En una audiencia pública sobre el proyecto de la Cámara 1429, tanto la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público como la UTIER pidieron también límites a las emisiones de bonos por parte de la corporación pública.

La Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, así como la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), respaldaron con enmiendas el proyecto de la Cámara 1429, para crear la “Ley para la Reestructuración de la Deuda de la AEE” y pidieron que se incluya en la medida el rechazo a un aumento en la factura de los abonados para pagar a los bonistas.

Ante la Comisión de Energía de la Cámara, que preside el representante Luis Raúl Torres Cruz, la portavoz de la Comisión Ciudadana, Eva Prados (en representación del presidente de la entidad, José González Taboada), pidió la intervención de la Asamblea Legislativa en la reestructuración de la deuda de la AEE, ya que “ha quedado más que demostrado en el proceso de quiebra bajo Promesa que la Junta de Control Fiscal necesita de la Asamblea Legislativa para la legislación habilitadora de cualquier plan de ajuste de la deuda”.

Además, pidió que el proyecto sea enmendado para que “incluya un lenguaje que dé verdaderas garantías para la protección del pueblo de Puerto Rico y grupos más vulnerables en este proceso altamente legal, pero también político”.

También apoyó las recomendaciones del Instituto de Economía de la Energía y Análisis Financiero (IEEFA), que ha señalado que la vía para abordar la deuda de la AEE “es la cancelación de las reclamaciones a través de un plan de ajuste de la deuda que proponga una recuperación cero o mínima a los bonistas y que sean las aseguradoras e intermediarios financieros que apoyaron estas inversiones los que respondan. Procede la cancelación o un recorte sustancial de la deuda total de bonos, ya que no se puede pagar a los bonistas por encima de la reconstrucción y la eficiencia del sistema eléctrico”.

A su vez, exigió que “se debe ser claro en la total oposición a aumentos en tarifas para el pago a los bonistas, además de que se deben proteger y garantizar el pago de pensiones actuales y futuras”.

Jaramillo dice que medida “necesita más”

Mientras, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, opinó que la medida que se evalúa “necesita más”.

El sindicalista pidió que en el proyecto sean reconocidos los convenios colectivos, representantes sindicales y los derechos de los trabajadores de la AEE.

Al respecto, detalló que la pieza legislativa “debe rechazar enérgicamente cualquier acuerdo de reestructuración o acuerdo de acreedores que esté contenido en un plan de ajuste, que menoscabe o repudie los convenios colectivos de los trabajadores y sus derechos actuales como participantes del Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE”.

Además, solicitó que “no se menoscabe los convenios colectivos , así como sus derechos actuales como participantes del Sistema de Retiro”.

Igualmente, dejó establecida la necesidad de que haya una prohibición al poder de la emisión de bonos de la AEE, “que fue lo que la llevó a la quiebra”, a no ser que esté sujeto a la aprobación de la Asamblea Legislativa.

Figueroa Jaramillo también dijo que es recomendable permitir la participación ciudadana en el proceso de aprobación ante el Negociado de Energía “cuando haya que tomar dinero o emitir bonos”.

Advirtió que no aprobar este proyecto, “nos coloca a merced de otro acuerdo con los bonistas que pongan al pueblo a sufragar la deuda de la AEE mediante aumentos en las tarifas”.

La AEE tiene una deuda en bonos (“Power Revenue Bond”) y líneas de crédito de aproximadamente $9,000 millones.

Entre 1976 y 2016, la AEE emitió los PRB conforme a un contrato de fideicomiso con los bonistas, instrumento rector de los bonos de la AEE y que contiene disposiciones que rigen la emisión y pago, garantías y colaterales, el recibo de los ingresos por parte de la AEE y la aplicación de estos ingresos para el servicio de la deuda.

Aproximadamente $8.3 mil millones en monto de capital agregado de bonos de la AEE sigue pendiente de pago.

Según los “Official Statements” de las emisiones de bonos de la AEE desde 1991 hasta 2013 la corporación pública informó que pedía prestado con el propósito de mejoras de infraestructura y capitales, pero la corporación pública “entró en un patrón tóxico de refinanciamiento emitiendo deuda solo para pagar deuda vieja, extendiendo la vida de estos préstamos y pagando intereses sobre intereses”, sostuvo Prados.

“Las últimas emisiones de bonos se usaron mayormente para pagar a los bancos, refinanciar los bonos y pagar intereses, en lugar de la operación y mejoras al sistema de energía eléctrica de Puerto Rico”, dijo.

Además, consignó que la deuda de la AEE no ha sido auditada y existen señalamientos de ilegalidad.

“Uno de los informes preauditoría publicados por la ex Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público en 2016 concluyó que la entidad (AEE) autorizó emisiones de bonos en violación a una cláusula del ‘Trust Agreement’, que establece un límite a la deuda que la corporación pública tenía poder para emitir anualmente (del 2008 al 2013)”, acotó

Para evadir esta normativa, según Prados la AEE “infló artificialmente sus recaudos proyectados”, con el objetivo de “seguir emitiendo bonos, aunque no tenía la autoridad legal ni los ingresos necesarios para cumplir con esas obligaciones”.

Frente a esta situación, consideró que se configura un “planteamiento de nulidad”.

Han habido tres intentos fallidos de negociación con los bonistas para la reestructuración de la deuda de la AEE.

En la más reciente, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) optó, en septiembre de 2022, poner fin a las negociaciones con aseguradoras y bonistas de fondos de cobertura (fondos buitre, que son dueños de más de la mitad -53%- de la deuda de bonos que se está negociando).

Pero tras el huracán Fiona, las corporaciones multimillonarias solicitaron que se desestimara el caso del Título III de la AEE (la quiebra de la corporación pública) y se designara un síndico con el propósito de incrementar las facturas lo suficiente para pagarles el 100% de la deuda de los bonos.

La jueza federal Laura Taylor Swain determinó sin embargo no desestimar el caso para que se continúe con la mediación.

En el último intento de mediación, que finalizó en septiembre, los bonistas exigieron un repago mínimo de hasta 78.4% del valor de los bonos “y propusieron una tarifa mensual fija de $26 exclusivamente para pagar la deuda y que sería impuesto por los próximos 50 años”, declaró Prados.

Además, alertó que los bonistas proponen el llamado “instrumento de valor contingente”, que establece que si la AEE genera más recaudos de los proyectados, ese dinero vaya a los fondos buitre y no al mantenimiento del sistema eléctrico.