La Comisión cameral de lo Jurídico le dio hasta el 21 de febrero para entregar los documentos.

El Departamento de Justicia tiene hasta el martes 21 de febrero a las 5:00 pm para entregar a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes la documentación requerida sobre la paralización en fiscalía de la investigación de la muerte del exponente del trap Kevin Fret Rodríguez y la pesquisa sobre el fallecimiento del Lcdo. Carlos Cotto Cartagena, ambos casos asignados en su inicio a la fiscal Betzaida Quiñones Rodríguez.

Pero Justicia contestó hoy que, por virtud de ley, se encuentra impedido de proveer a dicha comisión los sumarios fiscales y varios documentos que forman parte de las investigaciones relacionadas con las causas de muerte de Fret Rodríguez y Cotto Cartagena.

Así se lo informó, por escrito, a dicho organismo el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, quien autorizó la comparecencia de la fiscal Betzaida Quiñones Rodríguez a las vistas públicas que celebra dicha comisión legislativa.

El pasado 15 de febrero, el representante Orlando Aponte Rosario, presidente de la Comisión legislativa que investiga los inusuales hechos, siendo secretaria de Justicia la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y jefa de fiscales Olga Castellón Miranda, solicitó por escrito al secretario Emanuelli Hernández los memos que envió la fiscal Quiñonez Rodríguez a su jefa en los que exige explicación y reconsideración a la orden de suspensión de ambas pesquisas.

“Esta información se solicitó el 30 de enero del 2023, pero Justicia solo envió copia de la petición de Habeas Corpus para la excarcelación de Aurea Vázquez Rijos en el caso de la muerte del Lcdo. Cotto Cartagena y el documento que habilita la autorización del tribunal para realizarle una entrevista, pero ambos documentos tenían tachaduras para ocultar información”, sostuvo el representante Aponte Rosario.

“Como podemos observar, la Ley Orgánica del Departamento de Justicia y nuestro ordenamiento jurídico vigente son claros, categóricos y específicos en la confidencialidad de las investigaciones activas y los documentos que componen el expediente. Publicar la información que contiene el sumario fiscal pudiera ir en detrimento directo de las investigaciones, divulgando información sensitiva producto de una investigación que no está cerrada y perjudicando así las posibilidades del Ministerio Público para presentar cargos cuando en efecto esté recopilada la prueba necesaria para probar los hechos más allá de toda duda razonable”, lee el documento presentado a la Comisión en respuesta al requerimiento de información que incluye los sumarios fiscales de ambas investigaciones criminales.

“No lo digo yo, lo establece la ley y ha sido validado por el Tribunal Supremo, por lo que es mi deber como secretario cumplir con esta normativa y proteger las investigaciones criminales. Todo fiscal y abogado conoce estos preceptos legales y le corresponde seguirlos para evitar que se afecten los procesos y la justicia que merecen las víctimas. Como abogado, el presidente de la comisión conoce esto”, manifestó el secretario en un comunicado de prensa.

El representante Aponte Rosario explicó que la Comisión está añadiendo en su petición de información, copia de los expedientes o sumarios fiscales de los casos de Fret Rodríguez y Cotto Cartagena bajo los parámetros de confidencialidad aplicables.

“Para nosotros es vital tener acceso a la documentación que ha hecho referencia pública la fiscal Quiñones Rodríguez durante su comparecencia en la Comisión de lo Jurídico. Estoy otorgando un plazo justo de tiempo al secretario Emanuelli para que someta la información. La fiscal ha denunciado que Vázquez Garced y Castellón Miranda paralizaron estas investigaciones. Esta no es una investigación criminal, pero sí tenemos que indagar las actuaciones de ambas exfuncionarias y, de encontrar irregularidades, tenemos la responsabilidad de crear los mecanismos en ley que garanticen que no volverá a ocurrir”, dijo Aponte Rosario.

El Artículo 13 de la Ley Núm. 204-2005, según enmendada, conocida como Ley Orgánica del Departamento de Justicia, establece que los expedientes investigativos no pueden ser objeto de inspección, examen, ni divulgación mientras se conduce la investigación.

Asimismo, el Artículo 72 de la citada Ley estatuye, como parte de los deberes de los fiscales y procuradores que tienen a su cargo el instar causas criminales, civiles y especiales dentro del marco de sus respectivas obligaciones, que estos funcionarios deberán “[m]antener la confidencialidad de los asuntos que atiende e investiga a fin de proteger la integridad de los procedimientos y la identidad de las personas sujetas a investigación”.

Igualmente, el Artículo 17 de la Ley Núm. 2, Ley de la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente, establece la confidencialidad de las investigaciones en curso ante la OPFEI y los derechos de las personas imputadas. A esos efectos, se dispone que la OPFEI no podrá divulgar la información que le haya sido sometida y prohibirá el acceso del público a los procesos que ventile. A su vez, el Artículo 16 de la citada Ley establece que el fiscal especial independiente designado rendirá un informe final cuando concluya su investigación, el cual, en ese momento será público.

“Reafirmamos que los documentos que obran en los sumarios fiscales pueden revelar información sobre la identidad de una fuente confidencial, como testigos, confidentes o encubiertos, que proveyeron la información con las garantías de confidencialidad que cobijan al sumario fiscal en este momento. Además, podrían contener información recopilada como parte de una investigación criminal que, de ser publicada, podría poner en peligro la vida o seguridad de un ciudadano. Publicar información del sumario fiscal podría interferir en el procedimiento criminal y podría perjudicar el derecho de una persona a un juicio justo e imparcial. También, al publicar el sumario fiscal se publican las técnicas y procedimientos para llevar a cabo las investigaciones que podrían ser utilizados para desarrollar técnicas para eludir la ley”, reza la comunicación del secretario.

“Como secretario de Justicia, exhorto a cualquier persona que tenga conocimiento sobre un acto de corrupción a que lo denuncie para tomar las acciones que procedan en ley. De hecho, es de conocimiento público que las alegaciones que realizó la fiscal fueron referidas por mí a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. Sin embargo, nuestras leyes establecen la confidencialidad que requieren las investigaciones y la obligación que tenemos los funcionarios del Departamento de Justicia de proteger los procesos investigativos”, expresó Emanuelli Hernández.

El trapero y activista de la comunidad LGBTTQI+, Fret Rodríguez, fue abatido a tiros el 10 de enero del 2019 en la calle Bellevue y avenida Eduardo Conde en Villa Palmeras, Santurce. Mientras, el abogado Cotto Cartagena murió el 21 de septiembre de 2018, un día antes de presentarse en el tribunal federal como testigo de la defensa de Vázquez Rijos, convicta y sentenciada a cadena perpetua por la muerte del empresario canadiense Adam Anhanh, en circunstancias que preliminarmente se atribuyeron a una caída accidental desde la azotea de un edificio en Miramar. Tanto la exjuez María Inés Cartagena, madre del occiso, como Aurea Vázquez Rijos, descartan el suicidio y sostienen que fue asesinado.