrar al edificio y moverse libremente.

“No habrá ningún problema con estas personas. Prácticamente estos grupos siempre tienen una oficina que los recibe”, dijo Hernández Alfonzo.

La nueva orden incluye un lenguaje con que se prohíbe la instalación de “casetas de acampar, carpas, cocinas, baños improvisados u otro de naturaleza similar”. A principios de las 2022 organizaciones antivacunas establecieron un campamento en el área verde de la zona norte del Capitolio y permanecieron allí hasta abril, mutilando la zona, provocando daños y destruyendo la hasta ese entonces bien cuidada grama. Los daños fueron estimados en $30,000.

Esta área verde ha sido utilizada por años para levantar la atención por diversos temas y se han montando otros campamentos como en el 2015 para protestar contra el Impuesto de Valor Agregado y recientemente para protestar en contra del Plan de Ajuste de la Deuda.

Toda actividad que dure más de 12 horas requerirá que los organizadores presenten evidencia de un seguro de responsabilidad pública.

Hernández Alfonzo aseguró que ese lenguaje no fue incluido en la orden en respuesta al campamento.

“No tiene nada que ver con eso. El hecho de que estamos haciendo esta orden contesta muchas eventualidades que han estado ocurriendo ahora y en años anteriores. Vamos a ir tocando cosas que pasaron”, dijo Hernández Alfonzo. “Con la creación de la orden tenemos una base legal con un lenguaje claro y preciso para atender situaciones que ocurrieron en el pasado”.

La Plaza de la Democracia, indica la orden, seguirá siendo el lugar designado para cualquier tipo de protesta.

Lee la orden aquí: