Mientras, presidente de Comisión de Energía de la Cámara, Luis Torres Cruz, indicó que es motivo de preocupación que Negociado de Energía solicitara una opinión legal sobre la adjudicación a un solo administrador de todos los activos de la AEE.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, aseguró que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia acogió las seis exigencias que había planteado junto al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para el contrato de generación del sistema eléctrico del país, que ayer fue avalado por la junta de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP).

El contrato para el sistema de generación eléctrica del país sigue su rumbo y ahora será la junta de gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) la que debe aprobarlo -todo indica que así será-, para luego pasar a manos de la Oficina del Gobernador.

El director de las AAPP, Fermín Fontanés, no quiso confirmar ayer que la firma Genera (excorporación Encanto), una subsidiaria de New Fortress Energy, será la encargada del manejo de la generación de energía en la Isla, donde ya mantienen negocios de suplido de gas natural (son proveedores para las unidades 5 y 6 de la central San Juan).

"En estos momentos nosotros no vamos a estar divulgando esa información. Estamos en el primer paso de un cruce de aprobaciones. Falta la aprobación de la junta de gobierno de la AEE y, en última instancia, la aprobación de la Oficina del Gobernador. Hasta que ese proceso no se complete, nosotros no divulgamos al proponente seleccionado, porque, ante cualquier caso, podemos regresar a las APP a realizar un cambio que sea necesario", dijo el funcionario.

No obstante, Fontanés admitió que Genera es una de las empresas que estaba participando para optar a hacerse cargo de la generación de energía en la Isla y aseguró que "tenemos conocimiento de todos los contratos que tienen los proponentes y los casos (judiciales) pendientes de los proponentes y eso es parte de la evaluación que hace el comité de alianzas y la junta de directores de la AAPP".

En cuanto al último avance en el proceso del contrato, con la junta de la AAPP, aseguró que es "minucioso y bien estricto".

Además, expresó que las inquietudes de los directores "se atendieron", lo mismo que las sugerencias de los presidentes de la Cámara y Senado.

"Este es un contrato bueno para Puerto Rico y una parte esencial de la transformación del sistema eléctrico que estamos buscando. La primera parte era la transmisión y distribución. No estoy de acuerdo que ese era un contrato leonino. Los tribunales ha sido claros en eso y Justicia también. Es un contrato bueno", insistió.

Igualmente, aseguró a Telenoticias que "ningún empleado de la AEE va a perder su trabajo producto de esta transacción. Sus derechos estám protegidos por ley y el contrato así también lo establece. Son parte de los temas que se discutieron en la junta de directores y se atendieron. Están protegidos".

Sobre el contrato, Dalmau Santiago comentó en declaraciones escritas que el aval al acuerdo “era anticipable. Los puertorriqueños han expresado la insatisfacción y deseo de cambio hacia un sistema eléctrico confiable y más económico”, tras lo cual consignó que “la necesaria transformación de nuestro sistema eléctrico es un asunto prioritario que tiene que atenderse de forma responsable, organizada y seria”.

Mientras, el presidente de la Cámara indicó que “a pesar de que anteriormente el gobernador vetó todas las medidas que mejoraban la política pública de las APP, en el día de hoy el Ejecutivo finalmente acogió por la vía administrativa e incluyó en el nuevo contrato de APP para la generación de energía los seis principios que intentamos establecer durante los pasados dos años mediante legislación”.

“Una vez más, y de forma consistente, cumplimos nuestra palabra combatiendo el contrato de LUMA y buscando mejorar la política pública de las APP para evitar cometer los errores incluidos en el contrato de la primera alianza para la distribución y transmisión de energía. En varias instancias, le comunicamos al país que agotaríamos todos los remedios en los foros pertinentes (legislativos, administrativos y judiciales)”, agregó.

Tanto Dalmau Santiago como Hernández Montañez habían condicionado su apoyo al contrato a seis puntos: más transparencia del proceso, proteger a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), reducciones en las facturas y se reportan ahorros producto de la APP, prohibir subcontratación de afiliados, contratar empresas de la Isla y que para extender el contrato se exija el voto unánime de los dos representantes del interés público de la junta de directores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y según la Ley 120 de 2018.

Sin embargo, para el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara, Luis Raúl Torres Cruz, “las condiciones enumeradas por los presidentes de los cuerpos legislativos no son garantía suficiente para proteger al pueblo de Puerto Rico de las consecuencias de otro contrato leonino (como el que asegura es el de LUMA Energy), que no garantice el bienestar y la accesibilidad a los servicios esenciales a costos razonables”.

Preocupación por opinión legal

Además, afirmó que “es motivo de preocupación” que el Negociado de Energía haya solicitado una opinión legal sobre la adjudicación de un contrato “a un solo administrador de todos los activos de generación legados a una sola entidad privada y que dicha opinión concluye, de forma muy acomodaticia, que esto no incumple con el artículo 1.8 de la Ley 17 de 2019”.

