Así lo indicó la Procuradora de la Mujer mientras que el Comisionado de la Policía rechaza el señalamiento

Los casos de violencia doméstica que involucran a miembros de la Policía de Puerto Rico no reciben el mismo trato que el resto de la ciudadanía, afirmó la procuradora interina de la Mujer, Madeline Bermúdez Sanabria, que entiende que eso representa un asunto de seguridad pública.

“La impunidad y la falta de procesamiento de querellas de violencia domestica en contra de los policías es un asunto de seguridad pública que tiene que atenderse en la Reforma de la Policía. Así también, traemos a la atención que estos casos no se tratan con la misma vara cuando los agresores son miembros de la uniformada”, sostuvo durante una audiencia pública de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes.

Esta realiza una investigación sobre los protocolos existentes para atender los casos de violencia de género y las querellas presentadas contra los agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR).

La misma obedece a una Resolución de la Cámara que ordena además precisar los recursos destinados a atender esta problemática dentro la Uniformada; y “las razones sobre por qué no se esclarecen las querellas ni se radican cargos contra los agentes que incurren en esta conducta”.

Durante su ponencia la procuradora interina informó que durante el 2021se reportaron 7,876 incidentes de violencia doméstica en Puerto Rico. Sobre los datos más recientes del año 2022 indicó que hasta el 30 de septiembre de 2022, se han registrado 4,334 incidentes de violencia doméstica, “cifra que pudiera estar subestimada por aquellos incidentes que nunca son reportados”.

Respecto a los asesinatos señaló que, hasta el 30 de septiembre de 2022, ya hay 15 casos que ya fueron confirmados como delitos contemplados en la Ley Núm. 54 (“Ley para la Protección e Intervención con la Violencia Doméstica”); y 12 de ellos son feminicidios.

Sobre las querellas de violencia doméstica contra miembros de la Policía informó que durante el periodo del 1 de enero de 2017, al pasado 24 de octubre de 2022, se habían recibido 422 querellas.

Abundando sobre el tema del manejo de estas querellas relató a la Comisión que el 31 de enero de 2022, la OPM inició un proceso de investigación del tema a través del envío de un Requerimiento de Información y Producción de Documentos al Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR). El propósito y alcance de la investigación, añadió, era el indagar el manejo y las acciones que ejecuta el NPPR para atender quejas, querellas y/o casos de violencia doméstica que involucran empleados y/o cuando uno de sus agentes es el querellado.

Explicó además, que dicha investigación giraba en torno a los procedimientos y acciones realizadas por el NPPR, si alguna, relacionadas al caso de violencia doméstica que implica al Agente José Rivera Velázquez, adscrito a la Oficina de Protección y Seguridad de la Comandancia de Aibonito, y la fenecida Agente Brenda Liz Pérez Bahamonde, adscrita a la División de Homicidios de Guayama.

“Precisa indicar que, luego de varios trámites procesales entre los que se otorgaron prórrogas, contestaciones, réplicas y dúplicas al requerimiento, el NPPR se rehusó a producir y entregar la totalidad de la información y documentación requerida por la OPM. Ante ello, el 8 de marzo de 2022, la OPM cursó una Intención de Emitir Multa, Recurrir en Auxilio al Tribunal y Presentar Querella Criminal. Así las cosas, el 16 de marzo de 2022 el NPPR proveyó solamente una porción de toda la información y documentación que le fuera requerida. Por tal razón, el 13 de julio de 2022, la OPM presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, una Petición para hacer Cumplir Requerimiento de Información y Producción de Documentos, caso SJ2022CV06169”, detalló.

Informó entonces que el 14 de julio de 2022, el Tribunal emitió una Resolución y Orden otorgándole al NPPR un término de diez días para entregar lo solicitado en su totalidad, so pena de desacato y que el 5 de agosto de 2022, el Negociado, representado por el Departamento de Justicia, presentó una moción en la que informaba que había entregado una serie de documentos.

Se abstuvo de comentar más sobre el caso, porque el mismo “se encuentra un proceso activo ante la OPM que nos impide que hagamos comentarios adicionales”.

Comisionado asegura no hay trato distinto

Ayer, el comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, reveló que, desde el 2017 hasta ahora, se han investigado 422 casos relacionados a violencia de género que involucran a miembros de la Uniformada.

