El Tribunal Federal lo dejó sin efecto a petición de la Junta de Supervisión Fiscal por no ser compatible con el Plan Fiscal.

Varias agencias gubernamentales objetaron ayer jueves una medida legislativa que, entre otras cosas propone enmendar una Ley que fue anulada y dejada sin efecto por el Tribunal Federal.

La Legislación en cuestión propone enmendar la Ley 80 de 2020, conocida como la “Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos".

Sin embargo, esa ley fue anulada en diciembre pasado a petición de la Junta de Supervisión Fiscal por no ser compatible con el Plan Fiscal.

El Proyecto de la Cámara 1035, presentado por los representantes Domingo Torres García y Jesús Manuel Ortiz González, propone que se enmiende dicho estatuto anulado y la Ley Administración de Seguros de Salud (Ley 72-1993) para incluir a los trabajadores que se acojan a dicho retiro incentivado y que padezcan de alguna enfermedad crónica, como beneficiarios del Plan de Salud del gobierno.

Una de las agencias que presentó objeciones al proyecto en una vista pública de la Comisión de Asuntos Laborales fue la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) que de salida señaló que no puede avalar la medida, pues no es posible realizar enmienda alguna a la Ley 80.

Nelson Vélez Colón, director legal de la agencia, expresó sin embargo, que como parte de las alternativas que se estén discutiendo con la JSF para la implementación de un programa de retiro incentivado, ASR podrá considerar incluir la elegibilidad de aquellos empleados que alcancen ciertos años de servicio en el sistema, y que padezcan de alguna enfermedad crónica, sujeto a que se considere el impacto fiscal de tal integración.

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También mostró reparos la Administración de Seguros de Salud (ASES). Su director ejecutivo, Jorge Galva, indicó que es necesario realizar un estudio que permita estimar los costos de la propuesta.

Entre estos mencionó cuántos empleados serán elegibles para acogerse a ese tipo de retiro; cuántos de ellos padecen de condiciones críticas, cuáles son esas condiciones; y el costo aproximado del tratamiento de estas.

Otra agencia con reservas con la medida es la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), cuyo director, Juan Carlos Blanco sostuvo en ponencia escrita, leída en la audiencia pública por un ayudante, que “entendemos que la Ley-80-200 quedó derogada y no está sujeta a enmiendas adicionales.

''Observamos que la enmienda propuesta igual tiene un impacto presupuestario que no podemos cuantificar, toda vez que no se identifican fuentes de fondos para sufragar la inclusión de este grupo al Plan de Salud”, agregó.