Algunas partidas de las objetadas son el presupuesto de la UPR y del Departamento de Educación.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, liderada por Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, está en espera del borrador final de la resolución de presupuesto 2023-2024 para iniciar una evaluación detallada y tomar una decisión, informó el portavoz el jueves.

“Nuestra delegación ha estado evaluando cada uno de los cambios y modificaciones realizados a la resolución del presupuesto desde su radicación. Agradezco a los compañeros de delegación que han estado pendiente de cada acción relacionada con el presupuesto”, comentó Méndez Núñez en declaraciones escritas.

Actualmente, la delegación espera que la Comisión de Hacienda de la Cámara les suministre la resolución final. “Vamos a analizar todo, no solo la distribución de las partidas presupuestarias, sino también el lenguaje final de la pieza legislativa antes de emitir cualquier comentario sobre el mismo”, explicó el líder del PNP en la Cámara Baja.

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Finalmente, el expresidente cameral aseguró que, tras el análisis, expresarán su posición sobre la medida. “En su momento, después de ese análisis, nos expresaremos sobre la medida”, concluyó Méndez Núñez.

No obstante, pese al pedido de Méndez Núñez, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) parece tener otros planes. Y es que el organismo contempla aprobar su propio presupuesto luego de que remitieran una carta a la Asamablea Legislativa objetando algunas partidas presupuestarias sin que los cuerpos legislativos respondieran.

La notificación del incumplimiento de la Asamblea Legislativa es importante, porque además que establece la posibilidad de un presupuesto aprobado que luego el ente fiscal enmendará, como le faculta la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA por sus siglas en inglés), también establece que Puerto Rico no cumpliría con el requisito de presupuesto balanceado.

PROMESA indica que para la salida de la Junta Fiscal de la isla, en conjunto, la Junta, el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa tienen que lograr cuatro presupuestos balanceados corridos, es decir, cuatro años de presupuestos balanceados.