Proyecto extiende a desarrolladores privados la exención contributiva de la que disfruta la Oficina de Administración de Tribunales.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, presentó un proyecto que daría exención contributiva retroactiva a las empresas que construyeron edificios para la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT) alrededor de la isla y que ahora son caseros que le alquilan esas propiedades al Poder Judicial.

El Proyecto de la Cámara 1208 fue derrotado 30 a 18 en la sesión del lunes, pero quedó sobre la mesa y la información que se maneja en ese cuerpo legislativo es que se solicitará su reconsideración en la sesión de la semana que viene.

De aprobarse, la medida añadiría nuevas controversias a transacciones que, de por sí, ya han sido objeto de escrutinio público, demandas e informes de la contraloría que las cuestionan debido a los términos extremadamente favorecedores para los desarrolladores.

Hernández Montañez presentó la medida el 10 de febrero, la Comisión de Hacienda y Presupuesto del representante Jesús F. Santa Rodríguez celebró vista el 15 de marzo con la comparecencia única de la OAT quien, a través del juez administrador Sigfrido Steidel Figueroa. La posición fue de manos afuera porque "toda vez que el Poder Judicial tiene por norma general abstenerse de emitir juicio respecto a asuntos de política pública gubernamental cuya determinación corresponde a los otros poderes gubernamentales, la Administración no se expresará en cuánto a los méritos de la medida legislativa". El día después se emitió un informe a favor.

Entre las entidades a las que no se le pidió opinión están los directamente más afectados, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y los alcaldes, quienes no solamente pierden la contribución sobre la propiedad que generan esas propiedades, sino que tendrían que devolverle dinero a los desarrolladores o reconocerles un crédito correspondiente a los impuestos retroactivos, porque la medida los elimina a partir del 2001.

Para Santa Rodríguez, no era necesario contar con el CRIM porque dijo que esa entidad no recibe impuestos por concepto de esas propiedades al día de hoy. "Parto de la premisa de que hoy no están pagando CRIM, hoy ninguno de esos edificios está pagando CRIM", afirmó.

Sin embargo, el director de la División Legal del CRIM, Alexis Acevedo Colón, dijo a preguntas de NotiCel que "los edificios que albergan Centros Judiciales alrededor de la Isla pagan contribuciones sobre la propiedad, mientras éstos pertenezcan a dueños privados y reciban paga por concepto de arrendamiento o cualquier otro mecanismo de compraventa". No especificó sobre deudas particulares pero indicó que "algunas (de las corporaciones dueñas de edificios) presentan deudas en los registros que podrían sobrepasar el millón de dólares". Los edificios propiedad del gobierno o la OAT están exentos o exonerados, según las leyes que aplican.

Los contratos de alquiler de tribunales que NotiCel revisó dicen que es el desarrollador el que tiene la responsabilidad de pagar las contribuciones sobre la propiedad, pero no dicen que no las estén pagando o que no tienen que pagarla. Santa Rodríguez añadió que lo que conversó con el presidente cameral sobre el proyecto, y su propia indagación, es que las enmiendas van a que se cobre impuesto sobre la propiedad en caso de que los desarrolladores le alquilen algún espacio a un tercero, pero la medida no habla de exenciones en circunstancias particulares, sino de eximir totalmente del pago de impuestos y hasta de borrar deuda. El legislador aseguró también que no se ha reunido con los desarrolladores de estas propiedades.

En la sesión del lunes, el representante novoprogresista Gabriel Rodríguez Aguiló consumió un turno en contra de la medida para catalogarla como una "cortina de humo" porque supuestamente es para aclarar unas facultades del director de la OAT y el Juez Presidente, peor realmente es un rescate económico para los desarrolladores.

Originalmente, la Ley 345 de 2000 reconocía la exención contributiva que tendría la OAT al construir y mantener sus propiedades, pero la medida extiende esa exención a "los titulares registrales de propiedades bajo arrendamiento con opción a compra a favor de la Rama Judicial o arrendamientos mediante los cuales la Rama Judicial tenga cualquier derecho preferente a presentar una oferta de compra". Añade que la exención va a contar desde 2001, sin importar si la OAT se queda o no se queda con la estructura al final del arrendamiento. "Cualquier contribución tasada que aparezca en los libros del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales que derive de la imposición contributiva a una propiedad exenta bajo esta ley, será nula e incobrable y deberá ser borrada de dichos libros", mandata también.

Al argumentar que el proyecto está "hecho a la medida", Rodríguez Aguiló dijo que tenía una consulta legal que hizo un desarrollador que tiene edificio alquilado al Poder Judicial en Mayagüez y que el resultado de la consulta se encuentra literalmente plasmado en el proyecto. "La información que yo tengo fidedigna es que hay una corporación que está en problemas de deudas y con este proyecto se le limpia su deuda, y los que ya pagaron que le aplica esta legislación tendrían un crédito con el CRIM o tienen que devolverle el dinero, porque es retroactivo", añadió.

Los expedientes corporativos reflejan que al menos tres de las empresas que construyeron y alquilan espacio a tribunales están relacionadas entre sí. El Centro Judicial de Mayagüez fue desarrollado bajo un contrato de construcción y alquiler por 30 años suscrito en 2002 con un canon de arrendamiento mensual por $6.7 millones y al final del cual la OAT se obliga a comprar la estructura por $1. La empresa que lo desarrolló es West Coast Development Corporation. La empresa comparte oficiales con Ramhil Developers, quienes desarrollaron el Centro Judicial de Caguas bajo un acuerdo similar suscrito en 2011 con un pago de alquiler mensual de casi $1.5 millones. Los oficiales que comparten estas empresas también aparecen en Vicar Builder's Developers Corp., quienes desarrollaron y alquilan a al OAT en plazos de cinco años con renta de $277,278 mensuales el edificio que alberga el Tribunal de Menores y Familia en Bayamón.

En 2019 la Contraloría emitió un informe en que calificó de excesivo el pago de renta que contenía el contrato de Ramhil para el tribunal de Caguas y criticó los términos del mismo.

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