Añadió que “reconocemos que hay otras generadoras de electricidad privadas e independientes, pero las plantas de generación de la AEE generan la mayoría de la electricidad en Puerto Rico (alrededor de un 79.5%) por lo que poner en manos de una sola entidad privada todas las unidades de generación de la AEE equivale a poner el control de la generación de electricidad en la Isla en manos de un monopolio privado”.

Torres Cruz, tras la aprobación del contrato por parte de la AAPP, dijo que “estoy convencido de que la única forma de no cometer los mismos errores que se cometieron con el contrato de LUMA es no privatizar las plantas de generación de electricidad y de paso añado que no se debe hacer ninguna otra alianza público privada para servicios esenciales, al menos en lo que resta del cuatrienio y mucho menos bajo el mismo proceso que se utilizó para seleccionar y contratar a LUMA”.

Acérrimo enemigo de la privatizadora a cargo del sistema de transmisión y distribución del sistema energético, el representante opinó que la Ley 19 de 2009 (Ley de Alianzas Público Privadas) debe ser enmendada para que el proceso de adjudicación de las alianzas público privadas “sea uno más transparente y con participación de la legislatura, que representa al pueblo de Puerto Rico”.

Respecto de la privatización del sistema de generación, opinó que creará un monopolio privado en la generación de electricidad, “lo que es contrario a la intención legislativa al crear la Ley 57 de 2014 y otras leyes posteriores sobre la transformación del sistema eléctrico de la Isla. Tanto es así, que la Ley 17 de 2019, en su artículo 1.8., establece que el Sistema Eléctrico de Puerto Rico no podrá ser un monopolio verticalmente integrado”.

“Tampoco podrá establecerse un monopolio horizontal en la función de generación. Ninguna compañía de servicio eléctrico, por sí, a través de, o en conjunto con una subsidiaria o afiliada, podrá controlar el 50% o más de la capacidad de los activos de generación, con excepción de la Autoridad, y solo cuando se trate de activos de generación legados”, declaró.

¿Qué empresa será la encarga de la generación?

De acuerdo con Torres Cruz, “consideramos que muy probablemente, según la información que nos ha llegado a la Comisión, el contrato para operar todas las unidades de generación de la AEE será otorgado a una sola empresa constituida primordialmente por una subsidiaria de New Fortress Energy, llamada Encanto o Genera”.

El representante sostuvo que recientemente la corporación Encanto se convirtió en Genera.

“New Fortress y sus subsidiarias se dedican al negocio de suplido de gas natural. De hecho, son los proveedores de gas natural para las unidades 5 y 6 de la central San Juan”, recordó.

Consignó que el negocio se dio tras un proceso en el que el Omar Marrero Díaz, como director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, “le cedió en arrendamiento el muelle que hizo posible que New Fortress pudiese montar su operación de gas natural justo al lado de la central San Juan, sin que mediara un proceso competitivo para otorgar ese arrendamiento, sin cumplir con los requisitos de preparar un documento ambiental según requerido por la Ley de Política Pública Ambiental de Puerto Rico y, lo que es peor, sin permiso de la Comisión Reguladora de Energía Federal, la que vela por la construcción y operación segura de terminales de gas natural”.

El legislador alertó que “es precisamente a esta corporación que actúa en franca violación a las leyes estatales y federales, la que muy probablemente será escogida para entregarle un monopolio de la generación eléctrica en Puerto Rico”.

También se expresó sobre un posible conflicto de intereses en el que pudiera incurrir New Fortress: “El hecho de que New Fortress Energy se dedique al negocio de suplido de gas natural, presenta además, un conflicto de intereses, porque es muy probable que esta corporación busque promover el uso de gas natural como combustible para la generación de energía, lo que será un obstáculo a la implementación de la política pública de transición a generación mediante fuentes renovables y la creación de microrredes que conviertan a nuestro sistema eléctrico en uno más confiable, resiliente y apto para responder mejor a situaciones de emergencia, tales como las creadas por terremotos y huracanes. Además, es preocupante que vayamos a entregar nuestro sistema de generación eléctrica a una compañía sin el peritaje ni experiencia necesaria en este campo”.

¿Aumentos en la factura?

El presidente de la Comisión de Energía se expresó preocupado también por los posibles aumentos que surgirán como resultado de la privatización de la generación de electricidad.

“Hemos visto cómo la presencia de LUMA ha generado aumentos frecuentes en la factura de electricidad, esto sucederá también con la privatización de la generación, lo que añadido a los costos que se impondrán al reestructurar la deuda de la AEE, elevarán el costo de la electricidad a niveles nunca antes vistos, lo que afectará a los más vulnerables en forma desmedida y será un obstáculo insalvable para propender a un desarrollo económico sostenible en Puerto Rico”, acotó.

Agregó que “el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia tiene ante sí la oportunidad de tomar la decisión correcta para lograr que el servicio eléctrico en Puerto Rico sea más asequible y propenda a un crecimiento económico, que represente el mejor bienestar de todos los que habitamos en esta bendita Isla. Lo emplazamos nuevamente, aunque sin mucha esperanza, a que evalúe este asunto teniendo como meta el mejor bienestar del pueblo de Puerto Rico y no un afán por impulsar una visión neoliberal sobre los servicios esenciales que el Gobierno tiene que brindar al país”.

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