Informe del comité de conferencia, que se activó entre la Cámara y el Senado por discrepancias en distintas partidas, fue aprobado en el alto cuerpo y ahora el proyecto pasa a la Junta para que someta sus recomendaciones y se tenga una versión final a más tardar el 30 de junio.

El Senado aprobó hoy el informe del comité de conferencia sobre el presupuesto del país, que sufrió enmiendas y que casi no difiere, en cuanto a la suma final, del que fue certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), aunque incluye cambios en diferentes partidas.

La pieza legislativa de más de 200 páginas sobre el presupuesto para el próximo año fiscal 2023-2024 establece $12,739,879,000 dólares para gastos ordinarios de funcionamiento de las agencias que componen la Rama Ejecutiva, Legislativa y Judicial.

Ahora, con el aval del alto cuerpo se da curso a que la Junta tenga una pieza legislativa ya aprobada por Cámara (que ya había avalado el informe el pasado domingo) y Senado, evalúe los posibles cambios al presupuesto y someta sus recomendaciones para que se tenga la versión final en o antes del 30 de junio.

La Cámara había aprobado el presupuesto el 6 de junio y el Senado había hecho lo mismo el pasado día 13 de este mes, pero debido a discrepancias con algunas partidas -como la de la UPR y los municipios-, la resolución había ido a parar a un comité de conferencia, que emitió su informe con solo las firmas de legisladores del PPD y la de la representante Lisie Burgos Muñiz (de Proyecto Dignidad).

El informe del comité de conferencia fue en principio llevado a votación a viva voz, pero tras una petición del portavoz del PNP en la Cámara, Thomas Rivera Schatz, se hizo mediante división del cuerpo y el resultado fue 13-12 a favor de la medida, que más tarde pasó a votación final con un protagonista inesperado: el senador Juan Zaragoza Gómez, quien aún convaleciente de una intervención quirúrgica hace un mes, llegó al hemiciclo para que la medida tuviera los votos suficientes para aprobada.

Finalmente, de los senadores presentes -varios con mascarilla para cuidar la salud de Zaragoza Gómez, quien por deferencia fue el primero en intervenir en el proceso- votaron 14 a favor de la medida y 9 en contra.

El sustitutivo de la Cámara a la resolución conjunta de la Cámara 454 llega así a sus últimos días de trámite legislativo después de 17 audiencias públicas (comenzaron en febrero) y ahora espera ser avalado por la JSF. De ser así, sería el tercer presupuesto balanceado del gobierno y solo restaría uno más, el próximo, para sacar a Puerto Rico de la quiebra y la salida de la JSF.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, quien ayer se reunió con la Junta, expuso en su turno en el hemiciclo que "no podemos decir que este presupuesto salio la semana pasada de una gaveta. Se ha trabajado a lo largo del año. El Ejecutivo lo radicó en junio y la JSF le dijo a la Cámara que debía aprobarlo antes del 6 de junio y al Senado que tenía que avalarlo antes del 14 de junio. Y se cumplió".

Añadió que "yo respeto la posición de todos, pero cuando escucho las argumentaciones, pareciera ser que no se ha hecho un estudio minucioso de este documento. Son las prioridades del gobernador. Pero en vistas públicas tenemos nuestras propias prioridades y ahí viene la enmienda y tratar de sacarlo bajo una armonía. ¿Qué pasó? Que la Rama Legislativa, atendiendo prioridades de representantes y senadores, se fueron modificando y atendiendo unas partidas. No aprobarlo, le da poder a la Junta de aprobar el presupuesto de ellos. Este presupuesto es histórico, es el más alto en la historia de Puerto Rico, a pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo".

Para Dalmau Santiago, "este presupuesto, si lo analizamos línea por línea, no debería tener un voto en contra. Se analizó usando de base las peticiones del ejecutivo. ¿Quién dentro del PNP puede estar en contra de las propuestas de su gobierno?. Tratar de aumentar partidas, sin tener la justificación de dónde va a salir el dinero, no es el trabajo que nos corresponde hacer. Cada uno de los cambios están debidamente justificados".

Mientras, el senador del PNP, Thomas Rivera Schatz llamó la atención sobre el informe de conferencia del presupuesto, ya que "fue elaborado exclusivamente por la delegación del PPD, habiendo aquí 5 delegaciones. Decidieron aprobar el informe de conferencia sin contar con ninguna delegación. Este es el presupuesto de los populares y la Junta".

