Solo hay siete vigilantes del DRNA para toda la región Sureste de Puerto Rico, según trascendió ayer en las vistas de la Cámara que investiga el caso de Bahía Jobos.

Con tan solo siete funcionarios para toda la región Sureste de Puerto Rico - desde Salinas hasta el límite de Maunabo - y una escasez de recursos, el trabajo del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) se ha visto muy limitado en los pasados años.

Este fue el reclamo del sargento Ángel Colón del Cuerpo de Vigilantes del DRNA ante la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales de la Cámara de Representantes, quien reclamó que la falta de personal y de equipo adecuado para hacer su trabajo es una problemática que enfrenta la agencia desde hace muchos tiempo.

“La última vez que tuvimos alrededor de 12 (vigilantes) fue para el 2008, por ahí. De ahí para acá se ha venido reduciendo por traslados, se han ido personas, renuncias, y se fue disminuyendo el personal del área”, explicó Colón a preguntas de NotiCel.

Hasta recientemente eran ocho vigilantes en la región Sureste, pero, ante el fallecimiento de uno de ellos en un caso investigado como un suicidio, el personal se redujo a siete.

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El sargento denunció que el número estándar de vigilantes debe ser de 15 a 20, y al presente no se llega ni a la mitad.

Asimismo, durante la vista pública de la Comisión de Recursos Naturales que investiga la Reserva Nacional Estuarina de la Bahía Jobos en Salinas, salió a relucir que llevan con los mismos chalecos de balas de hace una década.

“Wow… hace como 10 años”, dijo entre risas a la pregunta del representante Jesús Manuel Ortiz de cuándo fue la última vez que le hicieron entrega de chalecos de bala. Esto quiere decir que el personal tiene chalecos expirados, pues, la duración regular de estos equipos es de alrededor de cinco años.

Sin embargo, esta falta de personal y recurso no se la atribuye a la mala administración del Cuerpo de Vigilantes, sino a la falta de presupuesto.

“Hay falta de fondos asignados. No tiene nada que ver con quién dirija, lo que tiene que ver es con presupuesto. Se nos debe asignar un presupuesto más alto para que quien dirija el cuerpo pueda usar esos fondos para equipos para nosotros”, puntualizó Colón.

El sargento aprovechó para pedirle a la Legislatura que se les extiendan mayores recursos económicos para poder llevar a cabo su trabajo.

"Hago la petición de que necesitamos ayuda, equipo, personal, apoyo para trabajar algo tan importante y sensitivo en nuestro país y que debemos cuidar, que son nuestros recursos naturales", solicitó Colón a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes.

El sargento dijo que tiene experiencia directa con los invasores, pues desde sus inicios en el DRNA, en el 1994, ha hecho intervenciones en el lugar.

Durante la vista relató cómo en el 22 de julio de 2015 intervino con tres trabajadores que hacían excavaciones para construir una cerca dentro de los terrenos de la Reserva. Estas personas dejaron su trabajo y abandonaron el lugar, pero dos días después los encontró nuevamente y tuvo que emitir una orden verbal de cese y desista, que fue ignorada ya que, según alegaron, estaban haciendo “acciones legales en una propiedad privada”.

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Luego, el 28 de julio la exsecretaria del DRNA Carmen Guerrero y la Oficina de Asuntos Legales emitieron la orden escrita de cese y desista contra Guillermo Godreau Veguilla, Santiago Rolón Vázquez, Carlos Manuel García Alvarado, y "John Doe".

Narró que los años pasaron, continuaron las órdenes y se acumularon las multas a sobre $250,000. Sin embargo, la Oficina de Asuntos Legales del DRNA decidió transar el caso por $3,000 ya que consideraban que no tenían suficiente evidencia en contra de los imputados.

Colón señaló que la multa no detuvo la construcción, y que al presente todo continúa ahí.

Por su parte, el biólogo Milton Muñoz, quien preparó un informe cronológico de los detalles del caso, resaltó que el problema no se resuelve con la multa, sino con impedir que continúe cualquier tipo de construcción.

“La preocupación de que, al únicamente haber afrontado el caso por los daños ambientales, no solucionaba de fondo el hecho de que las personas continuaban ahí, la permanencia de estas personas en un terreno que le pertenece a la Reserva Bahía de Jobos”, reclamó el biólogo de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina.

A petición del representante Denis Márquez Lebrón, se estarán citando distintas organizaciones comunitarias para que expongan su conocimiento sobre la materia durante la próxima semana.

Las vistas continúan hoy, jueves, con la comparecencia de la directora de la Reserva Estaurina, Aixa Pabón, el Consorcio de Cayey, Coamo, Villalba y Salinas y los exsecretarios del DRNA, Rafael Machargo y Tania Vázquez. Al momento de esta publicación, Vázquez no había confirmado su comparecencia a las vistas.

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