La agencia indicó que la propuesta para enmendar la medida evitaría la burocracia y dilatación de procedimientos que deben darse en un periodo de tiempo razonable

La asesora legal del Departamento de Salud, Nilda Ortiz Burgos, propuso, en vista pública del Senado de Puerto Rico, que se enmiende un proyecto para que las investigaciones y evaluaciones a los establecimientos de cuidado para adultos mayores sean realizadas enteramente por el Departamento de la Familia (DF).

Las expresiones surgieron en la vista de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, presidida por la senadora Rosamar Trujillo Plumey, en la que se discutió el Proyecto del Senado 1063 (P. del S. 1063). Esta medida pretende crear la Ley para Regular el Licenciamiento y Supervisión de los Establecimientos de Cuidado para Adultos Mayores y Adultos con Condición de Fragilidad.

De igual manera, el proyecto busca derogar la Ley 94, conocida como la “Ley de Establecimientos para personas de Edad Avanzada”.

“Esta enmienda evitaría la burocracia y dilatación de procedimientos que deben darse en un periodo de tiempo razonable. Además, estas funciones son acordes con los deberes ministeriales de dicha agencia. Depositar en otras agencias la responsabilidad de iniciar, concluir o evaluar investigaciones expone a los adultos mayores a continuar viviendo las vicisitudes que generaron la investigación”, expuso Salud en su ponencia.

La asesora legal añadió que la agencia cuenta con el Programa de Envejecimiento Saludable para desarrollar estrategias para la prevención y el manejo de las condiciones que mayormente afectan la salud de este sector poblacional.

“En el Departamento de Salud trabajamos bajo un presupuesto específico y delineado con anterioridad al inicio del año fiscal. Separar recursos para cumplir con el encargo que la medida propone nos mueve a nosotros a realizar labores que no están dentro de nuestros planes y deberes ministeriales. Más aún, la medida no solo delega funciones fuera del ámbito y expertise de la agencia, sino que tampoco asigna fondos suficientes y recurrentes para poder cumplir con lo allí propuesto, entre ellos la contratación de personal adicional para cumplir con las funciones ordenadas”, expresó Ortiz Burgos.

Por otro lado, la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración e Insignia Senior Living se opusieron a la medida, según está redactada, ya que limita la estructura de modelo de servicios, y establece “disposiciones que menoscaban el derecho a desarrollar la actividad empresarial desde la concepción corporativa del servicio”.

La presidenta electa de la asociación, Minerva Gómez Ramos, recomendó que se establezca una mesa de trabajo para que surja un proyecto de consenso que permita renovar, atemperar y actualizar la legislación de licenciamiento de la actividad empresarial de los dueños de centros de envejecientes.

De igual manera, Gómez Ramos enfatizó que está de acuerdo con la senadora Trujillo Plumey con que se derogue la Ley 94, ya que “no aguanta otra enmienda”.

“La Ley 94 ha sido enmendada en 13 ocasiones para atemperarla a las circunstancias del momento. El historial de las enmiendas demuestra que es necesario establecer un nuevo ordenamiento legal con nuevos enfoques que permitan cumplir con las demandas de nuestros adultos mayores”, indicó la senadora Trujillo Plumey.