Durante vistas públicas, se discute hasta dónde pueden cobrar los bonistas y qué pasaría si se impone un síndico en la corporación pública.

La mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, que ya la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) excluyó de las negociaciones nuevas con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), entiende que estos bonistas solo tienen derecho a cobrar hasta lo que había en caja cuando se declaró la quiebra de la corporación pública y no mediante una tajada de la facturación actual.

La teoría surgió ayer durante una vista pública con el director ejecutivo de la AEE, Josué Colón Ortiz, y el presidente de su Junta de Gobierno, Fernando Gil Enseñat, como parte de la Resolución 563, de la autoría del popular José Rivera Madera y el novoprogresista Jorge Navarro Suárez, que investiga las finanzas de la corporación pública.

El coautor Rivera Madera fue el que planteó que el fideicomiso con los acreedores de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) es "idéntico" al fideicomiso con los acreedores de la AEE y que ya la jueza de quiebras determinó que los acreedores de la ACT no podían ir contra los ingresos actuales de los peajes sino solo contra lo que había en caja de la corporación pública cuando se radicó la quiebra en 2017.

"Esa es la posición de la Legislatura sobre el asunto", subrayó.

El legislador aludió a una decisión de la jueza Swain en 2020 relacionada a la reclamación de los bonistas de la ACT de cobrar su deuda no solo de los ingresos de peajes sino de los ingresos de otros impuestos que el gobierno tiene para el beneficio de la ACT, como los de cigarrillos, combustibles y otros. Allí se decidió que los bonistas no tienen capacidad para cobrar de esos otros impuestos, pero quedó protegida su capacidad para cobrar por los ingresos de peajes, incluso los ingresos futuros. esto es distinto al cuadro en la AEE, donde la fuente de repago para bonistas está específicamente asignada a los ingresos de la corporación pública, los cuales solo vienen de la factura por venta de energía.

Colón Ortiz enfatizó este punto al recordar que el acuerdo con bonistas obliga a la AEE a mantener suficiente flujo de ingresos para pagarles. Por tanto, si la negociación actual para llegar a un acuerdo de reestructuración consensuado falla y los bonistas recurren a la opción de pedir la imposición de un síndico, el mismo tendría la misión de mantener a la autoridad operando específicamente en función de poder conseguir suficiente dinero para pagar la deuda. "Si entra un síndico es para, primero, mantener operando a la autoridad como una empresa que vende energía", apuntó.

El actual director ejecutivo defendió que la AEE tiene conciencia desde los años 90 de que tiene que reducir su dependencia en combustibles fósiles y que por eso hoy hay plantas que generan con carbón y con gas natural y que son las de menor costo. Para el ejecutivo, la insolvencia de la corporación pública ocurrió por la cantidad de ingresos que dejó de tener con la reducción en actividad industrial que ocurrió como consecuencia de la eliminación de los créditos contributivos federales bajo la Sección 936.

Hace 15 años, señaló Colón Ortiz, el pico de demanda fue 3,600 megavatios y ahora la demanda es de 500 megavatios menos.

También, porque la tarifa básica se mantuvo congelada desde 1989 hasta 2009 y porque proyectos que buscaban seguir bajando costos, como el Gasoducto del Sur y Vía Verde, se detuvieron por oposición pública y política.

La deuda pendiente de reestructuración se compone de $8,508 millones en bonos, $4,600 millones en pensiones, $696 millones en líneas de crédito para compra de combustible y $2,000 millones por otro tipo de deuda. Sin embargo, el preacuerdo de reestructuración que había con los bonistas, y que se acaba de cancelar para negociar un acuerdo nuevo, solo abarcaba la deuda de bonos. De la deuda de bonos, $2,226 millones se encuentra asegurada (por National Public Finance Guarantee Corp., Assured Guaranty Corp. y Syncora Guarantee, Inc.) y $6,282 millones no está asegurada.

Debido a que la única forma de ingresos es la factura, Colón Ortiz defendió continuar con la gasificación de plantas generadoras como una medida para abaratar costos en lo que ocurre la transición a fuentes de energía renovables.

El director ejecutivo explicó que la meta de renovables es producir 3,700 megavatios de esas fuentes y tener capacidad de almacenar 1,500 megavatios mediante baterías. En su primera etapa, inyectaría 1,000 megavatios de generación y 500 megavatios de almacenamiento.