La ahora Ley 30-2022 es de la autoría del representante Denis Márquez Lebrón.

El Proyecto de la Cámara 467, que aclara los términos para cualificar para la consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra en los casos de menores procesados como adultos, fue convertido en ley por el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia.

El autor de la pieza, el representante Denis Márquez Lebrón, explicó que, tras convertirse el ley, en los casos en que se imponga a un menor de edad procesado y sentenciado como adulto, una sentencia por más de un delito a ser cumplida de manera consecutiva, el término para cualificar ahora será calculado tomando solamente como base la pena del delito mayor.  En caso de que la pena más alta a cumplirse sea idéntica para dos o más delitos, se utilizará el término de uno solo de ellos, independientemente si la ley en virtud de la cual resulta convicto sea una ley especial.

“En Puerto Rico no existe la cadena perpetua, la sentencia más larga contenida en el Código Penal es de 99 años pero muchas veces se imponen sentencias consecutivas que pueden sumar cientos de años y que, en efecto, constituyen sentencias de por vida sin posibilidad de libertad bajo palabra. En los casos de menores de edad procesados y sentenciados como adultos esta situación se agudiza y resulta en un castigo cruel e inusitado, ya que la capacidad de los menores para decidir no incurrir en conducta delictiva está disminuida por la realidad biológica y social de que, antes de cumplir la mayoría de edad, ni el cerebro ni la capacidad cognoscitiva de una persona están plenamente desarrollados”, expresó el también portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Los representantes Mariana Nogales Molinelli, Orlando Aponte y José “Quiquito” Meléndez figuraron como coautores de la ahora nueva Ley 30-2022.

Un proyecto similar, el Proyecto del Senado 437, que flexibiliza requisitos de libertad bajo palabra a confinados, fue aprobado en el Senado pero aún quedó pendiente de acción posterior en la Cámara de Representantes.

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