Por hacerle caso omiso a tres solicitudes de información sobre el Fondo de Mejoras Municipales.

Once representantes estarían sujetos a entregar información, so pena de desacato, sobre los trámites que realizaron para distribuir el controvertible barrilito oculto que la Legislatura del Partido Nuevo Progresista (PNP) creó en la Autoridad de Tierras (AT) a fines de la pasada administración si prospera una solicitud que el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, sometió al tribunal.

El Fondo de Mejoras Municipales (FMM) se convirtió en materia de discusión pública cuando el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, despidió fulminantemente a la directora ejecutiva de la AT, Dorally Rivera Martínez, en febrero pasado. Esto después de que la funcionaria se comunicara con la Oficina de la Contralora sobre los desembolsos en el Fondo. La Cámara había requerido información a Rivera Martínez antes de su despido, la cual no se entregó ni tampoco la entregó González Beiró, presidente de la Junta de la AT, después de la destitución. Recientemente, el funcionario refirió parte de la información al Departamento de Justicia y la Junta de Supervisión Fiscal también pidió datos sobre el FMM.

Además de realizar una auditoría, la Contralora emitió una opinión a solicitud del representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José B. Márquez, sobre que la operación del Fondo sería inconstitucional.

Mediante la Ley 173 de 2020, aprobada después de las elecciones en las que el PNP perdió el control de la Legislatura, los legisladores crearon el Fondo nutriéndolo de una fórmula con los recaudos del Impuesto sobre las Ventas y Uso que lo dotaba de unos $40 millones anuales. Cada senador y representante de distrito (lo que excluye a los de acumulación) tendría facultad de enviar una comunicación a la AT para que entregaran parte de ese dinero a personas y organizaciones de su elección. Esencialmente, la Ley 173 sacó las asignaciones de "barril de tocino" que se tienen que hacer abiertamente en la Legislatura mediante el voto de todos los miembros y la firma del Gobernador y lo convirtió en un proceso oculto de asignación directa de dinero sin necesidad de votación ni de autorización por el Gobernador.

El 7 de marzo, Hernández Montañez hizo una primera solicitud a los 40 representantes de distrito que integran la Cámara para que entregaran: 1) un desglose de todas las peticiones hechas bajo el Fondo, incluyendo una descripción detallada del propósito de cada solicitud, la identidad de la persona natural o jurídica beneficiada y los datos del contrato suscrito; 2) la divulgación de la fecha en la que la AT recibió cada solicitud, el lugar dónde se recibió y la identidad del funcionario que la recibió; 3) en aquellos casos en los cuales hubo desembolso de fondos, una expresión de la fecha de cada desembolso; 4) la divulgación de las solicitudes sometidas pero que aún se encuentran pendientes de desembolso; y 5) el desglose total de todos los fondos solicitados, especificando aquellos que se han desembolsado y los que están pendientes de desembolso.

Repitió la solicitud con un nuevo plazo para el 21 de marzo y realizó una tercera solicitud con plazo del viernes pasado, 8 de abril, ante la inacción de 11 de los 16 representantes por distrito que integran la delegación del PNP, a saber: 1) Eddie Charbonier Chinea, Yashira M. Lebrón Rodríguez, Joel Franqui Atiles, Luis Pérez Ortiz, Gabriel Rodríguez Aguiló, el expresidente cameral Carlos J. Méndez Nuñez, Juan O. Morales Rodríguez, Jorge Navarro Suárez, Ángel Morrey Noble, Víctor Parés Otero y Ángel Bulerín Ramos. Hub cinco representantes por distrito del PNP que cumplieron con la solicitud.

El documento argumenta la legalidad de la solicitud planteando la necesidad de fiscalizar el uso de fondos públicos, la capacidad que tiene un presidente legislativo para recurrir al tribunal y hacer cumplir una orden y con que el martes 5 de abril, una mayoría del cuerpo aprobó una moción de Hernández Montañez para expedir el tercer requerimiento de documentos. "En el momento en el que la moción del Presidente fue aprobada por una mayoría de los miembros del Cuerpo, la solicitud de información alcanzó el rango de un mandato investigativo de la Cámara de Representantes de Puerto Rico", plantea el escrito.

"En el caso de marras resulta relevante mencionar que 29 de los 40 representantes de distrito (un 72.5% de ellos) ha sido transparente en su manejo de asignaciones bajo el Fondo Municipal y consecuentemente han provisto la información requerida", resalta el escrito al pedir "una orden y citación contra los legisladores (mencionados) para que cumplan con el mandato del Cuerpo, so pena de desacato".

Vea:

Junta de Supervisión pide información sobre barrilito oculto creado a fines de 2020