La Asamblea Legislativa se metió en los procesos de compra de una agencia para ordenarle específicamente qué artículos comprar, bajo qué mecanismo de adjudicación y decretando las cualificaciones técnicas de los equipos.

En una movida que parece no tener precedente, la Asamblea Legislativa aprobó una resolución conjunta que, de ser firmada por el Gobernador, le ordenaría a una agencia comprar unos artículos específicos, utilizando un mecanismo de adjudicación específico y enumerándoles las especificaciones técnicas que tienen que tener los artículos comprados.

Además del ejercicio llamativo de poder legislativo que representa, la Resolución Conjunta de la Cámara 323 (RC de la C 323) resalta porque los artículos que ordena comprar ya fueron objeto de una determinación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que detuvo una orden de compra mediante la que el Departamento de Educación (DE) adquiriría 28,000 purificadores por $36.3 millones a la empresa Camera Mundi LLC.

El año pasado, la compra fue objeto de controversia pública y se convirtió en un elemento que puso en duda la apertura de las escuelas para el nuevo semestre escolar. La orden de compra fue también objeto de una impugnación en el Tribunal de Apelaciones por dos de las empresas perdidosas, pero ese foro dispuso del caso en agosto de 2021 por convertirse en académico, después de que la Junta emitiera su juicio de que el proceso que se siguió fue "deficiente", no "promovió la competencia en el mercado" y que Camera Mundi no cumplía con todos los requisitos que estableció Educación.

Este año, cuando el gobierno ha disminuido notablemente sus medidas de control de la pandemia y cuando ya hay vacunas aprobadas para menores de edad, la resolución ordena a Educación "implementar dentro de 90 días un sistema de desinfección de aire y superficies en todas las escuelas públicas", utilizando fondos federales mediante "un proceso de solicitud de propuestas (RFP)". En una subasta, la agencia describe el equipo a comprar, recibe licitaciones simultáneas y adjudica al mejor postor. En un RFP, la agencia recibe licitaciones simultáneas pero puede entrar en un proceso de negociación con cada licitador antes de hacer la adjudicación final. La resolución enumera cuáles son las calificaciones técnicas con las que tiene que cumplir el equipo comprado y son menos que las que originalmente estableció Educación en la orden de compra para la que la Junta dijo que Camera Mundi no cumplía completamente.

La medida aprobada el 30 de junio, último día para aprobación, dice que será "un criterio ineludible" el que el licitador seleccionado "certifique bajo juramento que cuenta con el inventario de equipo disponible para instalarse en las facilidades correspondientes". Los equipos deben ser instalados en 90 días, pero la resolución dice que el RFP se tiene que completar en 30 días, por tanto, este "criterio ineludible" apunta a que Educación solo puede comprarle a una empresa que ya tenga los equipos en Puerto Rico listos para ser instalados, o que pueda conseguirlos en tan solo semanas en medio del disloque de suministros que se sufre a nivel mundial.

La resolución dice que "prevalecerá sobre cualquier otra disposición de Ley, al tratarse de una compra excepcional para todos los fines legales pertinentes", lo que implica que va por encima de la ley de la Administración de Servicios Generales que centraliza las compras del gobierno en esa agencia, de la orden ejecutiva que establece una emergencia en el DE y de la más reciente orden ejecutiva que crea "métodos alternos" de compra para agencias como Educación.

Los coautores de la resolución son el presidente cameral Rafael Hernández Montañez, del Partido Popular Democrático, y el expresidente cameral, Carlos Méndez Núñez, del Partido Nuevo Progresista. Fue radicada el 21 de abril, descargada al pleno el 17 de mayo y aprobada el 24 de mayo unánimemente. Hubo ausentes y una abstención, pero entre los votos a favor estuvo el de Héctor Ferrer Santiago, quien como presidente de la Comisión de Anticorrupción e Integridad Pública había solicitado el año pasado a distintas agencias documentación sobre la compra a Camera Mundi. También votó a favor Deborah Soto Arroyo, presidenta de la Comisión de Educación, quien el año pasado dijo que no descartaba investigar la compra.

En el Senado, fue descargada el 16 de junio y aprobada ese mismo día con enmiendas en sala. El 21 de junio se solicitó reconsideración, fue descargada otra vez el 24 de junio y aprobada ese mismo día solo con el voto en contra del senador independiente José Vargas Vidot y la independentista María de Lourdes Santiago Negrón. Entre la versión radicada inicialmente y la versión final, se le quitó al Secretario de Educación la facultad de "tomar todas las medidas necesarias para implantar la resolución", se añadió que los equipos tenían que cumplir con requisitos de la American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), se añadió que el Secretario rindiera informes a los cuerpos legislativos de cada etapa de la adjudicación y también se añadió la salvedad de que la resolución no puede interpretarse como "una liberación de responsabilidad jurídica" para las personas que intervengan en el proceso de adquisición e incumplan con sus responsabilidades.

La resolución ocurre cuando agencias locales y federales tienen bajo análisis el proceso que se siguió el año pasado para la orden de compra de Camera Mundi. Una de ellas, la Oficina del Inspector General dijo a NotiCel que "mantiene varios procesos de intervención que incluyen (al DE), sin embargo, imperativos legales impiden ofrecer detalles". Añadieron que "es importante que los empleados del DE o de las entidades de la Rama Ejecutiva, que tengan información sobre irregularidades en el uso de fondos públicos" se comuniquen con la oficina a informa@oig.pr.gov.

De los coautores, Méndez Núñez no contestó llamadas de NotiCel, mientras que Hernández Montañez planteó que no considera la resolución una "medida controversial" y que la recibió con todo el detalle de las especificaciones técnicas ya incluido. "Literalmente, no le cambiamos nada (al borrador)", dijo.

Hernández Montañez alegó que es un proyecto "por petición" pero que no se identificó como tal porque fue un "grupo de padres" o un "grupo de maestros" el que la trajo, pero no recuerda qué grupo y no fue una "institución" o entidad formal organizada. Se le recordó que cualquier proyecto por petición, así sea de una sola persona, se supone que esté identificado como tal y lo aceptó, pero no ofreció más razones de por qué la resolución no estuvo identificada así.

Se enfocó también en argumentar que la resolución busca que las escuelas públicas tengan un equipo similar al que observó en una visita que hizo al Pentágono, y se le recordó que lo fuera de lo común de la medida no es el tipo de equipo sino que se le esté ordenando a una agencia, desde la Legislatura, realizar una compra específica. "Tampoco es común estar en una emergencia en el tema de salud", ripostó y enfatizó en que la resolución "necesita la firma del Gobernador (y) si él ve algo que le afectaría, la puede vetar".

"Cuando lo radicamos, nadie vino a oponerse", argumentó al hacer referencia a vistas públicas y a las vistas de 'mark up' que usualmente se hacen en la Cámara. Sin embargo, la resolución no pasó por ninguna de los dos tipos de vista y fue descargada al pleno sin informe de comisión. "Si fue descargada, tiene que haber sido con los votos de todo el mundo", defendió.

"Lo único que me acuerdo es discutirlo con Johnny (Méndez Núñez). No le vi, y yo soy bien malicioso, no lo vi con ningún tipo de malicia cuando lo vi por primera vez", expresó.

Para ver la resolución, pulse aquí.

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