Mientras, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y la Asociación de Bancos presentaron objeciones a la medida.

Juan Antonio Rolón Rivera fue sentenciado en el 1989 a cumplir una sentencia de ocho años. 17 años después de haber cumplido la misma logró eliminar el antecedente penal luego de un largo y costoso trámite legal. Sin embargo, al presente, Rolón Rivera sigue enfrentándose a un discrimen laboral al momento de buscar empleo.

De hecho, a pesar de seguir sus estudios de Trabajo Social y graduarse de dicho bachillerato, no ha podido ejercerlo porque se le discrimina por sus antecedentes penales.

“Si luego de haber transcurrido en mi caso más de treinta y tres (33) años de haber sido convicto, más de veinte y cinco (25) años de haber cumplido y más de ocho (8) de haber eliminado ese expediente y todavía se me continúa privando de oportunidades de trabajo y sustento, ¿cuántas personas más están en esa misma situación?”, cuestionó Rolón Rivera.

Precisamente esto es lo que busca remediar el Sustitutivo a los Proyectos del Senado 144 y 147 que persiguen establecer como política pública en Puerto Rico la prohibición del discrimen, por parte del patrono, contra los empleados y candidatos a empleo con antecedentes penales.

Durante la vista pública de la Comisión de Asuntos Laborales en la Cámara de Representantes, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) avaló la medida.

“No hay duda de que las exclusiones que crea el discrimen que sufren las personas por razón de sus antecedentes penales, a pesar de ya haber cumplido su pena, obstaculizan cualquier oportunidad de progreso y rehabilitación. Precisamente, esta propuesta legislativa busca erradicar dicha problemática, y crea una protección clara del derecho de los ciudadanos a rehabilitarse”, explicó la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, en su ponencia.

La ejecutiva del DCR destacó que la eliminación de requerir un certificado de antecedentes penales ayudaría a las personas que cumplieron una pena a competir en el mercado laboral.

Mientras, la organización comunitaria Taller Salud también avaló la pieza al encontrar discriminatorio el que se soliciten los antecedentes penales al momento de buscar trabajo.

"El esquema de contratación actual en Puerto Rico, por medio de la certificación de antecedentes penales, establece una práctica discriminatoria que atenta contra la dignidad humana y condena a las personas a vivir en precariedad.Esta práctica discriminatoria es nefasta para el país, por la importancia del empleo en el desistimiento del delito y en la consolidación de una sociedad inclusiva, equitativa y próspera. El referido proyecto de ley reconoce esta precariedad y le otorga la facultad a los patronos para inquirir sobre los antecedentes penales, luego de realizada la oferta condicionada de empleo", expresó la directora ejecutiva de Taller Salud, Tania Rosario

La directora ejecutiva de Taller Salud recomendó que se debe establecer en la medida legislativa que, cuando se hace referencia a que el patrono no puede “inquirir” sobre antecedentes penales antes de extender una oferta condicionada de empleo, esto no se limita a pedir un certificado de antecedentes penales en el proceso de evaluación, sino que se extiende a cualquier tipo de solicitud por parte del patrono a estos efectos, ya sea en la solicitud de empleo, en la entrevista de manera verbal, o por cualquier otro medio.

DSP y Asociación de Bancos presentan preocupaciones de la medida

La representante legal del DSP, Estrella Mar Vega Soto, indicó que hay varios elementos que le preocupan de la medida que pueden trastocar la seguridad.

“El Estado debe armonizar el derecho constitucional a la rehabilitación unido a la autosuficiencia, sin excluir el igual importante ámbito de seguridad pública, en cuanto al tiempo razonable que una persona se le debe exigir para demostrar que no volverá a una conducta criminal. Bajo esa premisa, entendemos que, ya nuestro ordenamiento jurídico provee salvaguardas legales para la reinserción de la persona con antecedentes penales’’, dijo Vega Soto.

Ante esto, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, el Domingo Torres García y el representante Denis Marquez Lebrón instaron al DSP a que haga un análisis correcto de la pieza.

“Les solicitamos que vuelvan a someter otra ponencia a la Comisión, ya que no va acorde al decrétase del proyecto. De igual forma, lo que exponen en la ponencia actual demuestra la poca comunicación que sigue existiendo entre agencias, en este caso, Corrección. Al final del día, todos debemos perseguir el mismo objetivo, brindarles una segunda oportunidad a todas estas personas en el mundo laboral’’, señaló Torres García.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, Zoimé Álvarez Rubio, expuso que una de las razones principales para su objeción con la legislación fue sobre la sección 19 del estatuto, que permitiría la eliminación automática en el certificado de antecedentes penales de convicciones por delitos menos graves, transcurridos seis meses y delitos graves, transcurridos cinco años, con algunas excepciones.

“Esto haría aún más complicado para nuestros bancos analizar la capacidad moral de una persona para un empleo según se le es requerido por las leyes y reglamentos federales’’, expuso Álvarez Rubio.

El Sustitutivo a los Proyectos del Senado 144 y 147 ya fue aprobado en el Senado con 26 votos favor y ninguno en contra. La autora de la pieza es la senadora Joanne Rodríguez Veve.

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