El proyecto de la Cámara 669 también contemplaba que ciertos secretarios y subsecretarios que intervenían en campañas iban a ser sancionados con una multa de $5,000 y se exponían incluso a la destitución del cargo.

El Senado derrotó hoy el proyecto de la Cámara 669, que, entre otras consideraciones, eliminaba la excepción que permite al gobernador autorizar a los funcionarios a participar en actividades políticas.

La pieza legislativa, del renunciado representante Orlando Aponte Rosario, también establecía una multa fija por violación a las disposiciones de la medida e incluía a subsecretarios y comisionados asociados entre los funcionarios que estarían sujetos a la restricción de intervenir en campañas.

El proyecto enmendaba la Ley 178 de 2001 (“Ley para prohibir a los secretarios de los departamentos de Educación, Justicia, Hacienda, así como al superintendente de la Policía, participar en actividades político partidistas”) con la meta de evitar casos de corrupción.

En la exposición de motivos de la medida se señala que se pretendía subsanar el hecho de que la normativa actual "carece de un mecanismo efectivo para disuadir las conductas y actividades que prohíbe".

Actualmente, el estatuto permite que el gobernador, con la recomendación del director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), pase sobre las prohibiciones que establece la ley, lo que "no permite que cumpla su objetivo y facilita su evasión".

Al respecto, la pieza legislativa sostenía que se busca que los "altos funcionarios ejerzan sus funciones en el servicio público, lejos de influencias indebidas e intereses político partidistas. De esta forma evitamos que se pierda la poca confianza que el pueblo pueblo tiene en las instituciones gubernamentales, en específico en los departamentos a los que atañe esta ley. A su vez, dirige la administración pública de dichas agencias a un ambiente de eficiencia y productividad, lejos de la politización y corrupción".

Con la medida, se prohibía a los secretarios y subsecretarios de Educación, Justicia, Hacienda y al comisionado y comisionado asociado del Negociado de la Policía participar en actividades políticas o relacionadas con partidos políticos.

Establecía que cualquiera que violara las prohibiciones "incurrirá en delito menos grave y, de resultar convicta, será sancionada con una multa de $5,000.

Asimismo, el convicto se exponía a medidas disciplinarias de carácter administrativas, incluyendo la amonestación, suspensión o destitución del cargo.