La medida propone que cualquier entidad gubernamental concernida tenga la autoridad para presentar un recurso extraordinario para solicitar la demolición de obras construidas ilegalmente.

Con el fin de atender las construcciones realizadas ilegalmente en la Reserva Nacional Estaurina de Bahía de Jobos en Salinas, la Resolución de la Cámara 331, radicada ayer, lunes, busca ordenar a la Junta de Planificación (JP), a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y al Consorcio de Permisos CCVS de los municipios de Cayey, Coamo, Villalba y Salinas a realizar los esfuerzos necesarios para presentar un recurso extraordinario en representación del interés público a los fines de solicitar la demolición en el área protegida.

“La Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico confiere a la JP, así como a cualquier entidad gubernamental concernida, municipio autónomo o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del gobierno, autoridad para presentar un recurso extraordinario para solicitar la demolición de obras construidas ilegalmente en representación del interés público,” expresó el autor de la medida, el representante Denis Márquez Lebrón.

Durante las vistas públicas de la Comisión de Recursos Naturales, el el portavoz cameral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) había cuestionado la postura de la JP al alegar no tener jurisdicción.

“El artículo 14.1 de la ley para la Reforma del Proceso de Permisos establece claramente que la JP, incluyendo el Consorcio, tienen la responsabilidad y el poder de llevar a cabo la acción de eliminar las construcciones ilegales en la zona de Bahía de Jobos en Salinas ante los tribunales. Renunciar a ello es traicionar su política pública, es traicionar el país y renegar asumir una responsabilidad que a todas luces les corresponde”, indicó en ese entonces Márquez Lebrón.

Según Márquez Lebrón, ninguna de las obras realizadas en las áreas señaladas en la Bahía Jobos cuenta con permisos de construcción y su mera presencia representa un crimen ambiental que tiene que ser revertido cuanto antes.

“Resulta fundamental que las entidades gubernamentales con competencia legal para ello descarguen sus obligaciones en ley y, ante la flagrante ilegalidad de estas construcciones, se pongan a trabajar y cumplan con su deber ministerial”, insistió Márquez Lebrón

Se espera que esta semana haya una vista ejecutiva en la Comisión de Recursos Naturales para seguir atendiendo el asunto del denominado crimen ambiental en Salinas.

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