Tras un programa piloto que la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno calificó como exitoso.

El Plan de Clasificación Uniforme para el servicio de carrera diseñado para empleados gubernamentales entrará en vigor en enero de 2023, tal y como fue programado y tras completarse un programa piloto que la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno (OATRH) calificó como exitoso.

Una ponencia presentada ante la Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno de la Cámara de Representantes, y firmada por Zahira Maldonado Medina, directora de la OATRH, detalló los resultados de dicho proyecto piloto. La misma fue presentada ante la comisión por el subdirector de la agencia, Gustavo Cartagena.

Indicó que el mismo se desarrolló en las áreas de Directoría de Presupuesto, Gerencia Publica, Tecnología y Sistema de Información, y Cumplimiento Fiscal en la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP); y en las áreas de Contabilidad Central, Tesorería, Análisis Económico y Administración de Servicios Tecnológicos del Departamento de Hacienda.

“Esto, con el objetivo de alinear las estructuras institucionales del gobierno con las nuevas exigencias de! mercado laboral, de modo que le permita al gobierno atraer, reclutar y retener el talento necesario, convirtiéndose así en un patrono competitivo” y como “antesala a su comienzo en el resto de las agencias en enero de 2023, con la asignación de las nuevas clasificaciones de puestos y sus correspondientes escalas salariales”, indicaron.

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Aseguraron, por otra parte, que se trató de un proceso sumamente técnico, con base “científica y justa”. Fue precisamente por la experiencia iniciada con el Proyecto Piloto, agregaron, “que se logró aumentar la partida del Plan de Retribución por año fiscal de $83 millones a $99 millones”.

Resaltaron entre los resultados del proyecto piloto, según la información provista por las agencias que formaron parte del mismo, que la mayoría de los empleados participantes recibieron alzas salariales.

“En la OGP un total de 60 puestos estaban comprendidos por el Piloto, y de estos 48 recibieron un aumento salarial, equivalente al 80%. Mientras que, en el Departamento de Hacienda, fueron 148 los puestos impactados, de los cuales 108 recibieron aumento salarial, equivalente al 73%. En total, 156 empleados recibieron aumento salarial, equivalente al 75% de ambas agencias”, indicaron los representantes de la agencia.

Aseguraron además que con este proyecto se identificó el salario competitivo en el mercado laboral para ajustar aquellos que se encontraban por debajo de este margen.

“Ningún empleado recibió un salario menor al que devengaba previo al inicio del Proyecto Piloto. Asimismo, se revisaron las funciones para asegurar que cada empleado tuviera una clasificación correcta de acuerdo con sus deberes y responsabilidades”, se aseguró.

Comisión Apelativa del Servicio Público

Ante la misma comisión compareció la Comisión Apelativa del Servicio Público, que además de denunciar las condiciones precarias en las que opera, informó que ha recibido cerca de 17 casos de reclamaciones relacionadas con el mencionado proyecto piloto.

“Estos casos se pueden categorizar de la siguiente forma: Apelaciones de personal de la OGP (9); Apelaciones de personal de Hacienda (6); Arbitraje de personal de Hacienda (1); Práctica ilícita de personal de Hacienda (1). Los casos fueron asignados y se encuentran en diferentes etapas del proceso administrativo. La mayoría de las alegaciones giran en torno a diferencias entre la clasificación otorgada y la clasificación que el/la empleado/a entiende es la correcta”, explicó Laudelino F. Mulero Clas, presidente del organismo.

Expuso que este organismo especializado en asuntos obrero-patronales y en el que se atienden las reclamaciones laborales de empleados del sector público, apenas cuenta con una plantilla de 35 empleados, de los cuales solo 18 atienden 8,727 casos activos.

Agregó que el presupuesto de la Comisión es de solo $2.5 millones, por lo que reiteró su solicitud de más recursos para la contratación de personal para poder agilizar el proceso de los casos.

Oposición y reservas a bajar edad de retiro en el Gobierno

Mientras tanto y en otra sesión de la misma la Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno de la Cámara, se presentó oposición y reservas a un proyecto de Ley que propone bajar la edad a la que pueden retirarse los empleados públicos y cobrar los beneficios acumulados hasta entonces.

Se trata del Proyecto de la Cámara 464, que específicamente busca que los trabajadores mayores de 62 años elegibles para los beneficios del Seguro Social puedan retirarse voluntariamente de su empleo y recibir los beneficios acumulados hasta la fecha de su retiro.

La oposición provino del Sistema de Retiro del Gobierno, cuyo director ejecutivo, Luis M. Collazo Rodríguez, advirtió que la aprobación de la medida, según fue radicada, podría “menoscabar potencialmente las negociaciones entre el Gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal para proteger el pago íntegro de todas las pensiones y otras medidas legislativas dirigidas a hacerle justicia a nuestros pensionados”.

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Señaló que “si la medida pretende adelantar la edad de retiro de todos los empleados que sean mayores de 62 años, no resultaría viable conforme a nuestra realidad económica. De la medida no surgen datos, estadísticas o estudios actuariales realizados para sustentar su aprobación. Tal y como está redactado, la aprobación de PC 464 conlleva un impacto actuarial que no fue debidamente presupuestado ni contemplado en las proyecciones fiscales”, recalcó.

Llamó además la atención al hecho de que la medida no es específica en cuanto a los empleados que serían elegibles para acogerse a ese retiro y a qué “beneficios acumulados” se refiere.

Agregó que “la medida hace alusión a que los participantes mayores de 62 años recibirán sus beneficios acumulados hasta la fecha de su retiro, pero no establece qué pasaría con esos beneficios luego de la fecha de su retiro”.

Una postura similar asumió la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) cuyo director ejecutivo, Juan Carlos Blanco Urrutia, indicó que “el proyecto podría tener un impacto fiscal en el contexto de la reorganización de las deudas de Puerto Rico bajo la Ley PROMESA, dado a que la Junta de Supervisión Fiscal adoptó una postura en el Plan Fiscal 2021-2022 de que resulta esencial reformar el sistema de retiro del Gobierno de Puerto Rico”.

En la misma línea se expresó también el asesor de asuntos legislativos de la AAFAF, Juan Peña Payano, que sostuvo que “desde el punto de vista fiscal, la medida requiere un análisis profundo sobre las implicaciones en el erario, particularmente a raíz de la aprobación de la Ley 53-2021, conocida como “Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico” y su impacto en cuanto a la Orden de Confirmación del Plan de Ajuste del Deuda del Gobierno Central, específicamente cómo se pudiesen afectar los recursos del Fondo General que se destinan para el pago de los beneficios de pensiones de los servidores públicos”.

Advirtió específicamente que el párrafo numero 79 de la Orden de Confirmación del Plan de Ajuste establece al Gobernador y la Legislatura una prohibición de legislar e implementar cualquier Ley, resolución, política o reglamento que razonablemente directa o indirectamente pudiese impedir con lo establecido en el Plan de Ajuste del Gobierno Central.

Finalizó con el señalamiento de que “si se concluye, que en base al análisis sugerido, la medida no es contraria a lo establecido en el párrafo número 79 de la Orden de Confirmación, ni tampoco impacta negativamente el presupuesto del Fondo General, en principio no tenemos objeción con su aprobación. De lo contrario, recomendamos que la medida sea revisada para atender los planteamientos señalados en esta ponencia”.