Mientras que el Presidente de la Cámara le ha dado el beneficio de la duda a su asesor sobre violaciones éticas, hay delitos que pueden aplicar a los hechos.

El asesor legislativo Obed Rojas Hoffman, quien ha trabajado tanto para legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) como del Partido Popular Democrático (PPD) pudo haber cometido delito cuando el martes en la noche, en el hemiciclo y durante la votación de una medida, amenazó a una representante con que su voto tendría consecuencias sobre una querella ética que pesa en su contra.

Las consecuencias de la intervención de Rojas Hoffman con la representante PNP Wanda del Valle Correa incluyeron atender a ésta y a otras dos representantes en enfermería del cuerpo legislativo y dar por terminada la sesión sin que se pudiera llevar a cabo la ratificación de la votación de las medidas presentadas.

El episodio produjo una querella pero ayer no se pudo confirmar si la misma había concluido.

Sin embargo, hay por lo menos tres disposiciones del Código Penal que podrían aplicar a los hechos. El Artículo 177 sobre amenazas define como delito grave el amenazar a alguien con causarle a su "honor"; el Artículo 245 sobre empleo de violencia contra autoridad pública dispone reclusión de tres años por "impedir a cualquier funcionario o empleado público en el cumplimiento o al tratar de cumplir alguna de las obligaciones de su cargo"; mientras que el Artículo 246 sobre obstrucción a la autoridad pública define como delito menos grave el "impedir a cualquier funcionario o empleado público en el cumplimiento o al tratar de cumplir alguna de las obligaciones de su cargo".

La Constitución del Estado Libre Asociado concede inmunidad parlamentaria por los "votos y expresiones en una u otra cámara o en cualquiera de sus comisiones", pero es solo a los legisladores electos y no se extiende a su personal o contratistas.

Según se nota en un vídeo que circuló en redes sociales, así como en un relato del representante penepé, Juan Oscar Morales, después de la aprobación a viva voz del Proyecto de la Cámara 1135 que elimina la concesión de escoltas a los exgobernadores, así como la discreción del Secretario de Seguridad Pública para conceder escolta a funcionarios, Rojas Hoffman se le acercó a Del Valle y la increpó señalándola con el dedo sobre que si no votaba a favor de la medida en el turno de ratificación, tendría consecuencias en su querella ética pendiente.

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Cuando Morales lo escuchó y giró en dirección al escaño de Del Valle, el asesor por contrato entonces se dirigió a él y le dijo que le dijera al expresidente cameral, y portavoz del PNP en el cuerpo, Carlos Méndez Núñez, que si la representante no votaba a favor de la medida, habría consecuencias para ella en la querella. La representante entonces se desmayó y los representantes Lourdes Ramos y Ángel Bulerín también tuvieron que ser atendidos por personal de enfermería y paramédico.

Rojas Hoffman no contestó ayer solicitudes de entrevista de parte de este diario digital.

La querella contra Del Valle es por no radicar a tiempo su informe de Toma de Posesión ante la Oficina de Ética Gubernamental. Ya la querella produjo un informe, aprobado en la Comisión de Ética, para que el castigo a la legisladora se limitara a una reprimenda pública. Pero todavía el pleno de la Cámara no ha votado sobre el informe, por lo que hay la posibilidad de que muera si recibe voto mayoritario en contra. La defensa de la representante fue que fue una omisión resultado de un error de su parte, sin intención de evadir la obligación de radicarlo.

Rojas Hoffman tiene dos contratos vigentes con la Cámara hasta junio de 2022, uno por $58,000 y otro por $29,700. Hasta el viernes pasado, tenía vigente un contrato con el Municipio de Cataño por $24,300 que le fue extendido cuando era alcalde el convicto federal por corrupción, Félix Delgado Montalvo para asesorar en asuntos federales y ser vínculo del municipio con agencias federales tanto en la isla como en Washington DC. En la Cámara, presta servicios para Presidencia y las oficinas de los representantes populares Luis "Narmito" Ortiz Lugo y Edgardo Feliciano Sánchez.

Inicialmente, Hernández Montañez dijo, sin mencionarlo por nombre, que la conducta de Rojas en el hemiciclo fue "inaceptable y va en contra de todos y cada uno de los principios y comportamiento de decoro que estamos todos llamados a seguir en la Cámara". Concretamente, pidió a la Oficina de Capital Humano que rindiera un informe en 10 días y, mientras esté pendiente eso, Rojas Hoffman perdió acceso al hemiciclo, vistas públicas, ejecutivas y oculares.

Pero ayer, el presidente cameral dijo recogió velas y dijo que “mi interpretación del reglamento (de la Comisión de Ética) establece claramente que son los funcionarios electos y las personas que tienen posiciones directivas", excluyendo así a contratistas como Rojas Hoffman, aunque dejó abierta la posibilidad de considerar cualquier planteamiento que se haga. El representante Morales, quien dijo radicaría una querella ética, dijo ayer a NotiCel que todavía evaluaba la jurisdicción que la comisión tendría sobre los contratistas. El Código de Ética de la Cámara coloca claramente a los contratistas bajo la definición de "empleado", pero solo obliga a los empleados a reconocer que "la dignidad del ser humano es inviolable", por lo que ek ambiente de trabajo debe ser libre de discrimen, así como que deben mantener "un ambiente de trabajo libre de hostigamiento sexual y acoso laboral".

Hernández Montañez no abordó cómo las expresiones de Rojas Hoffman sobre el decidir sanciones éticas a raíz de cómo votara la representante en otras medidas provoca sospecha sobre la integridad del proceso disciplinario del cuerpo. Una fuente legislativa indicó que el trabajo de asesoría de Rojas Hoffman este cuatrienio se ha caracterizado por los estilos de mano dura y presión que desplegó en el episodio de Del Valle y que son órdenes que cumple desde la misma presidencia.

El presidente cameral también dejó en manos de De Valle el expresar si realmente se sintió amenazada por las palabras del contratista. Incluso, intentó justificar el desmayo de la representante diciendo que “estaba bien sentida con la querella”.

El consultor comenzó su trabajo público en 2007 como asistente del director de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) e incluye trabajo en los departamentos de Transportación y Obras Públicas y de Corrección y Rehabilitación, la oficina de la comisionada residente Jenniffer Aydín González Colón, la Administración de Asuntos Federales, el Senado y la Cámara. En el lado privado, mantiene activa la corporación All Access Advisors, Inc.

En el 2017, el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares lo designó como subcontralor electoral y recibió el voto a favor en la Cámara bajo el liderato de Méndez Núñez, pero con la oposición de la delegación del Partido Popular Democrático, cuya Junta de Gobierno y entonces presidente, Héctor Ferrer, se habían expresado en contra de la designación. Luego, el Senado colgó el nombramiento de forma unánime.

Vea:

Según interpretación del Presidente cameral, el Código de Ética no aplica a contratistas