Actualmente, la población con discapacidad auditiva se compone de 12 reclusos.

El informe final sobre la resolución de la Cámara 406, que ordenó realizar una investigación sobre la accesibilidad de los servicios ofrecidos por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) a los confinados sordos, fue presentado en la sesión ordinaria de ayer y recomendó que la agencia fortalezca la ayuda a esta población penal.

La representante Lisie Burgos Muñiz, quien preside la Comisión de Bienestar Social, presentó el informe final tras las audiencias públicas que contaron con la comparecencia del DCR, el administrador del Programa de Salud Correccional, (Physician Correccional), así como de madres de reclusos que expresaron su testimonio y preocupaciones.

En el informe sometido ante el pleno de la cámara baja, Burgos Muñiz concluyó que el DCR “cuenta con las herramientas y está en la búsqueda de estrategias para servir a la población correccional con discapacidad”.

Sin embargo, expuso que la agencia debe fortalecer las áreas administrativa y programática para mejorar el ofrecimiento, acceso y disponibilidad de servicios dirigidos a rehabilitación de las personas sordas recluidas en los centros correccionales.

La población con discapacidad auditiva se compone de 12 reos.

Según la representante, “a estas personas se les brindan los servicios según los protocolos en aras de garantizar la igualdad en oportunidades, especialmente dirigidas a la rehabilitación y desarrollo”.

Agrega que, considerando los hallazgos, el DCR "cuenta con los fondos y con diversidad de acuerdos colaborativos para esos fines”.