La Cámara de Representantes quiere utilizar una facultad que la Legislatura tiene en ley desde 2000 para revisar y delimitar el alcance de las órdenes ejecutivas que se basan en emergencias.

Miembros de las delegaciones camerales de los partidos Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Popular Democrático (PPD) e Independentista Puertorriqueño (PIP) sometieron una resolución concurrente para delimitar el alcance que tiene la orden ejecutiva mediante la que el Gobernador estableció "métodos alternos" de compras relacionadas con la reconstrucción de la isla.

La movida inusual se basa en la facultad que la Ley 76 de 2000 le concedió a la Asamblea Legislativa para, "de entenderlo necesario, (pasar) juicio sobre el contenido de (las órdenes ejecutivas que declaran emergencias) y podrá delimitar sus alcances a través del mecanismo de la Resolución Concurrente".

El 9 de junio pasado, NotiCel publicó que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia había emitido la Orden Ejecutiva 2022-31 mediante la que ordena que los procesos de compra y contratación relacionados con proyectos de reconstrucción se puedan llevar a cabo a través de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), en vez de solo por la Administración de Servicios Generales (ASG). Sin embargo, eso sucedió sin que se enmendara la Ley 73 de 2019, que directamente mandata que todos los procesos de compras y contratación de reconstrucción se realicen a través de ASG, sin excepción.

En ese momento, conocedores del proceso de desembolso de fondos federales alertaron que la orden ejecutiva podía poner en peligro la autorización de esos fondos porque se supone que la jurisdicción adjudique los trabajos según su estatuto y una orden del gobernador no podía cambiar la ley que centralizó las compras en la ASG.

La delimitación que establecería la Resolución Concurrente de la Cámara 57 es que donde la orden del Gobernador mandata a que las agencias utilicen los procesos de compra de AFI, AEP, o ACT, ahora diría que lo que esas dependencias darían sería solo "asesoría y asistencia técnica". Y donde dice que AFI, AEP, y ACT tienen que someter informes trimestrales sobre las compras que hagan en nombre de otras agencias, ahora diría que tienen que informar sus ofrecimientos de asistencia y asesoría.

“Es evidente el abuso del Gobernador del mecanismo de las órdenes ejecutivas en medio de un gobierno compartido. Con esta resolución buscamos frenar ese exceso del Ejecutivo y salvaguardar la política pública vigente sobre compras y contrataciones gubernamentales. Si por alguna razón se entiende necesario revisar los trámites actuales, lo que procede es presentar un proyecto o una enmienda a la ley, pero no ingeniarse una orden ejecutiva contraria a la legislación vigente. Al actuar así, se violenta el balance de poderes gubernamentales pero además se expone a las agencias a señalamientos locales y federales por incumplir con legislación aplicable”, dijo el propulsor de la resolución concurrente, y representante por el MVC, José Bernardo Márquez Reyes.

Según la exposición de motivos de la resolución que suscriben Márquez Reyes, Mariana Nogales Molinelli (MVC), Jesús Manuel Ortiz González (PPD) y Dennis Márquez Lebrón (PIP), "claramente viola" la Ley 73.

Apunta también que la orden ejecutiva coloca a las agencias "en un estado de incertidumbre legal y administrativa, además de exponerles a señalamientos de las autoridades locales y federales por incumplir con legislación vigente y aplicable" y que el Gobernador violentó la separación de poderes, su obligación constitucional de cumplir y hacer cumplir las leyes y las disposiciones constitucionales sobre la forma en que se aprueban las leyes.

"[D]e existir la necesidad de que las agencias realicen compras y subastas mediante procesos alternos a los de la ASG para los proyectos de reconstrucción, el Gobernador ha tenido a su alcance tres sesiones legislativas enteras para dialogar al respecto con la Cámara de Representantes y el Senado, así como proponer legislación al respecto. Ese es el proceso que dispone nuestra Constitución, ese es el estado de Derecho en Puerto Rico y así es que funciona un gobierno democrático con un sistema de pesos y contrapesos entre las tres ramas", concluye la resolución referida a la Comisión para la Preparación, Reconstrucción y Reorganización ante una Emergencia que preside Luis "Narmito" Ortiz Lugo.

En una carta el 1 de julio, la Junta de Supervisión Fiscal aprobó la orden ejecutiva con la condición de que se le sometan las regulaciones que va a emitir la Oficina de Gerencia y Presupuesto para que las agencias que no quieran pasar por ninguna de las alternativas en la orden, desarrollen sus propios procesos de compra.

Para ver la resolución, pulse aquí.

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