Proyecto de la Cámara 576, que sin embargo será reconsiderado, busca controlar la contaminación por ruido en cayos, playas, ríos y reservas naturales, e incluye una multa inicial de $500 para infractores.

La Cámara de Representantes derrotó ayer el proyecto 576, que buscaba adoptar, mediante ley, un programa de control de ruido para las embarcaciones que visitaran cayos, playas, ríos, reservas naturales y áreas turísticas de Puerto Rico.

La medida, que en su inicio era solo un plan piloto para la reserva natural de La Parguera, sufrió varias enmiendas que motivaron una votación en contra de 19 representantes (23 estuvieron a favor y hubo una abstención).

La pieza legislativa, no obstante, será reconsiderada posteriormente, según lo solicitó el representante Orlando Aponte Rosario, uno de los autores de la medida.

Bajo la nueva normativa que se pretende aplicar, se prohíbe todo sonido fuerte, perturbador, innecesario, intenso y frecuente proveniente de embarcaciones de todo tipo que, a la luz de la totalidad de las circunstancias, ocasionara molestias, afectando la tranquilidad "y el pacífico vivir", y que se escuchara en cualquier área que se iba a designar como “zona de tranquilidad”.

Con el proyecto, se prohíbe el uso de radios y bocinas portátiles con amplificación, mientras que aquellas embarcaciones que contaran con radios, no iban a poder utilizarlas en estas áreas.

Las embarcaciones que generaran ruidos en cayos, playas, ríos, reservas naturales y áreas turística están sujetas a la imposición de una multa de $500 en contra del titular del bote y, en caso de ser reincidente, dentro de un año a partir de la primera infracción, la multa será de hasta $1,000.

Una tercera reincidencia dentro de un período de dos años a partir de la primera infracción conlleva la imposición de una multa de hasta $5,000 e incluso la confiscación de la embarcación.

La medida señala que no es necesaria la utilización de instrumento de medición de decibeles, ya que no será permitido ningún tipo de sonido que "no sea el de la voz del ser humano y el del funcionamiento de los motores de las embarcaciones, incluyendo el uso de cualquier silbato o bocina para casos de emergencia o cumplimiento de reglas de navegación".

Los radios, sistemas de música, altoparlantes o cualquier otro instrumento que produzca sonido están prohibidos para su uso en las embarcaciones que se encuentren cercanas o dentro de cayos, playas, ríos, reservas naturales y áreas turísticas.

La pieza legislativa expone que "con el mero uso, activación o encendido de radios, sistemas de música, altoparlantes o cualquier otro instrumento que produzca sonido que no sea la voz del ser humano y el del funcionamiento de los motores de las embarcaciones, incluyendo el uso de cualquier silbato o bocina para casos de emergencia o cumplimiento de reglas de navegación, se configurará una violación a lo aquí dispuesto y se impondrán las multas y penalidades definidas".

Entre los 19 votos en contra estuvieron los de los dos representantes del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez y Mariana Nogales Molinelli, y del legislador Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Márquez Lebrón votó en contra de la medida por considerar que la pieza legislativa es “inconstitucional”, afecta la libertad de expresión y de reunión, exhibe un “problema de política pública”, no hubo participación de agencias relevantes, como Justicia (que no entregó su opinión) y, finalmente, “crea un engendro legislativo”.

El representante recordó cómo hace unos meses visitó una playa y tuvo que ir moviéndose “para buscar más tranquilidad” ante los “abusadores” que emiten ruidos excesivos, pero consideró que primero “hay que legislar bien” y a través de la “Ley de Política Pública Ambiental”, ya vigente, “que no la ponen funciones, porque no hay personal y equipos”.

“El problema es real, pero lo que hay que hacer es enmendar la Ley de Política Pública Ambiental, darle más garra, mejorarla. Es una buena intención acabar con los abusadores de ruidos, pero no bajo este mecanismo”.

El proyecto también fue rechazado por Bernardo Márquez y Nogales Molinelli.

El primero dijo que frente al tema se va a producir “mucha legislación” sobre el asunto, mientras que Nogales Molinelli comentó que “la manera de atender el asunto de la contaminación por ruido es con campañas educativas y no con una medida que limita la libertad de acción de las personas”.

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