El proyecto 1036, que tiene su paralelo en la Cámara (1553), busca ofrecer la alternativa a los empleados activos bajo la Reforma 2000 y el Plan 106 de transferir voluntariamente su plan de aportaciones definidas a la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA).

El proyecto del Senado 1036, que enmienda la “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”, fue aprobado ayer en la sesión ordinaria del alto cuerpo.

De la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago (por petición), la pieza legislativa enmienda el artículo 3.3 de la Ley 106 de 2017 (“Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”) y modifica la Ley 9 de 2013 (“Ley de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2013”).

Los cambios buscan ofrecer la alternativa a los empleados activos bajo Reforma 2000 y el Plan 106 de transferir voluntariamente su plan de aportaciones definidas a la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA), que será la entidad administradora.

Además, el proyecto de ley establece una nueva categoría de socios de la Asociación, que incluiría a los exempleados públicos del Sistema 2000 y el Plan 106, entre otros.

Para el senador Ramón Ruiz Nieves, la medida "significa mucho para los pensionados en Puerto Rico" y da la oportunidad a la AEELA "para que puedan administrar a aquellos servidores públicos que quieran colocar su aportación en AEELA y le permita ser administrado por ella".

Igualmente, sostuvo que la pieza legislativa permite "poder transferir voluntariamente su plan de aportación definida a la AEELA y establece una nueva categoría de socios, incluidos los empleados públicos retirados".

El proyecto de ley responde, según el legislador, a un "reclamo de los servidores públicos que muchas veces llaman para saber de su aportación, si hay un fondo de inversiones y cuál es ese fondo... Muchos empleados públicos perdieron dinero, por lo que estamos buscando ahora es que la AEELA pueda administrar esas aportaciones diferidas. Es dar una oportunidad no a un ente privado, sino de gobierno".

Consignó que la cartera de activos de la AEELA está en cerca de los $3 millones y es fiscalizada por la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

En la medida se dispone que la AEELA podrá fungir como una entidad administradora a la que los participantes del Nuevo Plan de Aportaciones Definidas podrán seleccionar voluntariamente para que reciba, custodie y administre sus aportaciones para su retiro de conformidad con la Ley 106.

Igualmente, los ingresos y ganancias devengados en cada Cuenta de Aportaciones Definidas estarán exentos de toda clase de contribuciones, impuestos, arbitrios o cargas mientras se mantengan en las Cuentas de Aportaciones Definidas.

Respecto de la matrícula de la AEELA, comprenderá a los socios participantes del Sistema 2000 y Ley 106 2017.

El 10 de diciembre de 2019, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, junto con el director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, Luis Collazo, anunciaron el comienzo de la primera fase de implantación y administración del Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los empleados públicos manejado por la compañía Alight Solutions Caribe.

El nuevo sistema fue bautizado como “Plan 106” por la Administración de los Sistemas de Retiro.

La primera fase permitió que los empleados participantes pudieran acceder a su cuenta de retiro en línea y designar sus beneficiarios, entre otras transacciones, luego de registrarse en la plataforma creada por Alight.

La segunda etapa comenzó en enero de 2020 y a partir de esa fecha los empleados pudieron ver sus balances acumulados, comenzar a decidir cuánto querían ahorrar para su retiro y en qué instrumentos o valores podían invertir su dinero.

En cuanto al Sistema 2000, se refiere a los empleados cubiertos por Ley 305 de 1999 y Ley 3 de 2013.