Las resoluciones, todas del alto cuerpo y aprobadas ayer, abordan asuntos que han llegado a la palestra pública en el último tiempo.

El Senado dio paso a tres resoluciones del alto cuerpo que tienen como objetivo investigar la posibilidad de que se lleve a cabo un proceso de privatización de las Cavernas de Camuy, así como las numerosas muertes que se han reportado en las cárceles del país y el desarrollo de la industria de la energía solar en la Isla.

En primera instancia, en su sesión ordinaria el Senado aprobó la resolución 680, de la autoría de la senadora Elizabeth Rosa Vélez, para ordenar a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado realizar una investigación sobre el estado de las instalaciones de las Cavernas de Camuy.

Solo los senadores Thomas Rivera Schatz, Wanda Soto Tolentino y William Villafañe votaron en contra.

Dentro de la pesquisa se incluirá “auscultar sobre el proyecto de evaluación de privatización de una Alianza Público Privada (APP) solicitado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), así como su viabilidad e incluyendo la etapa en que se encuentra esta evaluación.

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También se abordarán los acuerdos de colaboración interagencial que se están llevando a cabo, la posible cesión del parque al municipio de Camuy, además de los efectos de estas iniciativas en la flora y fauna de la zona.

En cuanto a la resolución del Senado 661, presentada por la senadora Gretchen Hau, establece que la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado deberá realizar una investigación sobre el desarrollo de la industria de placas solares en Puerto Rico, así como los acuerdos de garantía que se ofrecen sobre dichos productos, “a la luz de la cantidad de quejas que se han reportado sobre incumplimiento de dichos acuerdos de garantía cuando ocurren averías o desperfectos en estos equipos”.

Contra esta pieza legislativa también votaron en contra Rivera Schatz y Villafañe, así como Migdalia Padilla Alvelo.

Sobre la medida, el portavoz de la mayoría del PPD en el Senado, Javier Aponte Dalmau, dijo que “esta es una industria que va en crecimiento, dada la necesidad de la gente y el deterioro del sistema energético” y frente a esta situación indicó que hay necesidad de “averiguar sobre la garantía de estos equipos y la cantidad de quejas de los consumidores por las averías… Quizás estas empresas no han sido eficientes en educar a los consumidores. Pero esta industria, la de mayor crecimiento en el país, es un sector con el que tenemos que tener mucho cuidado, ya que lo vamos a necesitar bastante tiempo porque LUMA no funciona ni funcionará”.

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Respecto de la resolución 665, sometida por Joanne Rodríguez Veve y Thomas Rivera Schatz, ordena a las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, y a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, realizar una investigación sobre el aumento sostenido de las muertes ocurridas en los pasados años en las instituciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), los protocolos de intervención en los casos de muerte de confinados y las estrategias de la agencia para prevenir los fallecimientos en las instituciones penales.

Para el senador José Vargas Vidot, “hay que ver esta medida con seriedad y dentro de un contexto que no es nuevo, pero se ha registrado un aumento sostenido de muertes en las cárceles en los pasados años y meses”.

Agregó que “hay que ver si en las cárceles se están aplicando los protocolos, como la causal de muerte. A veces pensamos que quienes están en las cárceles sufren una condena de muerte social y no se considera su vida”.

El legislador también criticó al DCR por su “irresponsabilidad” en manejar los casos de muerte.

Según el político, en las cárceles impera un “ambiente tóxico, enfermo y hay repercusiones sobre quienes se atreven a hablar y denunciar. Es un lugar medieval, primitivo e inhumano”.

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