Según los legisladores José Bernardo Márquez Reyes y Luis Raúl Torres Cruz, los referidos incluyen un análisis legal de las disposiciones aplicables a contratos de privatización energética.

Los representantes José Bernardo Márquez Reyes y Luis Raúl Torres Cruz emitieron dos referidos investigativos sobre el contrato de Genera PR: uno a la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia (OAM-DJ) y otro a la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC), adscrita a la Junta Reglamentadora del Servicio Público.

En los referidos, los legisladores solicitaron que se investigue Genera PR, ya que aseguran que en el contrato hay violaciones a disposiciones antimonopolísticas de la Ley 17-2019, conocida como la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”.

“En el caso de LUMA Energy, gran parte de los cuestionamientos y las preocupaciones legislativas tenían que ver con el análisis costo-beneficio de la privatización. Es decir, si convenía o no la privatización y los términos leoninos del contrato. Sin embargo, en estricto derecho había un reconocimiento de la facultad legal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de pactar este tipo de contrato. Con Genera PR, es muy distinto; aquí hay una prohibición legal estableciendo que no se le puede dar más de un 50% de los activos de generación a una sola compañía, pero se está colocando sobre el 70% de los activos en sus manos. Eso es una patente violación al artículo 1.8(a) de la Ley 17 de 2019”, sostuvo el representante Márquez Reyes.

El representante por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Márquez Reyes, explicó que el contrato es nulo porque contradice, explícitamente, la Ley 17 de política pública energética.

“Hemos insistido en que el verbo que se utiliza ahí es ‘controlar’, no se utiliza ‘poseer, adquirir, arrendar’. Cuando uno examina las facultades y las responsabilidades que le da el contrato, pues en efecto controlarán los activos de generación, y eso supone una violación clara cuando el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica lo reconoce en una vista pública que van a estar controlando, por lo menos, el 77%. Es una violación clara que le que compete investigar a la OIPC y a la OAM”, señaló Márquez Reyes.

De igual manera, Márquez Reyes informó que las oficinas tienen facultad para ejecutar procedimientos civiles o criminales, ya que ser parte de un monopolio es un delito menos grave.

“Si las oficinas coinciden con nosotros, pudieran recurrir al tribunal para impugnar el contrato, solicitar que se modifique el contrato o pudieran recurrir a procesar a las personas que formaron parte de la constitución de este monopolio”, afirmó el representante por el MVC.

Para añadir a los planteamientos de Márquez Reyes, el representante independiente Torres Cruz, quien es el presidente de la Comisión cameral de Energía, indicó que el Departamento de Justicia puede orientar al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia antes de tomar acciones legales “para que sea el gobernador el que pida la anulación del contrato”.

“Se alinearon los planetas para privatizar la generación, no importa a costa de qué. Sí, habrá aumentos, y ahora mismo tenemos pendiente el aumento más crítico que recibirá el pueblo de Puerto Rico, que es la negociación de la quiebra de la AEE, en el que se impondrá un cargo de $13 fijos para todos los abonados e incluyen a personas con placas solares”, sostuvo Torres Cruz.

Según los legisladores, los referidos incluyen un análisis legal de las disposiciones aplicables a contratos de privatización energética. Asimismo, solicitaron a la OAM y OIPC el inicio de investigaciones formales sobre el contrato de Genera PR para iniciar “todas las acciones civiles y criminales correspondientes que incluye la impugnación judicial del contrato".