Las enmiendas a la Ley de Armas que la Cámara de Representantes está a punto de aprobar caen como anillo al dedo para controversias legales que tiene el dueño de CODEPOLA, entidad que ha cultivado a políticos del PPD y el PNP para flexibilizar la tenencia de armas en la isla.

La discusión sobre si la Ley de Armas debe permitir que la persona porte dos armas de fuego a la vez, en vez de solo una, haría pasar por debajo de la mesa otros cambios que van como anillo al dedo a resolver problemas legales que tiene en sus negocios personales Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, Inc. (CODEPOLA).

En medio del reavivamiento en Estados Unidos de los reclamos para limitar la propagación de armas de fuego después de dos masacres en menos de un mes que resultaron en la muerte de 19 niños y 12 adultos, la Cámara de Representantes se apresta a votar sobre el tercer sustitutivo del Proyecto de la Cámara 575, de la autoría del popular Ramón Luis Cruz Burgos y el penepé José Enrique Meléndez Ortiz, que enmienda la Ley de Armas por segunda vez en menos de dos años.

El proyecto contiene cambios que, según récords judiciales, beneficiarían a Torres Meléndez en casos que tiene contra la Policía y el Departamento de Hacienda por la operación de una armería en Trujillo Alto y la incautación de decenas de armas de fuego. En una declaración jurada que sometió al tribunal, el propio Torres Meléndez admitió que las enmiendas lo benefician en su caso legal. Torres Meléndez ha tenido problemas administrativos y legales por tener armería muy cerca de planteles escolares y por importar municiones sin tener licencia para ello.

Torres Meléndez y CODEPOLA, creada en 2014, son los propulsores principales de la flexibilización de la Ley de Armas. La organización ha dicho en documentos legales que tiene más de 10,000 miembros y su trayectoria ha sido la de usar sus convenciones para darle premios a políticos, aunque Torres Meléndez no aparece registrado haciendo donativos políticos directamente. Su estrategia política es similar a la que sigue en Estados Unidos la Asociación Nacional del Rifle (NRA), que utiliza la fuerza de su membresía para mantener a raya cualquier intento de restringir la venta y posesión de armas de fuego.

Tan reciente como en 2020, CODEPOLA consiguió que la Ley de Armas fuera flexibilizada para eliminar el tope en la compra de balas, de manera que toda persona con licencia puede comprar todas las balas que quiera y las autoridades solo tienen justificación para investigarlo cuando compra más de 20,000 balas en un año.

Como parte de ese empuje de 2020, CODEPOLA premió al expresidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y a la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced, quien recogió el premio junto con su esposo, el entonces juez superior, Jorge Díaz Reverón. Incluso, la primera aparición pública de Vázquez Garced después de dejar la gobernación, fue como instructora en un curso de CODEPOLA. Otra figura política vinculada a CODEPOLA es el exalcalde popular de Guayanilla, Nelson Torres Yordán, quien formalmente tiene contrato para asesorar al presidente cameral, Rafael Hernández Montañez.

Este año, en su convención en abril, el homenajeado fue el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Luis "Narmito" Ortiz Lugo, quien dijo a la matrícula de la organización que "Puerto Rico los necesita" y se declaró un "colaborador incondicional" que va a dar la batalla por ellos "a la buena o a la mala". Torres Yordán presta servicios de asesoría a Ortiz Lugo también.

En el programa Ahí está la verdad, el jueves pasado, Ortiz Lugo asumió la defensa del proyecto de enmiendas y se concentró en el cambio de la doble portación porque dijo que el criminal no tiene licencia y anda por la libre en el uso de armas, pero al ciudadano que se regula con el estado "tenemos que ponerle siempre la horca en el cuello para liquidarlo". En la misma transmisión, Torres Meléndez afirmó que las enmiendas son "de beneficio para todos los ciudadanos, para todos los puertorriqueños" y que el propósito de CODEPOLA es buscar que la Ley de Armas "sea menos oneros(a) y Puerto Rico poco a poco se vaya atemperando a licencias como el estado de Florida y otros estados de la nación americana". Puso como ejemplo que en Florida ir a un campo de tiro a practicar "es como ir a un campo de golf... y así debe ser en Puerto Rico".

Ni Ortiz Lugo ni Torres Meléndez, sin embargo, mencionaron los elementos de las enmiendas que ayudarían a este en sus casos.

Según expedientes judiciales, agentes de la Policía y del Departamento de Hacienda hicieron inspección el 20 de septiembre de 2021 de la armería Shooters Sports Armory, que Torres Meléndez preside y que ubica en el edificio del antiguo Tribunal de Primera Instancia en Trujillo Alto. Allí le emitieron notificación de la revocación de su licencia de armero porque el local está ubicado en una distancia menor a la que la ley provee que debe estar una armería de un plantel escolar. Las armas que había en el local acabaron en el depósito de armas de la Policía. Por otro lado, Torres Meléndez nunca pudo tener posesión de un cargamento de municiones que Hacienda le incautó en el puerto en junio de 2021 porque no tenía licencia de traficante, que es una licencia distinta a la de la armería.

