La Resolución de la Cámara 557 fue aprobada en la tercera sesión ordinaria el pasado martes.

Tras los continuos aumentos en la factura de luz, la Cámara de Representantes aprobó la Resolución de la Cámara 557 con el propósito de investigar el funcionamiento del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).

"Esto (el aumento en la tarifa) es una carga innecesaria para nuestros ciudadanos que vienen enfrentado tiempos difíciles y crisis fiscales, siendo la más reciente la pandemia del covid-19, para la cual el gobierno ha ordenado prórrogas en los pagos, mientras que por el otro lado, el NEPR aprueba aumentos", establece la exposición de motivos de la medida.

La más reciente acción por parte del NEPR establece un alza de 16.8%, o 3.67 centavos por kilovatio hora (kWh), que aplicará a la tarifa energética durante el primer trimestre del 2022. Este aumento, anunciado el pasado 30 de diciembre, fue solicitado por LUMA Energy como parte de los ajustes trimestrales por compra de combustible y energía.

De igual manera, la empresa a cargo del sistema de transmisión y distribución de la energía eléctrica solicitó un incremento de 16.14% que fue aprobado para el último trimestre del 2021, lo que para el autor de la medida, el representante José "Cheito" Rivera Madera, representa un patrón de “aumentos abusivos e innecesarios”.

“Es importante que entendamos todos, que en Puerto Rico vivir cada día es más caro… Lo triste es que a quienes le aumentamos el salario mínimo hace poco se lo están sacando por otro lado ahora con el pago de la luz. ¿Hasta cuándo y bajo qué premisa el Negociado de Energía va a continuar permitiendo que se abuse del consumidor puertorriqueño?”, cuestionó Rivera Madera.

Con la aprobación de este proyecto, la Cámara de Representantes investigará el funcionamiento y la efectividad del NEPR y la aprobación de continuos aumentos a la factura de energía eléctrica, solicitados en primera instancia por la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y luego por LUMA Energy.

La Comisión sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, en un término no mayor de 90 días luego de aprobada esta Resolución o antes de que finalice la Séptima Sesión Ordinaria de la Decimonovena Asamblea Legislativa.

La sesión ordinaria retomará sus labores el próximo martes, 8 de febrero.

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