En vista pública de la Comisión de Asuntos Laborales que atiende una medida para asegurar las pensiones.

El director legal de la Junta de Retiro del Gobierno, Nelson Vélez Colón, dijo ayer que el Proyecto de la Cámara 1111, que busca atender el retiro digno de los funcionarios de gobierno, particularmente la Policía, es una pieza innecesaria, ya que ese retiro está asegurado.

La medida fue atendida ayer en la vista pública de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes. El presidente de la comisión, Domingo Torres García, cuestionó si el retiro de los policías estaría asegurado aún si se retirara la pieza legislativa.

“Podemos estar tranquilos todos, y eso lo asegura el Plan de Ajuste de la Deuda certificado”, reiteró Colón.

Por su parte, el autor de la medida, Jorge Alfredo Rivera Segarra, se mostró satisfecho con el hecho de que su pieza haya incidido en que la Junta de Supervisión Fiscal tomara cartas sobre el asunto.

“Radiqué este proyecto el 6 de diciembre y la Junta se sentó a discutir el asunto el 21 de diciembre. Si nosotros no hubiéramos traído el tema a la discusión pública sobre los 6,200 policías que estaban en un limbo sobre su retiro, tal vez el ejecutivo no hacía nada”, resaltó Rivera Segarra.

Según el director legal de la Junta de Retiro del Gobierno, el 21 de diciembre la JSF instó una demanda ante el Tribunal Federal de Distrito para evitar la implementación de varias leyes de retiro, específicamente las Leyes 80, 81 y 82.

Por consiguiente, el 28 de diciembre de 2021 se presentó una estipulación entre el Gobierno y la JSF ante la jueza Laura Taylor Swain para que las partes llegaran a un acuerdo que proporcionara mayores beneficios de retiro a los miembros de la Policía que fueran consistentes con el Plan Fiscal certificado y el Plan de Ajuste.

La Junta anunció el Plan Fiscal revisado y certificado el pasado 27 de enero de 2022.

“El Plan Fiscal incluyó un Plan de Retiro Digno para los miembros de la Policías activos bajo la Ley 447 y la Ley 1, que designa alrededor de $850 millones de dólares, durante los próximos 15 años, para brindarles mayores beneficios en su plan de retiro”, expuso Vélez Colón.

Así las cosas, la Junta de Retiro del Gobierno no endosó la medida, planteando que no es jurídicamente posible realizar enmienda alguna a la Ley 81, toda vez que fue invalidada por el Tribunal Federal de Distrito.

Mientras, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), a pesar de reconocer su fin loable, adujo a que, en cuanto a la implementación de un programa de retiro incentivado basado en lo que se indica en la Ley 80-2020, las negociaciones continúan y se le solicitó un término hasta el 11 de junio de 2022 al Tribunal Federal.

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