Ahora la medida tendrá un informe positivo de la Comisión de Gobierno y eventualmente pasará a votación final en la sesión de la Cámara de Representantes.

Con el aval de la Comisión de Gobierno cameral del Proyecto del Senado 357 se encuentra a un paso más cercano la prohibición de la contratación gubernamental a personas declaradas culpables bajo juramento de delitos contra la integridad pública.

La medida fue aprobada con 11 votos a favor en la vista de consideración final de la Comisión de Gobierno, por lo que procede un informe positivo y posteriormente ir a votación final en el pleno de la Cámara de Representantes.

En esencia, el Proyecto del Senado 357 busca enmendar la Ley 237 del 2004, conocida como la “Ley para Establecer Parámetros Uniformes en los Procesos de Contratación de Servicios Profesionales y Consultivos para las Agencias y Entidades Gubernamentales del ELA” para intentar evitar la comisión de delitos contra la integridad pública.

Según el autor de la medida, el senador Ramón Ruiz Nieves, al presente la Ley 237 tiene un vacío estatutario que permite que una persona que disfruta del privilegio de inmunidad contra procesamiento puede continuar lucrándose de la contratación gubernamental sin asumir ningún tipo de consecuencia por sus conductas delictivas.

"Así, un contratista podría declararse culpable de delitos contra la integridad pública o malversación de fondos públicos, declarando o admitiendo la comisión de los mismos en dicho proceso, no pagar ninguna consecuencia penal y mantenerse habilitado para propósitos de la contratación gubernamental", se reclama en la exposición de motivos de la pieza.

Las senadoras Migdalia González Arroyo y Marially González Huertas son coautoras de la pieza.

Ya el Proyecto del Senado 357 fue aprobada por el Senado el pasado 22 de marzo con 19 votos a favor, seis abstenidos y dos ausentes.