En el último día para aprobar medidas en ambas cámaras, trabajadores llenan las gradas para reclamar aumentos de sueldo, que en el caso de los jueces no se implementan hace 20 años.

Jueces y empleados de la Rama Judicial se encuentran en el Capitolio para reclamar por mejoras salariales, cuando en el Senado y la Cámara es el último día para aprobar medidas antes del término de la sesión, pautado para el 30 de junio.

En el caso de los jueces -incluida la mismísima presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, quien no se dejó ver-, llegaron hasta el Senado a cabildear para que se apruebe una medida de aumento salarial, pese a que el pasado 22 de junio la vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas, adelantó que las propuestas para que haya un alza en el sueldo de los jueces y empleados de la Rama Judicial iban a ser atendidas durante la próxima sesión legislativa, que se inicia en agosto.

Sin embargo, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, el juez Carlos Salgado Schwarz, dijo a Noticel que "se han tenido conversaciones para ver si se puede retomar el tema en el día de hoy, último día de aprobación de medidas".

"La objeción que tiene la Rama Legislativa, en este caso el caucus del PPD, es que quieren tener el plan de Clasificación y Retribución de los empleados del poder judicial aprobado para darnos un aumento a nosotros, cuando uno no tiene que ver con el otro. El plan lo está trabajando la JSF y la Junta ya autorizó la cantidad monetaria en el presupuesto para conceder el aumento a los empleados del poder judicial. Ya esa cantidad, al igual que la nuestra, están separadas en el presupuesto, $26.6 millones de dólares para los empleados, $11.2 para los jueces.

Agregó que "lo que pasa es que en cualquier momento, de ahora al futuro, ya sea en julio o agosto, una vez la Junta apruebe el plan de clasificación de los empleados, entra en vigor inmediatamente, sin necesidad de legislación. El de los jueces, que ya está aprobada la cantidad total y la cantidad por reclasificación, requiere acción legislativa para que entre en vigor. Entonces, si se aprueba el plan de clasificación en el mes de julio, podría ser retroactivo, aunque fuese en agosto o al primero de julio, pero para los jueces no necesariamente, porque es una legislación que por definición es prospectiva. Requiere una actuación legislativa adicional para que entonces sea retroactivo al primero de julio".

Expuso que "el aumento ya está aprobado por la Junta y por las ramas legislativas que aprobaron el presupuesto. Lo que requieren es la autorización que tienen que efectuar mediante una enmienda a la ley de la judicatura para que Hacienda pueda expedir los cheques correspondientes".

Recalcó que hay una necesidad de aumento, ya que "en 20 años no hemos recibido un solo centavo de alza salarial. Eso es lo que pasa con nuestros jueces. Desde 2003 no se ha visto ningún solo aumento. Mientras todos los empleados del poder judicial han tenido los aumentos automáticos de cada 5 años o los discrecionales de la jueza presidenta... Los jueces no. Nos vamos a quedar aquí (en el hemiciclo del Senado) hasta que se cierre la sesión".

Son 385 jueces -desde municipales hasta los del Tribunal Supremo- que han tenido el mismo salario por 20 años, un escenario que tiene presente el caucus del PPD, pese a que hasta el pasado jueves mantenía como postura la necesidad de información específica sobre el Plan de Clasificación y Retribución que afecta directamente a los empleados del Poder Judicial.

González Huertas destacó ese día que aunque el dinero a utilizarse en los aumentos se ha consignado en el presupuesto, "es fundamental garantizar un balance adecuado entre las necesidades de los jueces, los empleados y la sostenibilidad financiera de la Rama Judicial".

La legisladora reconoció entonces que los empleados en las 13 regiones del Poder Judicial, que van desde oficinistas, personal de mantenimiento, hasta secretarias y alguaciles, necesitan un salario base "justo y equitativo".

Sobre la medida que atiende esta necesidad, el proyecto del Senado 1106, su propósito es "establecer una compensación judicial adecuada para atraer candidatos calificados y retener juezas y jueces experimentados, así como fortalecer el principio de independencia judicial, que es básico para el funcionamiento óptimo del Poder Judicial en una democracia".

En cuanto a los salarios, la jueza o juez presidente del Tribunal Supremo recibiría un sueldo anual de $183,000.

Mientras, los jueces asociados del más alto foro judicial recibirían un sueldo anual de $173,000.

En tanto, los jueces del Tribunal de Apelaciones recibirían $145,000, los superiores del Tribunal de Primera Instancia $120,000 y los municipales $90,000.

La pieza legislativa también establece que a partir del 1 de julio de 2028, y cada cinco años, los sueldos judiciales serán reajustados.

Hasta el Capitolio también llegaron hoy empleados de la Rama Judicial, encabezados por el presidente de la Asociación de Empleados Judiciales, Amircal Gerena Román.

Secretarios, alguaciles, trabajadores sociales, contables, mantenedores y hasta enfermeros se sentaron en la grada "para continuar con la lucha en lograr un aumento de salario que sea justo y mejores condiciones laborales", afirmó Gerena Román.

"Como presidente de la Asociación de Empleados Judiciales reitero nuestra postura de que nunca expresamos oposición al aumento salarial para los jueces y juezas del Poder Judicial. Reconocemos la importancia de valorar y remunerar adecuadamente a todos los que componen el sistema judicial en la isla, sin embargo, creemos firmemente que también es fundamental abordar de manera paralela el tema del aumento de los empleados judiciales", acotó.

Según el portavoz, "nuestro objetivo es garantizar la justicia y el buen funcionamiento del sistema en su totalidad. Creemos en la importancia de mantener un equilibrio en la distribución de recursos y beneficios dentro del ámbito judicial. Confiamos en que mediante el diálogo constructivo y la colaboración mutua encontremos soluciones que satisfagan las necesidades de todos los involucrados".

Respecto de los fiscales, el presidente de la Asociación de Fiscales de Puerto Rico, el fiscal auxiliar Javier Rivera Rivera, ya había censurado ayer la "ínfima" alza salarial que los beneficiará y advertido que no cumple con la intención de los proponentes, de la Asamblea Legislativa ni del Ejecutivo.

Para el dirigente, "la cantidad es mucho menor a la previamente promovida y al haberse alterado en la ley los porcientos de los fiscales auxiliares y procuradores, convierte el aumento en uno casi ínfimo”.

La reacción del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, no se hizo esperar y expuso que se incrementó el sueldo a procuradores de menores y de familia, registradores de la propiedad y al procurador general.

"También hubo un aumento para el personal de carrera, como parte del nuevo Plan de Clasificación. Definitivamente, esto hay que reconocerlo y celebrarlo", señaló en declaraciones escritas.

Según el aumento anunciado, la gran mayoría de los fiscales auxiliares y procuradores estarían recibiendo un aumento neto de $137 quincenales. Esto, tras 20 años de no haber visto ajustes en su salario y en medio de la discusión pública que apunta a que los jueces recibirán aumentos de sueldos entre $20,000 y $30,000 anuales.