Mientras, fue cancelada la comparecencia de hoy del representante del Partido Popular Democrático (PPD) ante su delegación en la Cámara para ofrecer explicaciones sobre acusaciones de violencia de género en su contra.

Días tormentosos afronta el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Orlando Aponte Rosario, quien sigue a la espera de comparecer ante el caucus de su colectividad política en la Cámara para dar explicaciones sobre acusaciones de violencia de género en su contra.

Aponte Rosario iba a presentarse hoy ante su delegación en la cámara baja, pero el fallecimiento ayer del exlegislador del PPD, José Aníbal Díaz Collazo, trastocó los planes y fue cancelada su participación, la que será en una fecha aún por definir.

La arista pendiente ante la Cámara es apenas uno de los flancos que debe atender el legislador de 38 años, y quien cumple su primer período en el Capitolio, desde que el pasado jueves se conociera que el 13 de abril se había sometido una orden de protección contra el político por un caso de violencia doméstica.

Porque a su situación en la legislatura y en el ámbito judicial -contrató para defenderse a la conocida abogada Mayra López Mulero-, se suman las gestiones que están realizando el Departamento de la Familia y la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM), agencias que tienen injerencia debido a los antecedentes del caso.

Como parte de la orden de protección sometida por la esposa se establece que el representante agredió a la mujer en presencia de sus hijos de 3 y 6 años, a quienes, también de acuerdo con la querellante, el político les estaría hablando mal de la madre ("Ella está loca" y "Si los regaña que le den (a la fémina)”.

Frente a estos hechos, la secretaria de Familia, Ciení Rodríguez Troche optó por ser parca y cuidadosa y se limitó a señalar a NotiCel que "de ese caso no voy a hablarle", una postura totalmente diferente a la de la procuradora de la Mujer, Madeline Bermúdez Sanabria, quien se explayó.

La funcionaria reveló que como agencia ya han contactado a la víctima "y le ofrecimos todos los servicios disponibles que tenemos en la oficina, entre ellos ayuda psicológica, protección. Ella nos solicitó un espacio, porque tiene representación legal".

Aseguró que "yo le creo a la víctima y tengo que decir desde mi posición por qué: cuando tenemos una sobreviviente, que se atreve a dar este paso, yo diría que en el 99% de las veces, por la experiencia que tenemos, esta persona ha estado atravesando por situaciones que no están plasmadas ahí (la orden de protección), pero que nos llevan a ese desenlace".

Detalló que no hay conocimiento de que haya habido antes otro caso similar con el representante y su pareja, ya que no está establecido en la orden de protección, pero advirtió que "sí hay unos patrones de estas conductas".

"Se expidió una orden de protección ex parte, que significa que la otra parte no estaba presente, pero no significa que los hechos no son correctos. Nosotros siempre exhortamos a la víctima a que no debe intimidarse. Nadie está por encima de la ley", apuntó en una entrevista con WKAQ.

Bermúdez Sanabria se mostró preocupada por el espacio que hay entre la vista que se celebró para emitir la orden de protección y la vista final, "ya que muchas veces es el espacio en que psicológicamente y emocionalmente la víctima se siente mal y comienza a agotarse. Es lo que llamamos que se va 'retirando del proceso'. Por eso enfatizamos que busquen ayuda".

También opinó que es "bastante común" parte del lenguaje que habría usado el político contra su esposa y que se consigna en la orden de protección (“aquí el macho soy yo”), una expresión que consideró "tan machista, tan macharrana... ¿En este momento todavía tenemos que declarar que yo soy el macho de la relación ¡por favor!".

Como parte del proceso, la Policía le quitó al político la colección de armas que posee (dos escopetas, un rifle y tres pistolas) y, además, el legislador tiene prohibido acercarse a la residencia de su esposa, su lugar de trabajo y también a la escuela donde estudian sus hijos.

Aponte Rosario ya fue referido a la Comisión de Ética de la Cámara, que debe recibir en los próximos días documentación relacionada a requerimientos a la Policía, para corroborar si hay una querella sometida en contra del representante por estos hechos; a Justicia, para que confirme si hay o no una pesquisa en curso; y al Poder Judicial, para que certifique la orden de protección y entregue la grabación de la vista en la cual se otorgó esa medida.

Con toda esa mochila al hombro, y excluido de las presidencias de las comisiones de lo Jurídico y de la Revisión del Código Penal, el representante espera por el caucus del PPD para ofrecer su versión de los hechos.