Según indicó en conferencia de prensa, aún quedan 27 casos adicionales que todavía están bajo investigación administrativa.

“Van 422 casos de violencia doméstica de miembros de la Fuerza. Quedan todavía 27 que están pendientes a ser adjudicados”, dijo López Figueroa ayer, luego de participar de una reunión del componente de seguridad con el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

Uno de los casos más recientes es el del teniente Roberto Salvá López, comandante del área policíaca de Ponce, quien supuestamente se vio involucrado en un incidente de violencia de género, a pesar de que su esposa negó los hechos. Aun así, la Policía activó el protocolo para atender administrativamente estos casos y fue desarmado, según se indicó.

“El caso de Roberto Salvá es un caso que está investigando. No quiero abundar más detalles. Pero se trabaja como cualquier protocolo donde se tiene constancia de un caso de violencia de género. Se combate como se combate la violencia de género con cada uno se los ciudadanos. El protocolo no es diferente para un policía. La única diferencia es que, de haber una causa para arresto en Regla 6, inmediatamente baja una suspensión de empleo y sueldo y posteriormente es expulsado de la Fuerza”, destacó.

Departamento de Justicia

En ponencia presentada ante la Comisión por el Departamento de Justicia y firmada por su Secretario, Domingo Emanuelli, se informó que al presente cada una de las 13 fiscalías cuenta con una unidad dirigida a atender los casos relacionados con la violencia de género, delitos sexuales y el maltrato de menores.

Para ello, indican, el Departamento reclutó a 48 abogados con designaciones de fiscales especiales, así como al personal de apoyo requerido; 19 agentes de investigaciones, 16 auxiliares administrativos y 21 transcriptores de investigación legal, para un total de 104 personas empleadas.

Expuso además las medidas adoptadas por la agencia para prevenir los feminicidios y que están a cargo de la las unidades especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores.

Departamento de Seguridad Pública

También ante la misma comisión compareció el Departamento de Seguridad Pública con ponencia firmada por el secretario, Alexis Torres Ríos. En la misma afirma que Negociado de la Policía de Puerto Rico “está comprometido con la erradicación del acto delictivo de la violencia doméstica, en virtud de lo que establece la Núm. 54 de 15 de agosto de 1989”.

Explicó que los agentes especializados reciben adiestramientos, partiendo de la premisa que los delitos de violencia doméstica están enmarcados en gran medida en una relación de pareja, ocurriendo que la reacción inmediata suele ser de conmoción, paralización temporal y negación de lo sucedido, seguidas de aturdimiento, desorientación y sentimientos de soledad, depresión, vulnerabilidad e impotencia”.

Sobre los casos en la uniformada indicó que cuentan con la Orden General Capítulo 600, Sección 644 titulada “Investigación de Incidentes de Violencia Doméstica Involucrando Empleados.”

Explicó que la misma establece que los supervisores de precintos, distritos o divisiones del NPPR estarán alertas y documentarán cualquier conducta de sus subalternos relacionados a cualquier conducta abusiva, potencial indicador de violencia doméstica, incluyendo pero no limitado a agresividad (uso excesivo de fuerza), altercados físicos o verbales, denuncias de agresión injustificada, maltrato o crueldad contra animales.

Aprueban retirar la ponencia de fenecido presidente FUPO

La decisión se adoptó luego que durante un turno inicial, la presidenta de la Comisión, Jocelyne Rodríguez Negrón, solicitó el retiro de la ponencia sometida por el agente retirado y presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), Diego Figueroa Torres, en torno a esta resolución.

“En su ponencia, Figueroa Torres expresó que iba a ser un fiel colaborador para erradicar la violencia de género dentro del Negociado de la Policía de Puerto Rico. Cometió un acto, el cual nosotros hemos estado en completo desacuerdo, y que hemos estado aunando múltiples esfuerzos a través de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara para erradicar la violencia de género”, señaló Rodríguez Negrón Figueroa Torres, se recordó, perpetró un feminicidio contra una mujer y luego se suicidó el pasado 22 de octubre frente a la antigua Funeraria Nevares, en Río Piedras.

Las representantes Estrella Martínez Soto y Deborah Soto Arroyo secundaron la moción presentada por la presidenta de la Comisión para retirar el escrito.

Vea: Pierluisi, tras casos de violencia de género en Policía: se están cumpliendo los protocolos