Para este ciclo, Cámara y Senado tendrán ante sí la evaluación de otras medidas, como la que busca simplificar procesamiento de crímenes de cuello blanco, un código anticorrupción, la reingeniería de la ASES y un nuevo currículo para Educación.

La quinta sesión ordinaria del cuatrienio de la Asamblea Legislativa, que se extenderá hasta junio próximo, comenzó hoy y tendrá varias iniciativas relevantes para la evaluación de la Cámara y el Senado.

En principio, los trabajos en el hemiciclo de la Cámara comenzarán a la 1:00 de la tarde (igual en el Senado) con la evaluación de diferentes medidas, según informó el subsecretario de la Cámara, José Aníbal Herrero Acevedo.

El calendario de órdenes especiales del día para la sesión ordinaria de la Cámara contempla la evaluación del sustitutivo de la Cámara al proyecto 122, que busca allegar recursos al Fondo para el Acceso a la Justicia, y el proyecto 1242, para crear la “Ley para la Estabilización de Rentas en Puerto Rico” con el fin de establecer la política pública del gobierno de Puerto Rico en cuanto a la protección en contra de aumentos exorbitantes en el costo de alquiler, proteger el derecho a la vivienda accesible y aminorar los efectos de la gentrificación.

También se incluye las resoluciones de la Cámara 696, que pretende realizar una evaluación del estado de la Isla de Mona, en relación a la situación de los vigilantes, la infraestructura y los inmigrantes que se atienden en el lugar, y la 782, sobre la posibilidad de que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) coloque algún tipo de barrera de protección de protección en aquellos puentes de vías públicas que se hayan identificado como posible lugar para intentos de suicidio.

La Cámara y el Senado, sin embargo, tienen sus prioridades en esta sesión ordinaria.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, dio detalles de la agenda legislativa, en la que se impulsarán medidas para combatir la corrupción, transformar el sistema público de enseñanza y reorganizar el modelo de salud para ajustarlo a las normativas federales, entre otras.

Desde ya, Hernández Montañez informó que continuarán fiscalizando el desempeño de las agencias del Ejecutivo, el contrato con la empresa LUMA Energy y el desembolso de los fondos de reconstrucción y recuperación, en equipo con el Senado.

Sobre la privatizadora, el presidente de la Comisión de Energía, Luis Raúl Torres, adelantó a Noticel que en estos meses se abocarán “a revisar la extensión de contrato que le otorgaron, verificar el cumplimiento de las métricas del contrato y a fiscalizar el uso de los $9,500 millones de fondos federales, así como el cumplimiento del desarrollo de los proyectos para reparar los daños que causaron los huracanes María y Fiona a la red de transmisión y distribución de energía eléctrica”.

También destacó que velarán “por el cumplimiento de la política pública de movernos a energía renovables mediante placas solares y baterías de almacenamiento mediante el acondicionamiento de la red de T y D para que cuente con las facilidades necesarias para poder recibir y distribuir por la red eléctrica esa producción de energía. Y estaremos evaluando legislación para regular el uso y la disposición de las placas solares y baterías de almacenamiento luego de su vida útil”.

Igualmente, sostuvo que “estaremos evaluando legislación para clarificar las funciones del Negociado de Energía, la AAPP y la Autoridad de Energía Eléctrica ante el nuevo panorama de privatización del servicio de energía eléctrica y la creación de un organismo administrativo más democrático y transparente para dirigir, supervisar las Alianzas Público Privadas del Sistema de Energía”.

Para Hernández Montañez, “nuestro deber es enfocarnos en legislar políticas públicas estrictas, rigurosas y de buen gobierno, para restablecer la confianza en nuestras instituciones gubernamentales y evitar quiebras en futuras administraciones. Además, cumplir con nuestro deber fiscalizador ha sido siempre la esencia y el corazón de esta Cámara de Representantes”.

En cuanto a las medidas anticorrupción, el presidente cameral señaló que “transformaremos la forma en que se procesan los crímenes de cuello blanco para culminar con la cultura de impunidad prevaleciente en la isla. Vamos a simplificar y uniformar el modelo obsoleto actual para lograr que los corruptos respondan por sus actos”.

En esa línea, el proyecto a someterse enmendará sustancialmente las leyes orgánicas de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), el Departamento de Justicia (DJ), la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y la Oficina de la Inspectora General (OIG).

El representante también expresó que “aprobaremos un nuevo Código Anticorrupción que le proveerá a los fiscales las herramientas necesarias para llevar a estos delincuentes hasta las últimas consecuencias a nivel estatal y no tengamos que esperar por las autoridades federales, como sucede hoy”.

Otra de las prioridades de ambos cuerpos es promover la transformación del sistema educativo, desde el nivel primario hasta el nivel superior, enfocándose en crear un currículo adaptado “a las necesidades del mercado laboral del siglo 21 y a las fortalezas de cada estudiante”.

El proyecto, llamado “Creando Ciudadanos”, ha estado en discusión en los pasados meses, mediante la resolución de la Cámara 485, y se han celebrado múltiples cumbres, reuniones y vistas públicas, recibiendo el insumo de las universidades, colegios técnicos, grupos empresariales, colegios profesionales y organizaciones sin fines de lucro.

“Le brindaremos a cada estudiante del sistema de educación pública las herramientas para que se gradúen verdaderamente preparados con las destrezas y habilidades que están buscando los patronos en la isla, evitando la emigración de jóvenes con la capacitación para emprender y que sean ciudadanos que aporten positivamente en el reposicionamiento de Puerto Rico como una incubadora de ideas, talento e innovación”, expuso el político.

El presidente cameral señaló, también, que el tema de la salud seguirá en el tope de la agenda legislativa, desde la supervisión de los nuevos fondos asignados para el programa de Medicaid, hasta enmiendas a las leyes de la Administración de Seguros de Salud (ASES) y el Departamento de Salud (DS).

“Legislaremos una reingeniería organizacional de ASES y la Oficina de Medicaid en el DS para cumplir con todos los estándares de las guías federales y operar el Plan de Salud del Gobierno como el resto de los 50 estados”, señaló.

Igualmente, Hernández Montañez dijo que se proponen enmendar la Ley 203 de 2008 y la Regla 91 de la Oficina del Comisionado de Seguros, con el fin de que se pueda implementar adecuadamente la política pública que autoriza la negociación colectiva para la contratación entre los proveedores, representantes de proveedores, administradores de terceros y las organizaciones de servicios de salud para mejorar el ofrecimiento de servicios a los pacientes.