Referirán a representante Lisie Burgos a la Comisión de Ética
Por el escándalo de su exjefa de personal, Janise Santiago, quien realizó una graduación de su colegio utilizando recursos de la Cámara.
La representante Lisie Burgos Muñiz, de Proyecto Dignidad, será referida a la Comisión de Ética tras denuncias de que su exdirectora de oficina, Janise Santiago Ramos, utilizó fondos de la Cámara para la celebración de una graduación de un colegio que era dueña.
El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael ‘’Tatito’’ Hernández, quien aún se encuentra en España luego de arrojar positivo a covid-19 la semana pasada, cursó una carta a Burgos Muñiz en la que le notificó el referido para determinar si su supervisión en el asunto fue “deficiente, inadecuada o contraria al interés público''.
“Reconozco que este evento ha lacerado la confianza del Pueblo en el ente más representativo del esquema constitucional puertorriqueño. Por esta razón, le informo que, tan pronto arribe a la isla y cumpliendo con la reglamentación pertinente, le estaré remitiendo una comunicación a la Comisión de Ética, acompañado del informe preparado por la Oficina de Capital Humano, para que se configure una queja”, sostiene Hernández Montañez en la misiva.
“Este cuerpo colegiado deberá determinar si sus acciones u omisiones constituyen una violación a los incisos (a), (d), (j) e (y) de la Sección 4 de esta normativa y las sanciones que correspondan en derecho”, agregó el presidente cameral.
Santiago Ramos renunció el pasado jueves a su cargo de directora de la oficina de la representante Burgos Muñiz tras salir a la luz pública que la Cámara de Representantes asignó recursos para la graduación de una escuela de la cual Santiago Ramos era dueña.
En la carta dirigida a la representante, el presidente cameral subrayó que, debido a su renuncia, la Comisión de Ética ya no tiene jurisdicción para investigar a la exdirectora.
Además, Hernández Montañez señaló que según confirmó el Administrador de la Cámara Baja, Manuel Díaz Espino, no hubo pérdida de fondos públicos “dado a que los servicios a estudiantes y sus padres, ya se encuentran presupuestados dentro de los gastos ordinarios de este Cuerpo Legislativo” y tampoco existe prueba de que Santiago Ramos haya incurrido en la comisión de algún delito.
Vea aquí el documento: