Sin embargo, no se incoará la demanda hasta identificar a varias personas adicionales, y esto tomará "varias semanas".

Los invasores de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos de Salinas serán removidos, o al menos esto pretende hacer el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) mediante una acción civil, que aún no ha sido radicada.

"Falta la identificación de varias personas y agencias (para presentar la acción). Queremos presentar una demanda contundente que incluya la mayor cantidad de personas y que se lleven a cabo la menor cantidad de enmiendas", sostuvo la secretaria interina del DRNA, Anaís Rodríguez, ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes.

Mientras, la acción criminal está a cargo del Departamento de Justicia, quien ya ha iniciado su investigación.

"Con relación a la acción civil que el DRNA ha comenzado, informamos que hemos realizado los análisis legales necesarios para esta causa de acción. Hemos recopilado la evidencia necesaria para el pleito legal e identificado testigos y demandados. De igual forma hemos referido nuestras investigaciones y hallazgos a distintas agencias con jurisdicción, tales como la Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y el Departamento de Justicia, quien ya ha comenzado su investigación criminal sobre la posible comisión de delitos en la zona", indicó Rodríguez.

A preguntas de los legisladores, la secretaria interina del DRNA aceptó que la restauración del denominado crimen ambiental costará millones de dólares, pero es remediable.

“El daño es reversible y estamos tomando los pasos activamente y proactivamente para hacerlo. Me he reunido con los biólogos y personal científico y me han dicho que es reversible, tomará tiempo pero es reversible”, puntualizó la funcionaria.

En cuanto al gasto, dijo que sería irresponsable poner un número, "pero pasan los millones de dólares".

Pocas preguntas a alcaldesa de Salinas

Durante la vista pública estuvo presente la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, a quien se le hicieron pocas preguntas en las horas que duró el panel compuesto por ella, DRNA, LUMA Energy, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Oficina de Gerencias y Permisos (OGPe) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

El representante novoprogresista Gabriel Rodríguez Aguiló instigó a la mandataria si se deben remover a todos los residentes de la invasión, a lo que respondió que no.

“No estaría de acuerdo que personas que son residentes bona fide de la comunidad, que llevan viviendo ahí por espacio de 40 a 50 años (se les remueva)”, expuso la alcaldesa de Salinas.

Rodríguez Aguiló cuestionó si su postura fuera la misma aunque fuera en zona marítimo terrestre, a lo que la alcaldesa dijo que “sin análisis legal, y sin opción para estas personas, no estaría de acuerdo”.

AEE se distancia, OGPe "no sabía"

Mientras, el director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, se distanció de los trabajos que se han realizado - o no realizado - en la Bahía Jobos en Salinas.

“Ya la AEE no tiene jurisdicción sobre esa infraestructura. Si alguien presentó documentos falsos, esa responsabilidad es del cliente que fue a la oficina en su momento a solicitar ese servicio, y ahora la investigación determinará si ocurrió así”, planteó Colón.

Mientras, el secretario auxiliar de la OGPe, el ingeniero Gabriel Hernández, responsabilizó al municipio y al Consorcio Cayey, Coamo, Villalba y Salinas por la otorgación de los permisos. Asimismo, dijo que se enteró "por la prensa" de los permisos fraudulentos.

“La misma responsabilidad que tengo yo como OGPe la tiene el municipio y consorcio (...) esta no es una responsabilidad mía únicamente”, manifestó Hernández. “Yo me enteré de esto recientemente… cuando salió a la prensa. Nosotros no tenemos la facultad de investigar... nosotros emitimos permisos”, abundó.

Dan plazo a Nogales

En la controversial vista que duró sobre siete horas, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales, el representante Edgardo Feliciano Sánchez, le dio un plazo de 24 horas a la representante Mariana Nogales Molinelli para que presente evidencia sobre el supuesto narcotráfico con vínculos políticos en la Bahía Jobos en Salinas.

La representante objetó la solicitud del presidente, aduciendo que está fuera de su facultad.

“El presidente de la Comisión (de Recursos Naturales) no tiene facultad para hacerme una solicitud de información y por lo tanto no tendremos que entregar información”, acotó la portavoz de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

En un careo, el presidente le dijo que debe hacerlo por un deber "moral", y que tiene hasta las 10:00 a.m. de hoy, martes, para entregarlo.

Irónicamente, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael "Tatito" Hernández Montañez, hizo unas expresiones similares a la prensa, pero no se le dio un plazo para sustentar sus alegaciones.

Las vistas públicas para atender el asunto de Salinas reanudan el miércoles con la presencia del Cuerpo de Vigilantes del DRNA, el Consorcio CCVS y el Departamento de Justicia.

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