Dos días después de la inspección y correspondientes notificaciones, Torres Meléndez sometió una primera demanda que el juez Anthony Cuevas Ramos desestimó en diciembre de 2021 porque todavía no se habían agotado los procesos administrativos para que se revisaran las determinaciones de las agencias. En enero de 2022, Torres Meléndez volvió a recurrir al tribunal alegando violación de derechos en el foro administrativo, pero en febrero el juez Antonio Martínez Piovanetti desestimó la demanda porque, otra vez, el tribunal todavía no podía tener jurisdicción sobre un asunto que está ante los foros administrativos.

También en enero de este año, Torres Meléndez presentó un tercer recurso, pero no sobre la revocación de licencias sino relacionado a un polígono que CODEPOLA quiere establecer en Salinas, por encima de la objeción de la comunidad. Específicamente, el reclamo judicial fue en contra del requisito de la Ley de Armas de condicionar la licencia del polígono a la obtención de un seguro de responsabilidad pública por $500,000. Casi de inmediato, Martínez Piovanetti desestimó también este recurso porque, aunque el argumento del demandante era que no podía conseguir la póliza, de una declaración jurada que sometió surgía que tenía posibilidad de conseguir la póliza en el mercado excedente.

Si la Cámara aprueba las enmiendas en el sustitutivo, en vez de que la armería tenga que estar a una milla de un plantel escolar, podría estar a solo 250 metros de un plantel escolar, lo que va directamente a la razón que tuvo la Policía para intervenir con la armería de Torres Meléndez en Trujillo Alto, la cual está a menos de una milla de cuatro planteles. Como secuela a la masacre en la escuela elemental en Uvalde, Texas, Torres Meléndez se tomó la iniciativa de proponer que los maestros de Puerto Rico sean armados, lo que los grupos magisteriales rechazaron.

También, una enmienda dispondría que a quien se le haya revocado su licencia puede retener la "titularidad" de las armas para poder traficarlas con otra persona que tenga licencia, lo que va a las armas que se le incautaron a Torres Meléndez en medio de un proceso que puede resultar en la revocación definitiva de su licencia.

Con las enmiendas, la Policía no podría inspeccionar las armerías cada seis meses, sino cada año. Actualmente, las armas de Torres Meléndez en el depósito de la Policía generan un cargo por almacenamiento que la agencia le puede cobrar pero, con las enmiendas, "los armeros que, para corregir deficiencias, utilicen el Depósito de Armas y Municiones, no pagarán por el almacenamiento y custodia de sus armas y municiones".

En cuanto al problema que tiene con el seguro para la licencia del polígono, las enmiendas reducen la cantidad de la póliza de $500,000 a $250,000 y también permitirían que el solicitante ni siquiera tenga que conseguir la póliza si certifica que tiene una "cuenta reservada (con no menos de $250,000) exclusivamente para pagar cualquier lesión sufrida por un practicante en sus facilidades" y se coloca un rótulo en el local que advierta "que las facilidades no están aseguradas por una compañía de seguro".

Hay otras dos enmiendas que no van directo a situaciones pendientes de Torres Meléndez, pero sí pueden tener consecuencias amplias en el procesamiento de casos criminales que tengan que ver con armas, incluyendo casos que ya estén en tribunales al momento en que las enmiendas se conviertan en ley.

Primero, cambia la definición de "portación" para añadir que la frase de que el arma está al "alcance inmediato" de la persona solo se entenderá como "al alcance de su mano y la transportación de las mismas". Esto tiene el resultado de eximir de consecuencia penal a conducta que hoy es delito y que, incluso, puede limitar las circunstancias en que se activa la jurisdicción federal en casos de armas.

Segundo, lo que se entiende como "posesión de armas de fuego sin licencia" cambia para eximir de delito a aquellos que son sorprendidos en posesión de armas de fuego con su licencia vencida, pero puedan demostrar que solicitaron la renovación dentro del término provisto por ley. Esto trastoca la función que tiene la licencia de controlar la posesión de armas solo a aquellos que tengan una licencia vigente porque, con la enmienda, aunque la licencia esté vencida no cometería delito si está en proceso de renovación. Además, si la persona no ha solicitado renovación, su penalidad queda reducida a multa.

En el caso que presentó en enero por la intervención de los agentes en su armería y sobre el requisito del seguro, Torres Meléndez sometió una declaración jurada para convencer al tribunal de la urgencia de su reclamo. Como parte de sus argumentos, afirmó que "en una reunión con la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes, mientras se discutía las próximas enmiendas a La Nueva Ley de Armas de 2020, se habló sobre eliminar dicho requisito (del seguro) ya que imposibilita el obtener el permiso". "[N]o se puede esperar a la aprobación a dichas enmiendas ya que este proceso puede ser uno extenso y burocrático e imposibilita la práctica del negocio el cual se ha invertido una suma de dinero cuantiosa y esfuerzo para poder abrir y operar el negocio", añadió.

La declaración jurada tiene fecha del 18 de enero de 2022 y el 15 de marzo apareció en el tercer proyecto sustitutivo la enmienda para poder obviar el requisito de la póliza de seguro.

Además de CODEPOLA y Shooters, Torres Meléndez es oficial de las corporaciones Public Educational Training and Security Institute Inc. (PETSI) y Puerto Rico Shooting Academy LLC, todas son con fines de lucro.