La delegación del MVC, así como el senador independiente, José Vargas Vidot, se oponen a reglamento propuesto por la ODSEC.

La delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en Senado y Cámara, así como el senador independiente, José Vargas Vidot, mostraron oposición a la propuesta de reglamento mediante el que la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) controlaría varios aspectos del liderato de las comunidades especiales, incluyendo la elección de las Juntas Comunitarias.

Vargas Vidot, además, convocó a vistas públicas para este jueves que estará "encaminada a producir concertación en lugar de confrontación porque la base comunitaria no necesita ser fragmentada”, indicó a NotiCel en declaraciones escritas.

El Proyecto de Reglamento, que este diario digital divulgó el viernes pasado, "representaría un control indebido de las comunidades y una patente violación al modelo de autogestión y apoderamiento establecido mediante política pública", indica la carta de los senadores Ana Irma Rivera Lassén, Rafael Bernabe Riefkohl, Vargas Vidot y los representantes Mariana Nogales Molinelli y José Bernardo Márquez.

Además, indican a la directora ejecutiva de la ODSEC, Thais Reyes Serrano, que "contradice la política pública a favor de la autogestión y el apoderamiento comunitario, tiene disposiciones que afectan el derecho a las libertades de expresión y de asociación, trastoca innecesariamente las Juntas Comunitarias existentes e impone requisitos más onerosos a la comunidades que las leyes ya existentes".

“El respeto y apoyo a las comunidades, a su organización y autonomía es la clave para la fortaleza de las mismas. Fueron y son las comunidades la primera respuesta en momentos de emergencia. Las comunidades fuertes nos hacen un pueblo más fuerte y unido. Cualquier intento de acallar sus voces no puede ser aceptable y menos de parte de la agencia encargada de apoyarlas”, dijo aparte Rivera Lassén.

Por su parte, Márquez señaló, en apoyo a la intervención legislativa, que el reglamento propuesto "tiene numerosas deficiencias a nivel legal y democrático, pero lo más preocupante es el micromanejo que pretende sobre las juntas comunitarias".

Reyes Serrano ha dicho que la propuesta reglamentaria responde a que "nunca se había establecido mediante reglamento el proceso para establecer una junta comunitaria" y que la intención es proveer "reglas de juego básicas" y "crear uniformidad, transparencia y democracia".

Varios líderes comunitarios ya se han expresado en contra de la propuesta, incluyendo la presidenta del G-8 (que agrupa a las comunidades aledañas al Caño Martín Peña), Lucy Crespo, quien señaló que "muchas comunidades en Puerto Rico hemos asumido procesos de organización comunitaria como estrategia de bienestar y responsabilidad social que han resultado en grandes logros".

"Lo construimos desde nuestras realidades y contextos particulares, siempre bajo el principio de una participación ciudadana real y efectiva. Con nuestro trabajo voluntario, hemos sacrificado a nuestras familias para alcanzar metas y objetivos en común para el beneficio de quienes vivimos en un mismo espacio geográfico", argumentó.

El G-8 pidió a la ODSEC divulgar quiénes participaron de la redacción del borrador, la apertura de vistas públicas sobre el tema y que el propósito sea producir un conjunto de guías para el liderato comunitario, en vez de un reglamento vinculante.

En la carta de los legisladores, se resaltan como fallas o elementos preocupantes:

-Que el proyecto violenta la política pública de un trato facilitador, y no "paternalista", hacia las comunidades al limitar "las facultades de las comunidades especiales para organizarse y tomar decisiones".

-La autoridad que le da a la ODSEC para ser los que coordinan y llevan a cabo la elección del liderato comunitario y para aprobar los reglamentos que generen las Juntas Comunitarias, lo que sería "un mecanismo de control y potencial politización de las juntas comunitarias".

-Las limitaciones de término y de otro tipo que le pone a los que pueden ser integrantes de las juntas, y el hecho de que aplicarían de manera retroactiva, con el potencial de dejar inoperantes juntas actualmente constituidas.

-La prohibición que le pone a la presidencia de las juntas de "asumir posición alguna en hechos controversiales o decisiones que afecten sustancialmente la comunidad sin la autorización de la Junta Directiva o cuando la Junta así lo requiera en consulta con la Organización de Residentes en Asamblea".

-Limitaciones a la definición de lo que es un "residente bonafide" de una comunidad especial que no están en la ley.

Para ver la carta, pulse aquí.

Vea:

Administración Pierluisi quiere asumir control de la elección de líderes comunitarios