Mientras, ASG sostuvo que UPR ha incumplido con la ley.

La presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Mayra Olavarría Cruz, abogó por la aprobación del Proyecto de la Cámara 1281, que persigue excluir a la institución de la aplicabilidad total de la Ley 73 del 2019, conocida como la Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno.

La medida fue radicada a petición de la propia UPR, ya que la implementación de la Ley 73 ha traído “nefastas consecuencias para la operación de la Universidad”, según su presidenta interina.

“Estamos en una situación muy incómoda, muy difícil”, expresó Olavarría Cruz al destacar que su presupuesto es de $500 millones, cuando se había solicitado un mínimo de $621 millones.

Según la administración de la UPR, la implementación de la Ley 73 ha aumentado significativamente los gastos de compra en la institución y la ha expuesto a la pérdida de $161 millones anuales en fondos externos de investigación, así como $621 millones en fondos de recuperación.

La rectora del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), Ilka Ríos Reyes, coincidió con los reclamos de Olivarría Cruz al desglosar las implicaciones negativas que ha tenido en la institución como la dificultad de encontrar licitadores dispuestos a hacer negocios; efecto adverso en la rigurosidad y responsabilidad científica, se afecta la adquisición de equipos; dificulta las compras de urgencias o para las cuales se requiere adquirir el bien o material científico, entre otros.

"Estamos perdiendo oportunidades, y hasta podemos correr el riesgo de desplazamiento por parte de universidades privadas para llevar a cabo los trabajos que en la UPR hacemos o podemos hacer”, denunció la rectora del RCM.

ASG denuncia incumplimiento de la UPR

Mientras, la administradora de la Administración de Servicios Generales, la licenciada Karla Mercado, denunció que la UPR no está cumpliendo con la Ley 73.

Incluso, bajo las preguntas del presidente de la Comisión de Gobierno, el representante Jesús Manuel Ortiz, la directora interina de la Oficina de Compras de la UPR, María Cortés, confirmó las denuncias.

“Correcto” respondió Cortés ante la pregunta de si la UPR no ha cumplido del todo con el proceso impuesto por la Ley 73.

Esto a pesar de que la licenciada Mercado aseguró que se les brindó el asesoramiento y talleres necesarios para evitar estas irregularidades.

“Creo que aquí es evidente que hay una controversia entre los procesos que tiene que hacer la universidad y las posibilidades de cumplir con la Ley 73”, destacó el presidente de la Comisión de Gobierno. “Obviamente mientras ese sea el estado de derecho la universidad tiene que cumplir, aunque entendamos que no es razonable (...) esto no es opcional”, agregó.

El Proyecto de la Cámara 1281 fue presentado el pasado marzo por el presidente cameral Rafael “Tatito” Hernández Montañez junto con los representantes José “Conny” Varela y Carlos “Johnny” Méndez.