A pesar de las deficiencias en las estadísticas oficiales, organizaciones que trabajan con sobrevivientes de violencia íntima apuntan que una proporción alta de víctimas muere a balazos.

Mientras la semana pasada el país se escandalizó pro un proyecto de ley que proponía 25 años de cárcel a las mujeres que se realizaran un aborto, grupos que representan a mujeres y a víctimas de violencia íntima mantienen oposición al proyecto, aprobado ya en la Cámara de Representantes y pendiente en el Senado, que flexibilizaría la Ley de Armas.

El proyecto es promovido por Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, Inc. (CODEPOLA), a quien algunos de los cambios aprobados le beneficiarían en procesos que enfrenta en el Negociado de la Policía por irregularidades en su armería.

La medida viene apenas dos años después de que la Ley de Armas se revisara para, entre otros, eliminar el límite de municiones que puede adquirir cada año una persona con licencia de armas y para establecer prohibición de polígonos a menos de una milla de un plantel escolar. Esa demarcación se limitaría a 300 metros y es uno de los cambios que cambiarían las cosas para Torres Meléndez, cuya armería en Trujillo Alto está a menos de una milla de distancia de planteles escolares.

Los grupos que representan a mujeres y víctimas de violencia íntima, entre otros, ya se habían opuesto a las enmiendas en la Cámara, pero denunciaron que no fueron incluidas en el informe de comisión de la medida, que es el Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 575 y al Proyecto de la Cámara 382.

Las entidades repitieron su oposición en el Senado ante la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología que evalúa la medida y que preside el senador novoprogresista Thomas Rivera Schatz.

“El Observatorio de Equidad de Género, y las organizaciones firmantes, queremos destacar lo importante de entender la vinculación de las muertes de mujeres con el uso de armas de fuego y su implicación en actos de violencia doméstica, violencia sexual y violencia de género”, planteó en su comunicación a la comisión el observatorio, una entidad en la que participan Coordinadora Paz para las Mujeres, Inter Mujeres Corp, la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, Proyecto Matria, Kilometro 0, Taller Salud, TodasPR y que es parte del Comité PARE.

“Las armas de fuego no protegen a las mujeres. De los casos analizados en nuestro estudio el 58% por ciento de los feminicidios fueron perpetrados por armas de fuego”, indicó Proyecto Matria sobre un estudio que hicieron junto a Kilómetro 0 y que examinó datos de feminicidios entre 2014 y 2018.

El observatorio añadió que su examen de las estadísticas de feminicidios en los que se reportó el tipo de arma o método para provocar la muerte, las armas de fuego fueron la causante en el 67% de los casos de 2019, el 82% de los casos de 2020, el 68% de los casos en 2021 y en el 78% de los casos que se habían contabilizado para 2022.

“Lo que vemos es una desconexión en una respuesta del estado, cuando promueve este tipo de proyectos, con lo que debería ser una respuesta que prevenga y eduque sobre la violencia y el manejo de estresores que pueden detonar la violencia y muerte de personas inocentes”, afirmaron.

Por su parte, Kilómetro 0, una entidad de fiscalización a la Policía y el proceso de reforma de ese cuerpo de seguridad, llamó la atención a que la proliferación de armas de fuego abona a que los policías utilicen fuerza letal más frecuentemente en las intervenciones con ciudadanos debido a que piensan que la persona está armada.

“Este asunto cobra mayor relevancia al conocer que la proporción de personas muertas por disparos de armas de reglamento que no tenían armas de fuego es sumamente alta en Puerto Rico (43%) en comparación con Estados Unidos (16%)”, señalaron.

Mientras, el representante José Bernardo Márquez, del Movimiento Victoria Ciudadana, introdujo en la Cámara un proyecto con el propósito de establecer límites a la cantidad de balas que puede comprar al año una persona con licencia de armas.

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