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Legislatura

Se tranca medida del presupuesto: Legislatura no la llevó a votación

Poco antes de la medianoche, la Cámara no atendió finalmente por una situación "técnica" el proyecto, en su reconsideración, que había sido objetado por la JSF y, por tanto, la pieza legislativa no llegó al Senado ni se aprobó como estaba proyectado.

El hemiciclo del Senado, donde finalmente ayer no se aprobó el presupuesto del país.
Foto: Juan R. Costa / NotiCel

La medida del presupuesto del país, en su reconsideración, finalmente no fue atendida ayer en Cámara y Senado, después de una extensa jornada que, al filo de la medianoche, tuvo un sorpresivo final: el sustitutivo de la Cámara a la resolución conjunta de la Cámara 454 no se llevó a votación por una "situación técnica" y pese a que había un aparente consenso sobre la "gran cantidad de señalamientos" introducidos por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

La pieza legislativa que contiene los detalles del presupuesto del país para el próximo año fiscal -el mayor en la historia de Puerto Rico: $12,739,879,000 dólares- había sido aprobada en ambos cuerpos (el 6 de junio en la Cámara y el 13 en el Senado), pero tras unas enmiendas en la cámara alta fue enviado a comité de conferencia.

El pasado domingo el informe positivo del comité de conferencia fue avalado en la Cámara y, el martes, en el Senado, tras lo cual se remitió ese mismo día a la JSF para su evaluación.

Pero el organismo que maneja las finanzas del gobierno indicó ayer que el presupuesto que la legislatura buscaba aprobar no era compatible con el plan fiscal y, además, advirtió más tarde que daba hasta las 7:00 de la noche a los cuerpos legislativos para realizar las enmiendas correspondientes.

La comunicación de la Junta puso a trabajar desde las 2:30 de la madrugada de ayer a la Comisión de Hacienda de la Cámara, presidida por Jesús Santa Rodríguez, quien durante la mañana tuvo una reunión a través de Zoom con la Junta para "afinar" detalles.

El mismo Santa Rodríguez, poco antes de las 5:00 de la tarde, estaba dedicado a iniciar cada una de las más de 200 páginas de la pieza legislativa y recibía en su oficina al portavoz alterno del PNP en el Senado, Carmelo Ríos, y a funcionarios de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Las enmiendas al proyecto ya habían sido introducidas y las principales inquietudes -partidas para los municipios y la UPR- atendidas por la legislatura, ante lo cual todo indicaba que el presupuesto iba a ser aprobado. Ríos, incluso, anticipaba que la medida iba a ser enviada al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para que la firmara y a la JSF para que la certificara, pero el trámite legislativo del proyecto que demandó 17 audiencias públicas (comenzaron en febrero) por alguna razón se trancó y no fue atendido en la Cámara y, por tanto, tampoco en el Senado. Era ya cerca de la medianoche.

A esa hora, ni el hemiciclo de la cámara alta, el portavoz del PNP, Thomas Rivera Schatz, dio luces en torno al asunto al revelar que el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, los había convocado a una reunión para informar acerca del trámite del documento del presupuesto.

"Hay una situación técnica que impide que el documento que se va a firmar como comité de conferencia, y que se va a radicar en Cámara y Senado, esté listo y es el que queremos ver. No son causas atribuibles a la legislatura, es el formato que utilizó la Junta de Control Fiscal. Llegamos aquí a las 11:00 de la mañana y son cerca de las 11:00 de la noche y entendíamos que íbamos a manejar ese asunto. El documento no está todavía listo y nosotros queremos tener la oportunidad de examinarlo con detenimiento. Y estar claros de sobre qué estamos votando. Si no tenemos la oportunidad de leerlo, entonces tendríamos que votar en contra. Y le daríamos el espacio al señor gobernador, si es que tiene los votos aquí para aprobarse, para si está conforme que lo firme. Pero corresponde que cada senador pueda leerlo detenidamente", expuso.

El senador, que culpó a la JSF por la "dilación", agregó que había una "gran cantidad de señalamientos" por parte de la JSF en la comunicación que envió a la Legislatura.

Fue la única expresión pública de un legislador en torno a la sorpresiva situación.

