El informe del DIPAC concluyó que existe causa suficiente para creer que Nogales Molinelli incurrió en el delito de perjurio.

El Departamento de Justicia (DJ) recomendó a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que asigne a un fiscal independiente para que investigue y presente cargos criminales a la la representante por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana A. Nogales Molinelli, por fallas relativas a sus informes éticos y el manejo de propiedades de alquiler turístico bajo su control.

El informe de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del DJ concluyó que existe causa suficiente para creer que Nogales Molinelli incurrió en el delito de perjurio (Artículo 269 del Código Penal) al omitir que ocupaba puestos en varias corporaciones, tales como, presidenta, tesorera, secretaria y agente residente, según comunicado de Justicia.

Además, omitió incluir los ingresos generados por concepto de alquiler de una propiedad inmueble que le pertenece y, sobre esta propiedad, infringió también el artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación (Ley Núm. 272-2003), por no remitir a la Compañía de Turismo el impuesto sobre el canon por ocupación de habitación del inmueble, ubicado en Palmas del Mar en Humacao, que tenía destinado al arrendamiento a corto plazo. La vertiente del impago de este impuesto no había sido materia de discusión hasta ahora.

La investigación del DJ recogida en el informe de 52 páginas es resultado de querellas que sometieron entre septiembre y octubre de 2021 el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis A. Pérez Vargas, y de los senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz y Gregorio B. Matías Rosario. Rivera Schatz había señalado también que la representante tenía una deuda de $200,000 en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, pero la misma no se menciona en el referido de Justicia.

“En el Departamento de Justicia continuamos investigando de forma rigurosa, justa y sin distinción de persona las actuaciones de los funcionarios públicos referidas a nuestra atención. Conforme a la función que ejercemos, reiteramos nuestro compromiso con el pueblo puertorriqueño de tomar las acciones y medidas correspondientes para velar y garantizar el fiel cumplimiento de las leyes”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

La discusión pública sobre las propiedades de la representante comenzó en septiembre pasado, cuando se señaló que figura como dueña de apartamentos en Palmas del Mar. Al examinarse el expediente corporativo de la empresa Ocean Front Villas Corporation (OFVC), la representante aparecía como directora y oficial ejecutiva desde sus inicios, aunque eso no estuvo incluido en los informes financieros y éticos que sometió cuando resultó electa a su cargo legislativo.

Nogales Molinelli lo excusó como una inadvertencia de su parte y dijo que su madre, una agente de bienes raíces especializada en ese complejo turístico de Humacao, era la encargada del negocio y de recibir las rentas de dos apartamentos que aparecen como "inversiones" en los informes de la representante.

La representante refirió sus informes a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes para que adjudicaran su alegación de que fueron omisiones inadvertidas y en diciembre pasado, ese cuerpo legislativo aprobó que se le sancionará con reprimenda pública y una multa de $2,000.

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