Mientras que, la primera causa de muerte es natural y la segunda por intoxicación

Como parte de la vista pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana I. Escobar, informó que la tercera causa de muerte en los confinados es el suicidio.

La información surgió en la vista de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, presidida por la representante Lisie Burgos Muñiz, para atender la Resolución de la Cámara 843 (R. de la C. 843) que ordenó investigación sobre las causas de las muertes reportadas en los últimos tres meses en las instituciones correccionales del país. Asimismo, incluye instituciones juveniles y las facilidades médico-hospitalarias del DCR.

Para atender la R. de la C. 843, Escobar indicó que la primera causa de muerte es la natural; la segunda es la intoxicación y la tercera el suicidio.

Como parte del protocolo para la prevención del suicidio, el DCR regula los currículos educativos de prevención, la capacitación del personal, la evaluación del riesgo suicida, y el manejo del paciente con riesgo suicida. Asimismo, vela por el tratamiento, el aislamiento, la ubicación, los referidos a las salas de emergencias, el tiempo de observación y el manejo de los procesos de las personas luego del suicidio.

Mientras que, Raúl Villalobos, presidente del Physician Correctional , indicó que durante los pasados tres meses se han reportado 14 muertos, y 10 han estado relacionadas con problemas de abuso de sustancias; estas sustancias incluyen fentanilo. De igual manera, cuatro de las muertes, se dieron por causas naturales relacionadas con el proceso evolutivo de condiciones crónicas de los pacientes, como cáncer de colon y condiciones cardiovasculares.

Para abundar sobre las estadísticas de muertes de confinados, la directora del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), María Conte Miller, informó que en los últimos dos años el ICF ha certificado de “forma objetiva y estándar” la causa y manera de muerte de 354 confinados. De estas muertes, 119 corresponden a casos sin resolver de años anteriores.

“Cumpliendo con nuestro propósito, hemos superado obstáculos del pasado y en el presente la agencia tiene la capacidad de completar los casos en un tiempo oportuno. Las metas obtenidas han sido el producto del trabajo en equipo entre el ICF y el DCR, que incluyó la formación de un comité que periódicamente evalúa el estatus de las certificaciones e intercambia información investigativa”, puntualizó Conte Miller.

De igual manera, la Comisión atendió la Resolución de la Cámara 843 (R. de la C. 843) que ordenó investigación sobre la accesibilidad y alcance de todos los servicios ofrecidos por el DCR a los menores, jóvenes adultos y adultos sordos que se encuentran recluidos en las instituciones correccionales del país.

En la vista, la secretaria informó que hay alrededor de 7,100 confinados, y 12 reclusos tienen condiciones auditivas. Asimismo, indicó que, hasta el momento, 65 empleados del DCR han tomado el curso de lenguaje de señas que ofrece la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“Para lograr que toda la población tenga las mismas oportunidades a los programas y servicios disponibles y de que se propicie su rehabilitación, independientemente de sus impedimentos físicos, el DCR ha adoptado políticas para salvaguardar los derechos de aquellos miembros de la población que tienen alguna diversidad funcional”, sostuvo la secretaria.

De igual manera, Escobar señaló que, para asistir a esta comunidad, también se utilizan equipos visuales para ilustrar la información que requiere el servicio, en caso de ser necesario.

La secretaria indicó que, no más tarde del primero de abril, firmará un acuerdo colaborativo con el Departamento de Familia (DF) para asistir a todos los confinados que estén próximos a salir.

“Es decir, si un confinado está próximo a salir, el Departamento de la Familia le ayudaría a obtener los servicios gubernamentales, tales como vivienda y asistencia económica”, aseguró Escobar.

Por otro lado, ​​Villalobos expuso que cuenta con un protocolo para el “manejo de personas con discapacidad auditiva, sordera e hipoacusia, en el que provee una guía rápida de comunicación a través del lenguaje de señas”. Según Villalobos, también cuenta con un grupo de empleados capacitados y certificados en lenguaje de señas ofrecido por el Instituto de Educación y Emergencia Médicas y Salud.

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