Buscan que el Contralor tenga participación directa en transiciones gubernamentales
La Comisión de Gobierno de la Cámara rindió un informe positivo a la medida.
La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes rindió un informe positivo al Proyecto del Senado 216, que busca que la Oficina del Contralor tenga una participación directa y activa al momento de la transición de administración gubernamental.
En la votación de la comisión, la medida recibió 11 votos a favor y una abstención.
En esencia, la pieza persigue que se fomente un proceso de transición amplio y ordenado para evitar señalamientos de corrupción gubernamental. Para esto precisamente buscan colocar a la figura de la Oficina del Contralor como una central en el proceso.
"Debido a las funciones de alto interés público que la Constitución y la ley le brindan a la Oficina del Contralor(a), es importante que dicho funcionario se encuentre presente en todas las etapas de los procesos de transición para ir auscultando los ingresos, cuentas, desembolsos y todo tipo de transacciones de la administración saliente que salgan a relucir en el proceso de transición", dice la exposición de motivos de la pieza.
Por lo tanto, de aprobarse esta medida, la Oficina del Contralor estaría investigando y procesando acciones u omisiones que no vayan de acorde a la ley desde el proceso de transición.
La pieza legislativa contempla que el Contralor estará presente en los procesos de transición del Gobierno a los fines de ejercer sus funciones fiscalizadoras e investigativas. De igual manera, se limitará a la obtención, estudio e investigación de la información obtenida y no llevará a cabo ninguna pregunta o interrogatorio durante la vista de transición. Al finalizar los procesos, el Contralor hará un informe, que mantendrá confidencial y para su uso interno, de los hallazgos surgidos en el proceso de transición, si alguno, y podrá iniciar una investigación o auditoría más detallada para cumplir con sus deberes constitucionales y estatutarios.
La medida, de la autoría de los senadores Ramón Ruiz Nieves y Javier Aponte Dalmau, fue aprobada en la Cámara Alta con 22 votos a favor y tres en contra.
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