Pese a que la venta fue oficializada por DTOP, aseguran ahora que el terreno del parque le pertenecía al municipio de San Juan. El ayuntamiento lo niega.

El Parque Borinquen en Condado fue vendido por el Departamento de Transportación de Obras Públicas (DTOP) sin consultar a la comunidad y sin cumplir muchos criterios que resultan en su posible ilegalidad. Sin embargo, ahora la discusión ha pasado de eso, identificar quién era realmente el titular del parque.

Según planteó el arquitecto Pedro Cardona Roig ante una vista pública en la Cámara de Representantes que investiga el proceso de esta compraventa a un ente privado, el parque era propiedad del municipio de San Juan.

“Hay tres asuntos fundamentales: el primero de ellos es que el DTOP vendió una propiedad que no le pertenecía. Es una propiedad del municipio de San Juan y no tenía facultad para venderla, y la vendió a un ente privado. Aquí hay un problema ahora que hay un privado que tiene una propiedad que piensa que le pertenece”, expuso el arquitecto en un aparte con la prensa.

Es decir, según afirmó, si el municipio de San Juan era el dueño, el DTOP no tenían la capacidad para vender el mismo a las corporaciones Krug Properties LLC y Bayola Ventures por $145,000, equivalente a $810 el metro cuadrado, con el objetivo de construir un condominio residencial de hasta 12 plantas.

"El parque está actualmente inscrito en el Registro de la Propiedad a favor del municipio de San Juan desde el 1972 como parte de la finca 13,818", planteó el también urbanista en la vista pública.

En segundo lugar, dijo Cardona Roig, el parque le pertenece a la comunidad por cerca de 50 años.

“Tenemos la pérdida de un parque que la comunidad ha reclamado como suyo, y ha sido suyo por cerca de 50 años… de pronto se ha privatizado a través de esa venta que es nula”, expresó el arquitecto.

Cardona Roig planteó que aunque quizás la intención del DTOP no fue hacer un fraude, ese fue precisamente el resultado.

“Estamos ante un Estado que no está representado el interés público y velando por lo que son los derechos ciudadanos y esta cediendo un privilegio al venderle una propiedad que era del uso público”, puntualizó el urbanista.

El municipio de San Juan, aunque no acudió a la vista, luego afirmó que no eran titulares del terreno.

"Sobre el predio de terreno de referencia, su titularidad nunca fue registrada por el Municipio de San Juan a su favor. En cambio, durante la administración anterior de la alcaldesa Cruz Soto, en el 2019 cuando ocurrió la inscripción de titularidad a favor del DTOP, se pudo haber levantado algún argumento antes de que el gobierno estatal procediera a registrar dicho terreno, pero tampoco se hizo. Por lo tanto, al día de hoy, el Municipio de San Juan nunca tuvo, ni tiene titularidad debidamente registrada sobre dicho terreno", lee el comunicado de prensa del ayuntamiento.

Tras ausentarse, el municipio de San Juan será citado nuevamente bajo desacato a los trabajos de la vista pública conjunta de las Comisiones de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas que preside el representante José A. Díaz Collazo; y la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Ciudad Capital, Aguas Buenas, Bayamón, Cataño y Guaynabo.

Otra persona que explicó porqué la venta es ilícita fue el licenciado William Vázquez Irrizary.

“En el caso de que fuera una propiedad del gobierno central, quien tiene la autoridad para disponer de esa propiedad es el secretario del DTOP, de conformidad con los requisitos de la Ley (12-1965), siendo el primero que la venta se tiene que dar si la propiedad dejara de tener una utilidad pública”, explicó el licenciado en un aparte con NotiCel.

Para que un parque deje de ser útil, dijo el abogado, tendría que ser un escenario en el que no se pudiera reconocer ese espacio como un parque, una situación diferente a la presente.

“Aquí la verdad es que no se cumpliría porque claramente los testimonios que han dado la comunidad es que ellos lo han disfrutado hace décadas y lo estaban haciendo tan reciente como las pasadas semanas”, indicó Vázquez Irrizary.

El licenciado, quien tuvo acceso a los documentos suministrados por el gobierno, señaló que de los mismos no se desprende que haya una autorización por parte del gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, el Departamento de Hacienda ni el Departamento de Justicia.

“En este caso no hay evidencia de que se demuestre en el documento de que se cumplieron los requisitos”, sostuvo el abogado.

DRNA investiga posible envenenamiento de parque vendido en Condado

Otro problema que enfrenta el parque de Condado es el posible envenenamiento de árboles, que ha sido denunciado por la comunidad y está siendo investigado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

La secretaria interina del DRNA, Anaís Rodríguez, aseguró en vista pública en la Cámara de Representantes que la agencia no autoriza el envenenamiento de árboles. Sin embargo, luego de que un equipo del DRNA fuera al lugar a investigar, hay tres árboles en visible deterioro.

“El informe arroja que todo parece indicar una práctica de envenenamiento, si eso ha sido así vamos a imponer las sanciones correspondientes”, sostuvo Rodríguez.

De los tres árboles en el predio en controversia la secretaria interina de DRNA expuso que uno sigue vivo, otro está totalmente seco y no se pudo corroborar si estaba arruinado, y por último un árbol de almendra está totalmente seco y se observaron huecos en distintas partes del tronco, lo que puede indicar envenenamiento.

Las multas van de primera incidencia a $50 y segundas incidencias puede ir hasta $50 mil.

“Entendemos que hay una presunción de que (la responsabilidad) es del dueño del predio”, dijo a preguntas de la representante Mariana Nogales Molinelli.

Aunque aún no hay fecha, se espera una segunda vista pública con la presencia del municipio de San Juan y la empresa privada, las corporaciones Krug Properties LLC y Bayola Ventures, a la cual se le vendió el terreno por $145 mil.