El 1429 y 1043 fueron aprobados en la sesión ordinaria de esta noche.

El proyecto 1429, que pretende reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y que ya fue avalado en la Cámara el pasado 1 de noviembre, fue aprobado en la sesión ordinaria de hoy del Senado.

La pieza legislativa fue aprobada con 16 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones.

El alto cuerpo también dio paso al proyecto 1043, a los fines de establecer como parámetro rector de la reestructuración de la deuda de la AEE “la sostenibilidad y la solvencia futura de la AEE, reduciendo y mitigando cualquier aumento en la tarifa eléctrica y propiciar la estabilidad económica del país”.

La medida para crear la "Ley para la Reestructuración Sostenible de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica" también busca “otorgarle facultades adicionales al Negociado de Energía y establecer los términos para las emisiones de bonos de la AEE y sus afiliadas en cumplimiento con la política de manejo de deuda del gobierno”.

En este caso, el proyecto fue aprobado con 17 votos a favor y 9 en contra.

Sobre el 1429, la pieza legislativa pretende establecer la “Ley para la Reestructuración de la deuda de la AEE” enmienda la “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”, la “Ley de Transformación y Alivio Energético” y la “Ley para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica”, a los fines de establecer condiciones mínimas para la reestructuración de la deuda, la emisión de bonos y fortalecer la estabilidad y oferta energética en Puerto Rico.

También busca devolver facultades al Negociado de Energía y definir términos para las emisiones de bonos de la AEE y sus afiliadas, “en cumplimiento con la política de manejo de deuda del gobierno”.

Respecto de las piezas legislativas, el portavoz del PNP en el Senado, Thomas Rivera Schatz, comentó que con el 1043 se insiste en “intervenir con asuntos que están en la corte (federal). La eficacia jurídica de esto va a ser ninguna. Se crea una falsa expectativa de que se está resolviendo un problema que no se está resolviendo en realidad”.

“El 1429 dice de alguna manera a la corte lo que tiene que hacer… Podrá haber buenas intenciones para el asunto de la AEE, pero ninguna legislación colonial va a intervenir en una corte federal. A los que hacen promesas, veremos al final lo que ocurre”, declaró.

Añadió que “ha habido proyectos queriendo cancelar el contrato de la notoria empresa LUMA, que no va a tener eficacia jurídica”.

En cuanto a los proyectos, el senador Juan Zaragoza reconoció “los obstáculos legales que hay”, pero insistió en que la AEE “tiene que quedar solvente, que tenga más activos que deudas. Vamos a usar de referencia las deudas de empresas de Estados Unidos. No queremos que de aquí a algunos años caiga en deuda de nuevo. No queremos dar un mandato a quienes están negociando la deuda. La reestructuración viene en los próximos 60 días y las mejoras al sistema eléctrico van a tomar varios años. Según la Ley Promesa, luego de que se aprueba el plan debe contar con la aprobación del Negociado de Energía” y ahí está la apuesta del senador.

El senador William Villafañe pidió que se pensara bien las medidas: “De raíz hay un campo ocupado y en un tribunal no tienen absolutamente ningún peso. No estamos hablando de la JSF, de la AAFAF, sino del tribunal que está viendo este proceso. Y la situación (de la AEE) está cambiando porque hay una inversión multimillonaria sobre la mesa”.

El presidente de la junta de gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Fernando Gil Enseñat, así como el asesor legal general de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Julián Bayne, se opusieron en su momento al proyecto por considerar que interfiere con la Ley Promesa.

Tanto Gil Enseñat como Bayne coincidieron en que “hay campo ocupado” sobre el asunto, ya que la Ley Promesa “tiene supremacía sobre cualquier ley del ELA”.

Para el funcionario de la AEE, la Ley Promesa se impone sobre cualquier normativa estatal “que sea inconsistente con el esquema de prioridades establecido en el Código de Quiebras, el cual ha sido incorporado por Promesa para el tratamiento de las reclamaciones de los acreedores en un plan de ajuste de la Autoridad”.

Además, destacó que “cualquier ley de Puerto Rico que obligue a la Junta (de Supervisión Fiscal) a cumplir ciertas condiciones de reestructuración o que impida la implementación de un plan de ajuste, es inconsistente con Promesa y, por tal razón, es de alta probabilidad de que sea anulada”.

Aseguró que la AEE está “sujeta” a la Ley Promesa y, por tanto, “las leyes locales que sean inconsistentes con Promesa, el plan fiscal certificado o el presupuesto pueden ser y regularmente han sido invalidadas por la Junta, la única entidad con derecho a presentar un plan de ajuste para la Autoridad bajo el Título III.

La posición de la AAFAF fue la misma de la corporación pública, ya que Bayne expresó que “cualquier desviación de lo estipulado en los planes fiscales, según certificados por la JSF, sería inconsistente con Promesa y daría paso a ser invalidada por la JSF”.

La AEE está en quiebra, con una deuda de contribuciones patronales corrientes de más de $800 millones al Sistema de Retiro de los Empleados de la corporación pública, $8.2 mil millones a los bonistas, y unos $700 millones en préstamos de combustibles y otras obligaciones.

Ante esta situación, la 1429 plantea que el pago de la deuda de la AEE no puede ir en contra de la política pública aprobada para un sistema energético resiliente, confiable y robusto, “con tarifas justas y razonables para todas las clases de consumidores”.

También expresa “el más enérgico rechazo a cualquier plan de ajuste, acuerdo de reestructuración o acuerdo de acreedores que incluya tarifas irrazonables en la factura del servicio eléctrico para el pago y reestructuración de la deuda de la AEE”.