Sobre la JSF, aseguró que "va a aprobar el presupuesto que le dé la gana. Podríamos encontrara asignaciones correctas y adecuadas, como también hallaremos deficiencias, como el caso de la UPR, que requiere un presupuesto mayor. Pero el PPD decidió sólo recoger las firmas, radicarlo y pedir al resto de las delegaciones hacer un acto de fe. Resulta muy difícil que un senador pueda dar el voto a un presupuesto que se ha manejado de esta forma. Y además se sabe que la JSF va a imponer una vez más su presupuesto por nuestra condición colonial. Ya veremos si llega a la firma del gobernador, pero pareciera que la Junta lo va a objetar, pese a que en el PPD se han esmerado por cumplir con la Junta como obedientes soldados. Han decidido obedecer a la Junta, así se escribirá la historia".

En el otro extremo de la sala, la senadora del MVC, Ana Irma Rivera Lassén, coincidió con el político de PNP en el hecho del poder de la Junta en relación al presupuesto y dijo que el ejercicio de aprobarlo en el Senado "es un acto simbólico", tras lo cual estimó que de lo que se trata "es complacerla, así como a su visión económica neoliberal, que niega servicios esenciales".

En el detalle sobre el presupuesto, la legisladora expresó que los fondos destinados a las escuelas chárter "estimamos que no deben recibir aumento. El gobierno no debería seguir fomentando la propagación de estas escuelas y venderlas al mejor postor. También nos llama la atención la reducción de fondos al ICP (casi $1 millón menos). Y la UPR, la institución educativa más importante del país y en decadencia administrativa, necesita tener todas las herramientas y recursos. Denunciamos recortes al presupuesto, que sigue siendo insuficiente para su cabal funcionamiento. Se necesitan $600, pero se les puso $550, lo que no representa ni el mínimo buscado por la institución. Después se le restituyó una cantidad próxima a lo solicitado. Pero el presupuesto debería ser aún mayor si se le reconociera el valor que tiene".

La política de oposición también se mostró "consternada" por varias partidas, como la de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), que tendrá sobre $40 millones para servicios profesionales.

Al respecto, dijo que Omar Marrero (su director) "ha demostrado tener otros intereses, que no son necesariamente los mejores para el pueblo. No ha protegido a la clase trabajadora. Esa partida (de servicios profesionales) debería ser mucho menor. Pero es el ejemplo de lo que significa tener a la JSF en Puerto Rico".

También afirmó que "crea incomodidad y suspicacia los alrededor de $38 millones de aumento para servicios profesionales de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP)... ¿Para qué fines?, ¿qué servicios profesionales se nutrirán de ese aumento? Son muchas interrogantes, muchos millones?".

Igualmente, recordó que la JSF "tiene una partida de más de $59 millones asignada en el presupuesto. Con eso se harían muchas cosas en el pueblo de Puerto Rico. La Junta dictatorial no debería estar financiada por el pueblo de Puerto Rico. Todo ese dinero sale de pueblo. Es un atropello".

Su compañero de delegación, el senador Rafael Bernabe, opinó que el presupuesto "encarna dónde realmente se colocan las prioridades. Si votamos a favor, votamos por las políticas encarnadas en ese presupuesto.

El senador puso sobre la mesa esas "políticas" dentro del presupuesto, al informar que la JSF tiene una partida de casi $60 millones, más grande que la del Departamento del Trabajo ($17 millones), Agricultura ($58 millones) y la Oficina del Contralor ($48 millones).

Según el político, los acentos puestos en el presupuesto dan cuenta de "la política de privatización, el desmantelamiento, la guerra contra las drogas y la subordinación a la JSF".

El senador Ramón Ruiz Nieves, en su turno, dijo que en el presupuesto propuesto "hay importantes asignaciones que se han dado. En Familia, $20 millones destinados al abandono de los envejecientes en hospitales. Y en la UPR, el último presupuesto fue de $500 millones y ahora se propone $616, con $20 millones destinados al Plan de Clasificación y Retribución, 15.6 millones para lo que tiene que ver con la acreditación" y $4.5 millones destinados a la promoción de la UPR".

Destacó también los $90 millones que irán a los municipios, "con $30 millones para 40 municipios que atraviesan una situación financiera fuerte".

Insistió en que el Senado trabajó "asignaciones adicionales a Familia y la UPR (aumento de $116 millones de dolares) a través de un presupuesto que ha sido el más alto del gobierno de Puerto Rico", tras lo cual advirtió que "si yo no logro avalar la resolución (del presupuesto), pues se mantiene el presupuesto de la Junta y los dineros adicionales no van a existir".