Por la tarde, el portavoz alterno del PNP en el Senado, Carmelo Ríos, comentaba que se había encontrado una "fórmula" para que los municipios "grandes" pudieran "vivir con la decisión" que se tomó y no se vieran tan afectados, que fue una de las razones por las que, por ejemplo, el senador Juan Oscar Morales había votado el martes en contra de la pieza legislativa.

"Es un presupuesto que se parece a lo que funcionaria para el gobernador, para el gobierno, para los alcaldes y podemos coexistir. La versión de ayer (martes) era... sale de la Cámara de una manera, en el Senado hacen otra. Parecería que era una competencia de quién da más o menos y a veces dar más significa recibir cero. Era un proceso pro forma. Así que para poder tener lo que tenemos hoy, parecería un presupuesto balanceado aprobado por la Junta y la legislatura en el período que ellos están pidiendo", acotaba Ríos.

Mientras, Santa Rodríguez, en su oficina, ofrecía detalles de algunos de los cambios a los que fue sometido el proyecto tras la evaluación de la JSF. En el caso de la UPR, "lo que dicen es que los cambios que hizo Cámara y Senado de una forma más específica, más individual, ellos la denegaron, pero al final te dicen 'yo prefiero que se haga un pote de $102 millones y con ese dinero yo cojo las necesidades que tú estás planteando individualmente. Si tú sumas la cantidad de dinero que puso Cámara y Senado, son $118 millones... Nos dan $102. Dentro de todo lo que tú pides, comparado con otros años que no daban nada, logramos el presupuesto. De $500,500,000 lo subimos a $602,500,000".

Destacaba el interés de la JSF de aumentar el salario mínimo de $7.25 de los trabajadores no docentes de la UPR (habrá un pote de $20 millones), institución que también tendrá $4 millones para promoción y aumentar la matrícula y $15 millones para dar apoyo a la certificación de programas.

En el caso de los municipios, expresaba que "la Cámara había propuesto que dado el cambio de pareo del Medicare y Medicaid, los municipios antes pagaban $160 millones y la misma Junta y el plan fiscal dice que los próximos 5 años vas a pagar $90, o sea hay una reducción porque yo necesito todo ese dinero. Antes era 55-45 el pareo del dinero federal con el estatal y ahora es 76-24, así que yo necesito menos dinero y ese alivio lo traspasan la Junta en el plan fiscal a los municipios diciendo 'si tú me pagabas $160, por fórmula ahora me pagas $90 nada más. Estábamos proponiendo que de esos $90 tú tienes $300 que te sobran. Págalos tú, gobierno y que ese dinero, que realmente sale del CRIM al gobierno central, se mantenga en el CRIM y la pase a un pote y se distribuya similar a la fórmula del fondo de equiparación. Eso lo deniegan y dicen 'yo voy a sacar $30 millones míos y se van a repartir según la fórmula del fondo de equiparación a los 40 municipios con la situación económica más crítica".

El político también consignaba ante la prensa que adicional había $66 millones para los municipios que en los últimos tres presupuestos no se habían utilizado, pero advertía que dependían de que fuera aprobada una legislación en torno a la modificación del impuesto al inventario, una medida que según Santa Rodríguez "se debe mover la bola".

"Tengo que aceptar que la forma de ver de la Junta ahora ataca mejor el problema de los municipios, por que a quién le voy a dar dinero, al los que lo necesitan, no a todos, y lo saco de un pote que no afecta a otros", expresaba.

Sobre las entidades sin fines de lucro, declaraba que la Junta eliminó el lenguaje que permitía dar fondos a estas organizaciones como parte del presupuesto del gobierno y no a través de donativos legislativos, considerando que estas agrupaciones realizan un trabajo permanente que sustituye muchas veces a la labor gubernamental, pero que todos los años reciben fondos de los cuerpos legislativos que muchas veces se ven disminuidos por el número de instituciones que buscan una aportación.

En el presupuesto no se tocaron las partidas destinadas a servicios profesionales de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal ($40 millones) y de la de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas ($38 millones).

Tampoco sufrieron cambios los fondos para la JSF: más de $59 millones.